La caída de los decretos de vivienda deja a Pedro Sánchez ante la decisión de adelantar las generales. El calendario, la aritmética parlamentaria, el liderazgo de Sumar y la presión social dibujan un escenario en el que la vivienda aspira a convertirse en el eje de la campaña.
La derrota de los dos decretos de vivienda en el Congreso ha convertido una semana de movilizaciones en una encrucijada para la legislatura. El Partido Popular (PP), Vox y Junts tumbaron el viernes el paquete principal, y la prórroga automática de los alquileres cayó además con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC). Pedro Sánchez, que definió este mandato como el de la vivienda, se queda sin su gran respuesta al desahucio de Maricarmen y se da el fin de semana para decidir si convoca elecciones.
La decisión no depende de un solo factor. Moncloa calcula el coste que puede tener para la derecha haber votado contra medidas que respalda buena parte de su electorado. Alberto Núñez Feijóo exige urnas «cuanto antes». A la izquierda del PSOE falta un candidato, y en la calle el Sindicato de Inquilinas habla ya de huelga general. Estas son las claves de un escenario que puede resolverse en cuestión de días.
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Un calendario que apunta al 29 de noviembre
La primera fecha que se maneja es el domingo 29 de noviembre. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija 54 días entre la publicación del decreto de convocatoria y la votación. Esa jornada exigiría, por tanto, que la disolución apareciera en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en torno al 6 de octubre, a comienzos de la próxima semana. Cualquier retraso empujaría las urnas hacia diciembre, en plena antesala navideña, o hacia el año próximo, con un Gobierno cada vez más maniatado en el Parlamento.
El propio calendario parlamentario pesa en el cálculo. Feijóo sostiene que España no puede permitirse cerrar así el periodo de sesiones ni abrir el siguiente, y recurre incluso a las fiestas. «Nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades», ironizó. En el Gobierno, en cambio, la prioridad declarada es buscar vías para paliar las consecuencias de que las medidas no hayan superado el trámite parlamentario. La disyuntiva enfrenta dos tiempos, el de una gestión sin apoyos suficientes y el de unas urnas que fijarían un nuevo mapa político.
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La vivienda como eje de campaña
Todo apunta a que el Gobierno planteará una eventual campaña como un plebiscito entre rentistas e inquilinos. El terreno le resulta favorable sobre el papel. Las encuestas que esgrime Moncloa indican que la mayoría de los votantes del PP y de Vox respaldan intervenir el mercado de la vivienda, justo lo que sus partidos rechazaron el viernes. Sánchez ya marcó ese marco en su intervención final, al advertir de que la historia juzgaría a la derecha «antes de lo que creen». El ministro Pablo Bustinduy lo resumió como un «conflicto de clase».
El PP intentará desplazar el debate. Feijóo esgrime datos del propio Ministerio de Vivienda para sostener que con Sánchez se ha construido menos que con ningún otro presidente, y defiende una receta basada en construir más, simplificar trámites y ofrecer incentivos fiscales. Su partido sostiene además que los decretos no habrían evitado el desahucio de Maricarmen, por la cláusula que permitía levantar la suspensión ante una «alternativa habitacional». Ese argumento choca con el caso concreto, porque la alternativa ofrecida era una residencia a kilómetros de la casa donde vivía desde hace siete décadas.
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La aritmética que dibujó la votación
La votación del viernes dejó una fotografía nítida. PP, Vox y Junts suman los votos suficientes para bloquear cualquier iniciativa del Gobierno cuando coinciden, y en materia de vivienda han coincidido. La derecha y la ultraderecha votaron junto a la formación de Carles Puigdemont, que hasta el jueves parecía dispuesta a permitir el primer texto con su abstención. Su giro, decidido por unanimidad según el propio partido, dejó al Ejecutivo sin margen en una sesión extraordinaria convocada precisamente para convalidar los decretos.
Los socios moderados tampoco ofrecen un suelo firme. PNV y CC apoyaron el primer decreto, pero rechazaron la prórroga automática de los alquileres, la medida con más respaldo en las plazas. Podemos votó a favor de ambos textos por mandato de los movimientos sociales. El resultado expone los límites de un bloque de investidura con un arco ideológico muy amplio, en el que cualquier medida progresista de calado queda a merced de alguno de sus socios conservadores. Es un argumento que Moncloa podría esgrimir para justificar el adelanto.
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Sumar busca candidato contrarreloj
Si Sánchez convoca, el espacio a la izquierda del PSOE afrontaría la precampaña sin cabeza de cartel. El Frente Amplio, nombre elegido por Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar para concurrir juntos a las generales, se reúne este domingo. No ha trascendido el orden del día, pero la urgencia es evidente. La marcha de Yolanda Díaz no se ha traducido aún en la elección de un sustituto, y entre los socios crece la inquietud por no contar con una opción definida.
El nombre que concita más apoyos es el de Bustinduy, ministro de Derechos Sociales. El viernes defendió desde la tribuna la prórroga automática de los alquileres y acusó a la derecha de votar «contra su pueblo para ondear la bandera del rentismo». Su perfil encaja con una campaña centrada en la vivienda y en el choque entre propietarios e inquilinos. La incógnita es si acepta un liderazgo que hasta ahora no ha mostrado voluntad de asumir, con muy poco tiempo para construir una candidatura reconocible.
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La calle como factor electoral
La presión social es el factor menos controlable. El Sindicato de Inquilinas consideraba los decretos un parche, pero los apoyó como punto de partida. Tras su derrota acusa a la derecha de estar arrodillada ante los especuladores y a la izquierda de ser incapaz de avanzar en derechos. Este sábado hay manifestaciones convocadas en más de 54 ciudades, y el movimiento sitúa la huelga general como siguiente paso. Ese enfado puede movilizar al electorado progresista o, por el contrario, alimentar la desafección.
En Moncloa confían en que las protestas señalen a quienes tumbaron los decretos y no pidan también la cabeza del PSOE y de Sumar. Feijóo sostiene lo contrario y asegura que el Gobierno ya no tiene «ni las Cortes ni la calle». Entre ambos relatos, la decisión de Sánchez dependerá en buena medida de quién capitalice la indignación que llenó de tiendas de campaña la Puerta del Sol. Las próximas horas dirán si esa energía se canaliza hacia las urnas.
