La acampada por la vivienda amanece con un millar de personas pese al acuerdo que devolverá a Maricarmen Abascal a su piso de Retiro. Los concentrados se niegan a levantar el campamento antes de la votación de los decretos del Gobierno en el Congreso. Isabel Díaz Ayuso exige el desalojo, el Ayuntamiento amenaza con acciones legales y la protesta ya se ha extendido a la plaza Catalunya de Barcelona.
La Puerta del Sol amaneció este miércoles con un millar de personas repartidas en unas 500 tiendas de campaña, según la agencia EFE. Protestan contra la crisis habitacional y reclaman medidas urgentes que garanticen el derecho a una vivienda digna. La noche transcurrió sin incidentes, de acuerdo con la Delegación del Gobierno en Madrid. El campamento suma ya cuatro noches en el kilómetro cero, y lo hace con una particularidad. La mujer cuyo desahucio encendió la protesta, Maricarmen Abascal, de 87 años, tiene garantizado el regreso a su casa.
Nadie en la plaza interpreta ese acuerdo como un final. El Sindicato de Inquilinas acompañó a Maricarmen durante todo el proceso y participó en la negociación con la propiedad. Desde el primer momento advirtió de que la acampada seguiría adelante aunque ella recuperara su piso. «Esto va más allá», resumieron sus portavoces. Los jóvenes que duermen en Sol comparten ese diagnóstico. «Queremos acabar con el rentismo, no reformarlo», explicaba a El País Martín López, de 23 años, llegado desde Jaén para sumarse a la protesta.
Una pequeña ciudad en el centro de Madrid
El campamento se ha organizado como una ciudad en miniatura. Sus calles llevan los nombres de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes. Una de sus vías principales se llama avenida 26 de Septiembre, en recuerdo del sábado en que los primeros manifestantes decidieron quedarse. Lo hicieron tras una marcha que reunió a unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno. En la entrada del metro cuelga un cartel que reivindica la no violencia activa, y la estatua del oso y el madroño amaneció con un chaleco del sindicato.
En la parte central de la plaza se suceden asambleas, conciertos, lecturas y debates en grupo. Los acampados aseguran estar desbordados por las donaciones. Cada día pasan por Sol miles de personas que no duermen allí pero acuden antes o después del trabajo. «Me encanta ver a tanta gente unida luchando por una causa justa», contaba a EFE Diego, estudiante de Administración y Dirección de Empresas de 23 años. La convivencia no ha estado exenta de tensiones. Se han registrado incidentes aislados con personas que acudieron a criticar la movilización, y reporteros de Libertad Digital denunciaron haber sido expulsados de la plaza.
Pulso institucional por el desalojo
La acampada se ha convertido también en un choque entre administraciones. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio el martes un plazo de 48 horas al Ejecutivo central para que levante el campamento. El consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, denunció que los madrileños sufren «una acampada ilegal». Además, acusó al Ministerio del Interior de no hacer «absolutamente nada» ante los perjuicios a vecinos y comerciantes. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que emprenderá acciones legales contra el delegado del Gobierno si no interviene.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, respondió exigiendo a la Comunidad «respeto al derecho fundamental de reunión». También pidió a Ayuso que asuma sus competencias para dar solución al problema de la vivienda en la región. La Policía Nacional no tiene intención de entrar en Sol. La Delegación reafirma, eso sí, su compromiso con la seguridad ciudadana y con la protección de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Uno de los participantes citados por EFE replicó que las administraciones madrileñas «no están pensando en la gente» y utilizan la precariedad como arma política.
De Sol a la plaza Catalunya
La protesta ya no es solo madrileña. Decenas de personas acamparon el martes por la noche en la plaza Catalunya de Barcelona, siguiendo el ejemplo de Sol, para defender el derecho a la vivienda y frenar los desahucios. Los participantes proceden de distintos sindicatos de vivienda y asambleas, y a ellos se suman ciudadanos a título individual. Decidieron en asamblea mantener la protesta hasta que existan medidas concretas que garanticen ese derecho. Según la crónica de El País, la movilización madrileña logró en apenas 48 horas poner a negociar a la clase política.
La vista está puesta ahora en el viernes. El Congreso votará en un pleno extraordinario los dos decretos aprobados el martes, a unos 600 metros del campamento. El primero prohíbe hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables y veta hasta 2028 nuevas compras de vivienda a los grandes tenedores. Parte con unos 168 apoyos más o menos comprometidos. Enfrente tiene 171 votos en contra seguros, los de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el diputado Javier Ortega Smith. La llave está en los siete escaños de Junts y los cuatro de Podemos, que no han desvelado su voto.
El segundo decreto recoge la prórroga automática de los alquileres reclamada por el Sindicato de Inquilinas. Fuentes del propio Gobierno dan por descontada su derrota. La organización criticó la división del paquete. «Es la táctica de romper en cachitos para que solo queden unas migajas», reprochó su portavoz, Alicia del Río. En Sol el mensaje es inequívoco. «El pulso no se ha acabado», advierten desde el sindicato, que aspira a sostener la presión hasta lograr todas sus reivindicaciones. Por ahora, nadie se mueve de la plaza.
