Comisiones Obreras y UGT han cerrado el 11 de noviembre como fecha de la primera huelga general que convocan desde 2012, atendiendo así la propuesta del movimiento por la vivienda. La jornada llegará a las puertas de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, una coincidencia que el PSOE intenta leer como reproche a la oposición y que los sindicatos de inquilinas rechazan, mientras la patronal cuestiona su constitucionalidad.
El movimiento por la vivienda ha conseguido lo que llevaba semanas reclamando. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han pactado entre sí que la huelga general se celebre el 11 de noviembre, la fecha que propone la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La concreción definitiva debía salir de la reunión que las organizaciones mantenían en la tarde de este miércoles, abierta también al resto de colectivos y centrales que quieran sumarse a la convocatoria.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se adelantó a ese encuentro en una entrevista en TVE. «Vamos a sumarnos al día 11», afirmó, antes de precisar que la fecha ya está cerrada con CCOO y que solo faltaba concretarla con los sindicatos de inquilinas. Álvarez habló de huelga general y, sobre todo, de «una jornada de lucha», una doble denominación que deja abierta la forma final que adoptará la movilización. Será, en cualquier caso, la primera huelga general de los sindicatos mayoritarios desde noviembre de 2012.
Empuje desde abajo
La convocatoria no nació en las sedes de las grandes centrales. Durante semanas, los sindicatos de inquilinas presionaron a CCOO y UGT para que activaran un instrumento que no habían utilizado en las dos legislaturas de Pedro Sánchez. Ni siquiera la escalada de precios que siguió a la guerra de Ucrania, con la inflación disparada, llevó a las centrales mayoritarias a plantear una huelga general. En ese tiempo, solo los sindicatos minoritarios la convocaron, el 15 de octubre de 2025, en solidaridad con Palestina.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alícia del Río, lo dejó claro ante el Congreso, donde decenas de personas se concentraron para presionar en favor de los decretos de vivienda. «No pararemos hasta que consigamos el derecho a la vivienda», advirtió, al tiempo que señalaba la huelga general como el único camino posible. El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, Enric Aragonès, defendió la misma salida ante la sede de Junts. La insistencia ha terminado por vencer las reticencias iniciales de las centrales.
Una huelga a las puertas de las urnas
El calendario añade una dimensión política inevitable. La huelga llegará a las puertas de la campaña electoral, con Sánchez todavía al frente del Gobierno pero inmerso en la carrera hacia las generales del 29 de noviembre. Fuentes sindicales ya habían reconocido semanas atrás que una huelga general en ese contexto podía generar «confusión» sobre su destinatario. Esa duda explica en buena medida la cautela con la que CCOO y UGT recibieron las primeras peticiones del movimiento de vivienda.
Desde el PSOE pretenden que la jornada funcione como un reproche a la oposición. El movimiento de vivienda rechaza esa lectura y no quiere que su principal herramienta de presión acabe convertida en munición electoral. Álvarez, por su parte, ha repartido responsabilidades. Señaló a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos como administraciones competentes en materia de vivienda, y al Gobierno central en la medida en que le corresponde legislar. En su planteamiento, la movilización debe interpelar a todos los responsables del problema.
La patronal, en el punto de mira
El recién reelegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto en duda la constitucionalidad de la convocatoria. Los sindicatos responden vinculando el conflicto con los salarios, porque el precio de la vivienda determina qué parte del sueldo queda realmente disponible. «La huelga es absolutamente constitucional», replicó Álvarez, quien recordó que en España se han celebrado muchísimas huelgas sin que ninguna haya sido declarada ilegal.
El líder de UGT fue más allá e invitó a la patronal a sumarse a la movilización. Su razonamiento parte de una realidad que conocen bien muchas empresas, incapaces de encontrar trabajadores en las zonas más tensionadas porque los sueldos no alcanzan para pagar un alquiler. Las subidas pactadas en los convenios no bastan para cubrir el coste de la vida porque, según Álvarez, «la vivienda siempre lo desbarata todo». La invitación choca con un hecho incómodo, ya que muchas empresas obtienen beneficios precisamente de esas rentas que pagan los asalariados.
La reunión de este miércoles debe cerrar los detalles de una jornada que pone a prueba la capacidad del movimiento de vivienda para trasladar su conflicto a los centros de trabajo. Si la fecha se confirma, el 11 de noviembre medirá hasta qué punto el alquiler se ha convertido en la principal preocupación de la clase trabajadora. También mostrará si la presión en la calle logra condicionar el debate de una campaña que todavía no ha comenzado oficialmente.
