El presidente del Gobierno convoca elecciones generales para el 29 de noviembre, nueve meses antes del final de la legislatura, tras la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda que tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. Con las calles llenas de protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal, Sánchez apuesta por convertir la crisis habitacional en el eje de una campaña que plantea como un choque entre derechos sociales y especulación.
Pedro Sánchez ha decidido no esperar. El presidente del Gobierno anunció el 5 de octubre, en una declaración institucional desde La Moncloa, la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre. Antes había comunicado su decisión al rey, y convocó para esa misma mañana un Consejo de Ministros extraordinario que debía aprobar la disolución de las Cortes Generales. La fecha es la primera que permite la ley y pone fin a una legislatura que el líder socialista siempre había querido agotar.
La decisión llega tras un fin de semana de consultas con miembros del Gobierno, dirigentes del PSOE y socios de otras formaciones. El detonante fue la votación del 2 de octubre en el Congreso, donde PP, UPN, Vox y Junts rechazaron los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo había aprobado como respuesta al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años a la que un fondo de inversión se empeñó en sacar de su casa. Moncloa abrió entonces un periodo de reflexión que se ha cerrado en apenas tres días.
Un Parlamento imposible
Desde las escaleras de La Moncloa, Sánchez reconoció que legislar con el actual Parlamento se había vuelto inviable. Recordó que en 2023 los votantes respaldaron un Gobierno de coalición progresista, pero admitió que la legislatura ha transcurrido en un Congreso muy crispado, donde a su juicio muchos confunden pactar con traicionar. La caída de los decretos es la prueba más reciente de esa fragilidad. Junts unió sus votos a los de PP y Vox pese a que el Ejecutivo había negociado con los independentistas parte del contenido de ambas normas.
El presidente dirigió desde el inicio su discurso contra la oposición. Aseguró haber lidiado con «la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática» y recordó los fondos transferidos a las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP, para construir vivienda. Según Sánchez, esos gobiernos han levantado áticos y privatizado hospitales, un dardo dirigido sin disimulo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También reconoció errores propios y una insatisfacción en la mayoría social que atribuyó a unas derechas que, en su opinión, han pisoteado derechos sociales.
La calle marca el calendario
El adelanto no se entiende sin la movilización que recorre el país. Según el recuento de los sindicatos convocantes, unas 950.000 personas se manifestaron durante el fin de semana en multitud de ciudades para exigir el fin de la especulación con la vivienda, con cerca de medio millón en Madrid. Las protestas continúan en Barcelona, aplazadas por el mal tiempo, mientras las acampadas se extienden desde la Puerta del Sol a plazas de otras ciudades. El desahucio de Maricarmen ha funcionado como chispa de un malestar acumulado durante años.
Sánchez quiere capitalizar ese clima. Moncloa considera que unas elecciones centradas en el acceso a la vivienda permiten al PSOE confrontar con PP y Junts en ese terreno y movilizar al electorado progresista. El planteamiento del presidente quedó resumido en una disyuntiva que marcará la campaña, «o con la gente o con los buitres». El mensaje final apeló directamente a la ciudadanía. «Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis», proclamó.
Una apuesta de alto riesgo
La convocatoria tiene también un componente defensivo. La alternativa que se barajaba pasaba por renegociar las medidas con Junts, con el riesgo de prolongar una parálisis que la calle no parece dispuesta a tolerar. Esa vía habría dejado al Ejecutivo a merced de un socio que ya había tumbado otras iniciativas del Gobierno. Sánchez ha preferido trasladar la decisión a los ciudadanos antes que someterse a una nueva ronda de negociaciones inciertas y sin garantía de éxito.
Las urnas se abrirán en un escenario que el PSOE no controla. La derecha llevaba meses reclamando elecciones, y el PP reaccionó al anuncio con un escueto mensaje de celebración en redes sociales, mientras su líder, Alberto Núñez Feijóo, convocaba una declaración institucional en Génova una hora después. En la izquierda alternativa, los partidos de Sumar preparan el lanzamiento de su nueva candidatura, Frente Amplio, previsto para el 17 de octubre. Sánchez llega a la cita con un relato nítido y con la incógnita de si la indignación social se traducirá en votos.
