Andrew Mountbatten-Windsor ha emprendido acciones legales contra la Policía de Thames Valley para cuestionar la legalidad de las órdenes que permitieron registrar sus residencias tras su detención en febrero. El antiguo príncipe, hermano del rey Carlos III, está siendo investigado por una posible conducta indebida en el ejercicio de una función pública a raíz de informaciones aparecidas en los archivos de Jeffrey Epstein. El procedimiento abre ahora un nuevo frente judicial en uno de los casos más delicados que han afectado a la familia real británica.
Andrew Mountbatten-Windsor ha decidido llevar ante los tribunales una parte de la investigación policial abierta contra él a raíz de los archivos de Jeffrey Epstein. El antiguo príncipe y exduque de York ha obtenido autorización para solicitar una revisión judicial de las órdenes utilizadas por la Policía de Thames Valley para registrar propiedades vinculadas al hermano de Carlos III, entre ellas su residencia en la finca de Sandringham, en Norfolk, y Royal Lodge, en Windsor.
La iniciativa no supone que Andrew haya conseguido detener la investigación ni que esté impugnando directamente el conjunto de las pesquisas. El procedimiento pretende determinar si las órdenes que permitieron los registros fueron obtenidas y ejecutadas legalmente. Una audiencia privada está prevista para este jueves ante el High Court de Londres, donde se abordarán también cuestiones relacionadas con el acceso a determinados documentos del procedimiento.
Una detención que cambió la dimensión del caso
El caso dio un giro espectacular el pasado febrero, cuando Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido el día en que cumplía 66 años. Fue interrogado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de una función pública y posteriormente quedó en libertad mientras continuaban las investigaciones. El núcleo inicial de las pesquisas se refiere a las acusaciones de que habría transmitido información sensible a Jeffrey Epstein cuando ejercía como representante especial británico para Comercio e Inversión entre 2001 y 2011.
Las sospechas adquirieron una nueva dimensión después de la publicación en Estados Unidos de documentación relacionada con Epstein. La Policía de Thames Valley examina diferentes aspectos de una posible conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, ha solicitado información adicional a las autoridades estadounidenses y trabaja con la Fiscalía británica. Andrew, por su parte, niega haber cometido irregularidades.
Los archivos Epstein siguen alimentando las pesquisas
La policía también continúa evaluando otras informaciones relacionadas con el antiguo príncipe, entre ellas el relato de una mujer que afirma haber sido trasladada en 2010 a una residencia de Windsor con fines sexuales. Las autoridades han indicado que, si decide presentar formalmente una denuncia, su testimonio será tratado con confidencialidad y conforme a los procedimientos establecidos para posibles víctimas de delitos sexuales.
Este aspecto debe distinguirse de la investigación ya abierta por presunta conducta indebida en el ejercicio de una función pública. El caso Epstein funciona así como telón de fondo de varias líneas de investigación que no tienen necesariamente la misma naturaleza jurídica, mientras la policía británica intenta determinar qué elementos pueden dar lugar a actuaciones adicionales.
Andrew contra la policía que lo investiga
La estrategia judicial del antiguo príncipe introduce ahora una situación excepcional: mientras la policía continúa investigándolo, Andrew pide a los tribunales que examinen la legalidad de algunas de las herramientas utilizadas precisamente para investigarlo. Sus abogados cuestionan las órdenes que autorizaron los registros y pretenden determinar si las actuaciones policiales se ajustaron plenamente a derecho.
Una eventual victoria judicial podría tener consecuencias sobre determinados elementos obtenidos durante esas operaciones, pero no supondría automáticamente la anulación de toda la investigación. La Policía de Thames Valley mantiene que sus pesquisas continúan, mientras el High Court deberá pronunciarse sobre un aspecto concreto que puede resultar importante para el desarrollo posterior del caso.
De la caída pública al frente judicial
El procedimiento constituye un nuevo capítulo en la caída de quien durante décadas fue uno de los miembros más visibles de la familia real británica. Andrew abandonó sus funciones públicas en 2019 en medio del escándalo provocado por su relación con Epstein. La presión aumentó posteriormente y su posición dentro de la monarquía quedó progresivamente reducida hasta perder buena parte de sus títulos y honores reales.
Ahora el conflicto entra en un terreno diferente. Ya no se trata únicamente de la reputación de un antiguo miembro de primera línea de la monarquía, sino de una investigación policial y de la legalidad de las actuaciones practicadas dentro de ella. Andrew Mountbatten-Windsor ha pasado así de ser objeto de una investigación a llevar ante la Justicia a la propia policía que lo investiga.
