La Policía Nacional ha desmantelado en dos jornadas el asentamiento levantado en la playa ceutí. Al bajar del autobús en El Tarajal, los migrantes eligen entre cruzar a Marruecos sin dejar sus datos o quedarse y abrir un expediente que, según admiten fuentes policiales, terminará con toda probabilidad en expulsión. La mayoría ha optado por irse, mientras decenas se han escondido en los montes.
El primer día de desalojo del Trampolín, el asentamiento levantado a pie de playa en Ceuta, dejó una cifra sin precedentes en esta crisis. De las 1.100 personas que la Policía Nacional sacó el domingo en autobuses custodiados, unas 900 regresaron a Marruecos, más de ocho de cada diez, según datos del Gobierno central recogidos por El País. Solo unas 200 aceptaron quedarse y registrarse en el paso fronterizo de El Tarajal. El lunes, en una segunda jornada mucho más breve, otras 200 de las 300 personas desalojadas siguieron el mismo camino.
La operación estaba prevista desde mediados de la semana anterior, pero los agentes no llegaron hasta el domingo y lo hicieron por sorpresa. En la playa vivían entonces unas 2.500 personas. El dispositivo, apoyado por tres tanquetas de antidisturbios, se prolongó desde las ocho de la mañana hasta las 20.30. El volumen de salidas sorprendió incluso a los propios policías, según la crónica del diario. Al caer la noche, el último grupo aguardaba sobre la arena el autobús hacia la frontera y la zona quedó prácticamente sin vigilancia.
Huida a los montes
Lo ocurrido el domingo cambió la actitud de quienes seguían en el Trampolín. Cuando el operativo se reanudó el lunes a la misma hora, buena parte de ellos ya había huido a las montañas para evitar el traslado forzoso al Tarajal. No querían correr la suerte de sus vecinos. Otros recogieron sus bolsas y caminaron por su cuenta hasta la frontera. El dispositivo apenas duró un par de horas, pero el goteo de salidas continuó durante toda la jornada bajo una lluvia que llegó a convertirse en tormenta.
Hasta ahora, los retornos tenían otra forma. Desde el estallido de la crisis rondaban el centenar diario y eran individuales. Quien seguía viviendo en la calle caminaba hasta El Tarajal y salía por una puerta situada a la izquierda del control, cerrada antes de la crisis y que las autoridades españolas mantienen ahora abierta para quien quiera irse por iniciativa propia. Lo hacían solos y sin custodia. Al otro lado, la policía marroquí los registraba y aceptaba su entrada.
Un dilema a puerta cerrada
La vía inaugurada con el desalojo es distinta y la impulsa directamente el Gobierno. La Policía Nacional obliga a los migrantes a subir por grupos a los autobuses y los lleva hasta El Tarajal, donde funciona el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE). Allí se toman los datos, se filia a cada persona y se inician los trámites de extranjería antes de su paso a un recurso de acogida. A pocos metros de donde se detiene el autobús hay otra puerta hacia Marruecos, distinta de la anterior y vetada a la prensa.
Al bajar, los agentes plantean una disyuntiva. Pueden volver a Marruecos por la garita sin facilitar sus datos o entrar en el CATE, registrarse y que arranque el proceso de expulsión. La mayoría de quienes quedaban en la playa son de origen magrebí, con muy escasas opciones de obtener asilo, de modo que lo más probable es que acaben recibiendo una orden de retorno. Quienes eligen salir lo hacen escoltados por agentes españoles hasta su entrega a la gendarmería marroquí, que los sube a otros vehículos y los dispersa por distintos puntos del país.
Advertencias antes de pedir asilo
Esa conversación también queda fuera del alcance de los periodistas. Según fuentes policiales, los agentes explican a los migrantes las consecuencias de abrir un expediente de devolución. Les advierten de que quedarían inscritos en bases de datos policiales y tendrían impedimentos para volver durante años. Otras fuentes precisan que se les comunica que «se están denegando las solicitudes de protección internacional a los nacionales marroquíes». La expulsión llevaría aparejada una prohibición de entrada de tres o cinco años, que puede llegar a diez si media un delito muy grave.
A esa presión se suma el desgaste. Los migrantes llevan más de dos meses en la ciudad autónoma y las condiciones de estancia mientras se tramita el expediente no son las mejores, reconocen las mismas fuentes. Todo ello termina inclinando la balanza hacia la salida. El ritmo de regresos se ha acelerado en las últimas horas y los agentes encuentran colaboración en la policía marroquí, que recibe a quienes cruzan tras esa breve charla informativa.
La palabra «voluntario» resulta difícil de sostener en estas condiciones. La decisión se toma al pie de un autobús, tras un traslado forzoso, después de escuchar que el asilo se está denegando antes de que nadie lo solicite y sin testigos externos. Quien cruza por la garita lo hace sin que España registre su identidad ni valore su situación individual. El Gobierno ha vaciado en dos días un asentamiento que llevaba semanas desbordando a Ceuta. Queda por explicar qué garantías acompañan esas salidas y quién comprueba que fueron realmente libres.
