El movimiento, iniciado en la región parisina para reclamar mejores condiciones educativas, se ha propagado por toda Francia. Centenares de institutos se han visto afectados, mientras las denuncias por falta de profesores, deterioro de las instalaciones y jornadas excesivas conviven con disturbios, una respuesta policial controvertida y miles de detenciones.
Francia afronta una creciente movilización de estudiantes de secundaria que, nacida en la región de París, se ha extendido en pocos días por buena parte del país. Este viernes, 735 centros educativos se vieron afectados por bloqueos y protestas, un 30% menos que el jueves, aunque continuaron registrándose incidentes en ciudades como París, Estrasburgo y Belfort. El movimiento anuncia ya una nueva jornada de movilización para el próximo martes.
Las reivindicaciones surgieron inicialmente alrededor de problemas muy concretos: falta de profesores y sustitutos, aulas saturadas, edificios deteriorados y condiciones de estudio consideradas insuficientes. El movimiento comenzó el 21 de septiembre en Créteil y rápidamente alcanzó otros centros de Île-de-France antes de extenderse a Lille, Lyon, Marsella, Niza, Nantes, Rennes, Burdeos y Tours.
En el instituto Turgot, en el centro de París, estudiantes bloquearon el acceso para denunciar jornadas que pueden extenderse desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, a las que se añade el trabajo escolar en casa. Las condiciones materiales también forman parte del malestar: los alumnos denuncian temperaturas extremas en las aulas, tanto durante las olas de calor como en invierno, así como ausencias docentes sin cubrir.
De la reivindicación educativa a los enfrentamientos
La extensión de las protestas ha venido acompañada de una escalada de los incidentes. Barricadas, incendios y lanzamiento de objetos contra las fuerzas de seguridad se han producido en distintos puntos, mientras la Policía ha utilizado gases lacrimógenos y efectuado detenciones masivas. El Ministerio del Interior contabilizó 1.747 arrestos solamente el viernes y más de 5.000 desde el lunes. Las autoridades señalaron además incidentes violentos en las proximidades de 158 centros.
El Gobierno distingue entre las reivindicaciones de los alumnos, cuya legitimidad reconoce, y los episodios violentos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, considera que sectores violentos han aprovechado las movilizaciones, mientras el Ejecutivo ha pedido a las familias que eviten que sus hijos participen en situaciones que puedan ponerlos en peligro.
La cuestión de la actuación policial se ha convertido, sin embargo, en otro de los grandes focos del conflicto. Amnistía Internacional Francia denuncia un uso «desproporcionado» de la fuerza y ha pedido suspender inmediatamente el empleo de lanzadores de balas de defensa (LBD) contra unas movilizaciones integradas mayoritariamente por menores. La organización reclama también investigaciones independientes sobre los casos denunciados.
Un malestar que supera las aulas
El conflicto llega en un momento particularmente delicado para Francia. Las reivindicaciones educativas coinciden con el debate sobre las restricciones presupuestarias y con una percepción de deterioro de determinados servicios públicos, especialmente intensa en algunos territorios socialmente desfavorecidos. En zonas de la periferia parisina, estudiantes, familias y profesores denuncian desde hace tiempo desigualdades en recursos, personal e infraestructuras.
Geffray se reunió el viernes con sindicatos y representantes estudiantiles y anunció medidas destinadas a acelerar la sustitución de profesores ausentes. Las organizaciones movilizadas consideran insuficientas las respuestas ofrecidas y mantienen la convocatoria del martes.
A siete meses de las presidenciales, la crisis comienza inevitablemente a adquirir una dimensión política. El Gobierno acusa a sectores de la izquierda radical de intentar instrumentalizar las protestas, mientras La Francia Insumisa rechaza esas acusaciones. Pero reducir el movimiento exclusivamente a esta confrontación dejaría fuera las razones que lo originaron: profesores ausentes, instalaciones deficientes, desigualdades territoriales y una juventud que reclama mayores recursos para la educación.
El desafío para el Ejecutivo será ahora impedir que los episodios violentos oculten las reivindicaciones educativas y, al mismo tiempo, evitar que la respuesta policial alimente todavía más una protesta que ha demostrado una notable capacidad de propagación.
