El Senado ha dado luz verde a la tramitación de una reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox para ampliar el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. La iniciativa pretende incluir expresamente las entradas irregulares por vía marítima, incluidas las realizadas a nado, y responde a la interpretación fijada este verano por el Tribunal Supremo.
Ceuta y Melilla vuelven a situarse en el centro del debate español sobre inmigración y control fronterizo. El Senado ha aprobado la toma en consideración de una proposición del Partido Popular destinada a modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula específicamente el rechazo en frontera en ambas ciudades.
La propuesta salió adelante con 145 votos y el respaldo de Vox. Su objetivo es ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo para que no quede limitado a determinados intentos de entrada a través de las barreras terrestres, sino que pueda utilizarse también frente a quienes tratan de alcanzar Ceuta o Melilla por mar, especialmente a nado.
La reforma deberá continuar ahora su recorrido parlamentario antes de convertirse, en su caso, en una modificación efectiva de la legislación. No se trata, por tanto, de una nueva norma ya en vigor, sino de una iniciativa legislativa que ha superado una etapa de su tramitación.
Una reforma que responde al Tribunal Supremo
El origen inmediato de la propuesta se encuentra en una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal estableció este verano que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, en su redacción actual, no permite aplicar el régimen específico de rechazo en frontera a las personas interceptadas en el mar cuando intentan alcanzar a nado Ceuta o Melilla.
En esas circunstancias, según el Supremo, debe recurrirse al procedimiento ordinario de devolución contemplado en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería.
La sentencia tenía su origen en el caso de un ciudadano argelino interceptado en noviembre de 2024 cuando intentaba llegar a nado a Ceuta acompañado por otras dos personas. Posteriormente fue entregado a las autoridades marroquíes.
El PP pretende ahora modificar expresamente la legislación para ampliar el régimen especial a las entradas marítimas y evitar que la interpretación establecida por el Supremo excluya esos supuestos.
Ceuta vuelve a situar la inmigración en el debate nacional
La discusión jurídica ha adquirido una dimensión política mayor después de las entradas masivas registradas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aquellos acontecimientos volvieron a colocar la gestión de la frontera en el centro de la confrontación entre Gobierno y oposición.
El Partido Popular reclamó entonces cambios urgentes en la legislación y defendió la necesidad de proporcionar a las fuerzas de seguridad instrumentos jurídicos más amplios para hacer frente a los intentos de entrada irregular, tanto por tierra como por mar.
La cuestión trasciende así el debate técnico sobre el procedimiento aplicable. Ceuta y Melilla constituyen dos de los puntos más sensibles de la política migratoria española y, al mismo tiempo, fronteras exteriores de la Unión Europea en el norte de África. Cualquier modificación de su régimen fronterizo tiene, por ello, implicaciones que alcanzan tanto a la política interior española como a la cooperación migratoria con Marruecos.
PP y PSOE, dos enfoques sobre la frontera
La tramitación de la reforma ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre las principales fuerzas políticas españolas en materia migratoria.
El PP sostiene que la legislación debe adaptarse para permitir una respuesta inmediata ante las distintas formas de entrada irregular en Ceuta y Melilla. Vox apoyó la iniciativa desde su posición favorable a un endurecimiento de la política migratoria.
El PSOE votó en contra y defendió durante el debate que las fronteras españolas están protegidas, al tiempo que cuestionó la solución legislativa planteada por los populares. PNV y Junts también rechazaron la propuesta.
La posición de Junts introduce, además, un elemento político singular. Mientras se opuso en el Senado a la reforma migratoria, uno de sus diputados, Isidre Gavín, trasladó prácticamente al mismo tiempo al Congreso una cuestión de naturaleza completamente diferente: la posibilidad de consultar a los habitantes de Ceuta y Melilla sobre su pertenencia a España.
Las dos iniciativas responden a lógicas distintas, pero vuelven a colocar a Ceuta y Melilla en un espacio especialmente sensible de la política española: el cruce entre inmigración, control de fronteras, relaciones con Marruecos y, ahora también, el debate sobre soberanía y autodeterminación.
