La disolución de las Cortes traslada a la Diputación Permanente la convalidación de las medidas contra los desahucios y sobre el alquiler por habitaciones que el Congreso tumbó el viernes. En ese órgano, cuya composición pactaron PSOE y Sumar al inicio de la legislatura, Junts pierde su capacidad de veto. El Gobierno busca convertir la vivienda en el eje de la campaña del 29 de noviembre.
El Gobierno prevé llevar hoy al Consejo de Ministros ordinario las medidas de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, en la votación que precipitó el adelanto electoral al 29 de noviembre. Según fuentes del Ejecutivo, gana fuerza la opción de «volver a llevar los decretos de vivienda» a la reunión para recuperar las iniciativas que pretendían frenar los desahucios y regular el alquiler por habitaciones. La paradoja es evidente. La misma convocatoria que cierra la legislatura ofrece al Gobierno el instrumento para sacar adelante lo que el pleno le negó.
Desde la publicación de la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para hoy, y hasta la constitución de las nuevas Cámaras, la actividad parlamentaria queda en manos de la Diputación Permanente. Si el Consejo de Ministros aprueba un nuevo decreto ley, será ese órgano el que deba convalidarlo, y allí Junts no tiene capacidad de veto. El plazo para hacerlo es de 30 días, de modo que la votación podría celebrarse la semana anterior al inicio oficial de la campaña. Las medidas llegarían así a las urnas convertidas en norma y no solo en promesa.
La aritmética de la Mesa
Al comienzo de cada legislatura, la elección de la Mesa del Congreso decide mucho más que la presidencia de la Cámara. Ese órgano traslada el resultado de las urnas a las comisiones y a la Diputación Permanente, y quien lo controla determina las mayorías en ambos espacios. PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa, fijaron entonces un reparto que ahora resulta decisivo. En el pleno, el bloque que invistió a Pedro Sánchez suma 179 diputados, necesita a todos sus aliados para la mayoría absoluta y solo puede permitirse una abstención si aspira a la simple.
En la Diputación Permanente el equilibrio cambia. De sus 69 miembros, el PSOE cuenta con 25 y Sumar con seis, mientras ERC, Junts, Podemos, EH Bildu y el PNV disponen de uno cada uno. PP y Vox suman 27 y seis, respectivamente. Sin Junts, el bloque de investidura alcanza exactamente los 35 votos de la mayoría absoluta. El apoyo de la formación de Carles Puigdemont deja de ser necesario incluso si vota en contra, aunque el margen es tan estrecho que cualquier otra ausencia o defección haría naufragar el texto.
El PNV se reserva el voto
Esa estrechez convierte al resto de socios en piezas imprescindibles, y el PNV ya ha advertido de que su respaldo no está garantizado. Desde la formación que lidera Aitor Esteban señalan que decidirán su voto «cuando se tenga toda la información» y tras analizar «la letra pequeña del texto y su tramitación». Algunos socios del arco progresista han avanzado que valorarán la opción, aunque admiten que todavía no han hablado con el Ejecutivo. Tampoco dentro del Gobierno hay unanimidad. «No entiendo muy bien esa jugada», reconocía abiertamente el domingo por la noche un miembro del Consejo de Ministros.
Quienes defienden la maniobra sostienen que permite centrar el debate electoral en la vivienda y reforzar el relato del Ejecutivo con medidas activas. La estrategia encaja con un movimiento previo. Antes incluso de que los decretos decayeran en el Congreso, Sánchez ordenó revisar el programa electoral socialista en esta materia. El objetivo es conectar con las movilizaciones por el derecho a la vivienda o, al menos, evitar que la calle impugne al Gobierno en plena campaña. La crisis habitacional se ha convertido en la principal preocupación social y el PSOE quiere disputar ese terreno con hechos.
Un giro hacia las demandas de los inquilinos
El salto programático más visible es la propuesta del Sindicato de Inquilinas sobre los alquileres indefinidos, que los socialistas se disponen a asumir. El partido la presenta como una medida «coherente con el espíritu de la ley de vivienda» y surgida del «debate suscitado por las organizaciones civiles». La decisión sitúa al PSOE junto a una de las principales reclamaciones de los colectivos que se han movilizado en las calles, y marca un contraste nítido con una derecha que ha hecho de la defensa del propietario su respuesta casi exclusiva a la emergencia residencial.
La recuperación de los decretos no está exenta de riesgos jurídicos. El Tribunal Constitucional rechazó en una sentencia de 2021 que un precedente impidiera por sí solo aprobar un nuevo decreto, siempre que siga concurriendo una situación de extraordinaria y urgente necesidad suficientemente justificada. El problema no reside tanto en volver a aprobar las medidas como en los efectos del vaivén normativo. Un real decreto ley tiene fuerza de ley desde su entrada en vigor y, aunque después sea derogado, lo ocurrido durante su vigencia puede seguir produciendo efectos.
Una prórroga solicitada mientras la norma estaba en vigor, una actualización de renta o un contrato firmado en esas semanas conservan sus condiciones. Si los nuevos textos prosperan, propietarios e inquilinos convivirán con contratos anteriores a los primeros decretos, otros nacidos durante su breve vigencia, otros posteriores a su derogación y una cuarta etapa sometida a reglas distintas. El resultado no es un vacío legal sino una superposición de regímenes, consecuencia directa de un bloqueo parlamentario que ha dejado sin respuesta estable a millones de inquilinos.
