La empresa propietaria del piso de Retiro del que fue desahuciada Maricarmen Abascal, de 87 años, le ofrece un contrato de ocho años con una renta de unos 500 euros, ligada a sus ingresos. La anciana regresará cuando reciba el alta. Su abogada habla de «hito histórico» y lo atribuye a la movilización. La empresa asegura que actúa por razones sociales y de forma voluntaria.
Maricarmen Abascal volverá a su casa. La mujer de 87 años fue desahuciada la semana pasada del piso de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 71 años. Ahora ha aceptado el acuerdo que le ofreció la empresa propietaria. Regresará en cuanto reciba el alta en el hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada desde el día del desalojo. «Estoy muy contenta», le trasladó a su abogada, Beatriz Duro, después de conocer la propuesta.
El pacto se cerró el lunes tras más de cinco horas de reunión. Participaron los dueños, la abogada, los familiares de Maricarmen y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, que actuó como mediadora. También estuvo presente el Sindicato de Inquilinas, que lo había solicitado y que ha acompañado a la anciana durante todo el proceso. Su primo, Vicente Lozano, de 78 años, le comunicó el preacuerdo a primera hora y ella lo aceptó encantada. Sus pertenencias siguen en la vivienda, a la espera de su vuelta.
Un contrato de ocho años
El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar como arrendataria con carácter inmediato, por un precio que no superará el 30% de sus ingresos netos. El cálculo se hará a partir de la declaración que aporte su parte, según detalló al término de la reunión un representante de la empresa propietaria del inmueble identificado como De Miguel. El contrato tendrá una vigencia de ocho años. Según su abogada, la renta será similar a la que venía pagando, en torno a 500 euros entre alquiler, gastos y comunidad.
Para Duro, el desenlace tiene un valor que va más allá de su clienta. «Si esto acaba con la entrada de Maricarmen en su vivienda, es un hito histórico», afirmó. Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas, aseguró no recordar ningún caso en el que una persona haya vuelto a su casa después de ejecutarse un desahucio. «Esto no ha sucedido nunca. Es un claro ejemplo de que la lucha sindical sirve», defendió la activista, que confía en que lo ocurrido siente precedente.
La versión de la propiedad
La empresa propietaria, Urbagestión, sostiene otra lectura. En un comunicado enviado el martes, afirmó que el ofrecimiento «responde a razones sociales y se realiza de forma voluntaria», con una renta adecuada a la capacidad económica de la inquilina. La sociedad asegura ser consciente de lo que el caso ha supuesto para Maricarmen y de la preocupación que había despertado entre sus vecinos. «Siempre hemos creído que había una salida mejor que el conflicto», señala el texto, que presenta la propuesta como su forma de buscarla.
El comunicado no explica por qué esa salida no se ofreció antes del lanzamiento. La compañía habla de un nuevo marco contractual con un componente social para atender la situación de vulnerabilidad «apreciada en este momento». La fórmula no aclara por qué esa vulnerabilidad no se apreció antes, cuando la imagen de la anciana saliendo en camilla todavía no había recorrido el mundo. La abogada lo resumió con dureza. El acuerdo, dijo, «llega tarde», tras una situación que «ninguna persona debería vivir nunca».
Por qué ahora y no antes
Duro no tiene dudas sobre la causa. «Esto es, sin duda, el fruto de la presión y el movimiento social», afirmó. Está convencida de que se ha generado un consenso sobre vivienda como no se vivía desde hacía años. La secuencia de los hechos encaja con esa lectura. Al desahucio le siguieron una manifestación de unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y una acampada en la Puerta del Sol que continúa. El martes llegó además la aprobación de dos decretos ley sobre vivienda que el Ejecutivo llevaba meses sin poder cerrar.
La velocidad del desenlace deja también preguntas incómodas. El columnista Paco Cerdà se preguntaba este miércoles en El País por qué lo que no se había logrado en ocho años ha sido posible en ocho días. Recordaba además un desahucio ejecutado esta semana en Mataró. Afectó a un vecino con una discapacidad del 87%, a su hermana y a sus tres hijos, uno de ellos menor, y solo congregó a sesenta personas. Cerdà plantea así la posibilidad de que no todas las vidas valgan lo mismo en España.
Maricarmen, mientras tanto, sigue en el hospital. Su caso ha abierto una puerta que casi nunca se abre después de un lanzamiento, y queda por ver si se convertirá en precedente o en excepción. El decreto aprobado por el Gobierno prohíbe hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Su convalidación depende, sin embargo, del voto del Congreso este viernes. Para miles de inquilinos sin nombre conocido, esa votación decidirá si la historia de Maricarmen fue el comienzo de algo o solo un final feliz.
