La Abogacía del Estado, en nombre de la Delegación del Gobierno, se opone a disolver la protesta por la vivienda instalada frente a la Real Casa de Correos y alerta del riesgo de incidentes con peligro para personas y bienes. El Gobierno madrileño acumula reveses procesales tras acudir a los tribunales sin agotar los plazos legales, mientras endurece un discurso que reduce el derecho de reunión a un problema comercial.
La estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para forzar el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol suma un nuevo obstáculo. La Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid, ha presentado este miércoles un escrito en el que rechaza la medida solicitada por el Ejecutivo regional. Su argumento principal es de orden público. Un desalojo de la plaza podría provocar incidentes de fuerza con peligro físico para personas y bienes.
El escrito llega dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cerrara la vía de urgencia. El lunes, la Sala reconoció que concurrían circunstancias de especial urgencia, pero se negó a valorar la medida sin oír antes a la Administración General del Estado y reconduce el asunto al procedimiento ordinario de medidas cautelares. El tribunal desestima además la petición al no considerar acreditada la inactividad de la Delegación, una decisión que la Comunidad no podrá recurrir antes de cinco días.
Un recurso presentado antes de tiempo
La Abogacía del Estado plantea un reproche procesal de fondo. Sostiene que el recurso debería inadmitirse porque la Comunidad presentó su demanda antes de que venciera el plazo legal de un mes del que disponía la Delegación para pronunciarse sobre el requerimiento previo. La Delegación había acusado recibo de aquel escrito, pero aún no lo había rechazado formalmente cuando se interpuso el recurso. El Ejecutivo de Ayuso había dado a la Delegación un ultimátum de apenas 48 horas antes de llevar el asunto a los tribunales.
El TSJM apunta en la misma dirección desde otro ángulo. La ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa exige que transcurran al menos tres meses para poder constatar la inactividad de la Administración, de modo que los servicios jurídicos de la Comunidad no esperaron lo suficiente para denunciarla. El recorrido del expediente refuerza la impresión de precipitación. La petición pasó primero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Madrid, que la elevó al TSJM antes de que el alto tribunal madrileño pudiera siquiera estudiarla.
El derecho de reunión, en el centro
Más allá de los plazos, el escrito de la Abogacía rebate los argumentos de fondo del Gobierno madrileño. La falta de comunicación previa no determina por sí misma la disolución de la acampada, recuerda, porque esa comunicación no es un requisito constitutivo del derecho fundamental de reunión. Tampoco cabe tratar la protesta como una mera ocupación del espacio público, ya que su finalidad está vinculada a la expresión de ideas y reivindicaciones políticas.
La Comunidad defendía exactamente lo contrario. En su requerimiento calificaba la protesta de ilegal por la ausencia de comunicación previa, su carácter indefinido y una supuesta alteración del orden público, además de denunciar una ocupación ilegal del espacio público. Añadía el perjuicio al funcionamiento de la Real Casa de Correos, a la imagen de Madrid como destino y a la actividad comercial del centro. La Delegación respondió entonces que la concentración mantiene «pleno respeto al ordenamiento jurídico».
Un discurso contra la protesta
Lejos de rebajar el tono, Ayuso ha vuelto a cargar este miércoles contra Pedro Sánchez. En un mensaje en X, la presidenta madrileña acusó al presidente del Gobierno de convertir Sol en «un campamento político mientras los madrileños pagan la factura». También describió la plaza como ocupada y vandalizada, con comercios asfixiados y ventas que, según su versión, han caído hasta un 60%. El mensaje no menciona en ningún momento la vivienda, que es el motivo de la movilización.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, insistió en que la acampada es ilegal y debe desaparecer cuanto antes por el perjuicio que, a su juicio, causa a vecinos y comerciantes. Ya la semana pasada, como portavoz del Ejecutivo regional, había advertido de que la ilegalidad y el desorden no podían seguir en Sol, y acusó a la Delegación y al Ministerio del Interior de no hacer nada. El Gobierno madrileño llegó a amenazar con acciones penales contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
El relato de la Comunidad deja fuera el origen de la protesta. La acampada comenzó tras la manifestación por el derecho a la vivienda y está vinculada a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro. Es esa crisis la que explica la presencia de cientos de personas con tiendas de campaña frente a la sede del poder regional. Mientras los tribunales examinan plazos y requisitos, el discurso del Gobierno de Ayuso se centra en la legitimidad de la protesta y no en su causa.
