Quince años después de los indignados, la Puerta del Sol vuelve a llenarse de tiendas de campaña. Las imágenes evocan mayo de 2011, pero el detonante, las demandas, los protagonistas y la relación con el poder dibujan un movimiento distinto. Es más concreto y está más organizado, y en pocos días ha acelerado un paquete legislativo.
La fotografía se parece mucho. Tiendas de campaña bajo los toldos de la Puerta del Sol, asambleas al caer la noche, carteles escritos a mano y miles de jóvenes que se niegan a marcharse. El sábado 26 de septiembre, un grupo de manifestantes decidió quedarse en la plaza tras la marcha por el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, la comparación con el 15-M ha sido inevitable. La acampada reúne hoy a un millar de personas en unas 500 tiendas, según EFE, y ya tiene réplica en la plaza Catalunya de Barcelona.
Las semejanzas estéticas esconden, sin embargo, diferencias de fondo. El 15-M fue una impugnación general del sistema político en plena crisis económica. La movilización de 2026 nace de un caso concreto, persigue medidas concretas y habla con un Gobierno que comparte buena parte de su diagnóstico. Entre una y otra median quince años en los que la vivienda ha dejado de ser una reivindicación más. Los barómetros de opinión la señalan desde hace meses como el principal problema de los españoles. Estas son las claves para entender qué une y qué separa ambas acampadas.
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De la crisis general a un rostro concreto
El 15 de mayo de 2011, una manifestación convocada por plataformas como Democracia Real Ya terminó con un pequeño grupo de jóvenes pernoctando en Sol. La protesta canalizaba un malestar difuso, alimentado por el paro masivo, los recortes, los desahucios hipotecarios y una clase política percibida como ajena. No había un rostro ni una fecha límite. Había una indignación acumulada que encontró en la plaza su lugar de expresión, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.
En 2026 el detonante tiene nombre y apellidos. Maricarmen Abascal, de 87 años, fue sacada en camilla del piso de Retiro en el que había vivido 71 años. Su imagen recorrió el mundo y concentró en un solo caso años de frustración por los alquileres. La acampada no surge de un malestar genérico, sino de un agravio concreto que funciona como símbolo. Esa diferencia ayuda a entender la velocidad de la respuesta. En menos de una semana, la propiedad ofreció a Maricarmen un nuevo contrato y el Consejo de Ministros aprobó dos decretos ley sobre vivienda.
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De «Democracia real ya» a un decreto con nombre propio
El 15-M hizo de la amplitud su seña de identidad. Sus lemas más recordados, como «No nos representan» o «Lo llaman democracia y no lo es», apuntaban contra el bipartidismo, la ley electoral, la corrupción y el poder financiero. Las comisiones de Sol elaboraron documentos con decenas de propuestas, desde la reforma electoral hasta la dación en pago. Esa ambición transversal le dio una enorme capacidad de atracción. También dificultó traducirla en resultados legislativos inmediatos.
La movilización actual tiene una agenda mucho más acotada. Los acampados reclamaban un «decreto Maricarmen» antes del Consejo de Ministros del martes y lanzaron un ultimátum de 48 horas a Pedro Sánchez y sus socios. El Gobierno aprobó la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y la prórroga de dos años para los alquileres que venzan antes de que termine 2028. El paquete incluye también el veto a nuevas compras de los grandes tenedores hasta 2028. Aun así, el horizonte de la plaza es más radical que el propio paquete. «Queremos acabar con el rentismo, no reformarlo», resume un joven jienense acampado en Sol.
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De la espontaneidad al sindicalismo de inquilinas
El 15-M se enorgullecía de no tener líderes ni siglas. Sus asambleas funcionaban por consenso, sus portavoces rotaban y cualquier intento de apropiación partidista era rechazado. Esa horizontalidad fue una fortaleza para sumar a personas muy distintas y un límite para negociar con las instituciones. El 12 de junio de 2011, la asamblea decidió levantar el campamento. Sus portavoces defendieron entonces que la acampada era una herramienta y no un fin, y trasladaron la actividad a las asambleas de barrio.
En 2026 la protesta tiene un actor organizado en su centro. El Sindicato de Inquilinas acompañó a Maricarmen en todo el proceso de desahucio, participó en la negociación con la propiedad y ejerce de interlocutor con el Gobierno. Las asambleas siguen siendo el espacio de decisión, pero existe una estructura capaz de fijar demandas, hablar con los medios y medir los tiempos políticos. UGT y Comisiones Obreras se han sumado a las críticas por el troceo de los decretos. La réplica en Barcelona agrupa, por su parte, a distintos sindicatos de vivienda, asambleas y ciudadanos.
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Del «no nos representan» a la negociación con el Gobierno
En 2011 gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que había aplicado un duro ajuste presupuestario un año antes. El 15-M se dirigía contra el conjunto de la clase política y no tenía interlocutores en el Gobierno ni en el Parlamento. Su efecto institucional llegó más tarde y de forma indirecta. En 2014 nació Podemos, y en 2015 las candidaturas municipalistas conquistaron las alcaldías de Madrid y Barcelona. Al frente estaban Manuela Carmena y Ada Colau, esta última procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La movilización actual convive con un Gobierno de coalición progresista que comparte buena parte de su diagnóstico. Sumar ha hecho de la vivienda su bandera frente al PSOE. Según El País, Pedro Sánchez confía en aprovechar la oleada de indignación para sacar adelante un paquete bloqueado durante meses por los vetos cruzados de Junts y Podemos. La calle es consciente de esa ambivalencia. La portavoz del sindicato Valeria Racu acusó al Ejecutivo de «jugar a la campaña electoral» al dividir las medidas en dos decretos. La acampada se mantiene como presión sobre la votación del viernes.
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Una derecha frente a la plaza y un legado en juego
La reacción institucional también ha cambiado de protagonistas. En 2011, la Junta Electoral Central prohibió las concentraciones durante la jornada de reflexión, pero la plaza desobedeció sin ser desalojada. Hoy el choque enfrenta a administraciones de distinto color. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado 48 horas al Ejecutivo central para desalojar Sol. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, amenaza con acciones legales contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Martín invoca el derecho fundamental de reunión, y la Policía Nacional no tiene intención de entrar en la plaza.
El PP rechaza frontalmente la intervención del mercado. Las comunidades y ayuntamientos que gobierna se han negado a aplicar el tope al alquiler en zonas tensionadas, y junto a Vox votará contra los decretos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, limita su alternativa a incrementar la oferta y resume su posición con un «Pido mi turno». La comparación con el 15-M deja una pregunta abierta. Aquel movimiento no cambió leyes en semanas, pero transformó el mapa político durante una década. La acampada de 2026 ya ha acelerado medidas concretas. Su prueba será sostenerse cuando se desmonten las tiendas.
