Casi 543.000 personas extranjeras tenían en junio una autorización de residencia por arraigo en vigor, un 54,7% más que un año antes. El arraigo sociolaboral, creado por el reglamento de extranjería de 2025, ya representa un tercio del total y se asocia a niveles de afiliación casi plenos. Las cifras retratan a personas que ya vivían en España y que, en muchos casos, están pasando de la economía sumergida a la cotización.
España nunca había tenido tantas personas regularizadas por la vía del arraigo. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 30 de junio de 2026 había 542.953 personas con autorización de residencia por arraigo en vigor, un 54,7% más que hace un año. El dato procede de la estadística trimestral elaborada con el Registro Central de Extranjeros y los ficheros de afiliación. Muestra una figura administrativa que ha dejado de ser marginal. El arraigo es ya uno de los principales mecanismos de acceso a la residencia legal para quienes llegaron sin papeles y han construido su vida en el país.
La aceleración se aprecia en la serie reciente. A 31 de diciembre de 2025, el número de personas con esta autorización era de 394.110, con un crecimiento anual del 25,9%. En marzo de 2026 la cifra había subido a 423.606. El salto entre marzo y junio supera las 119.000 personas en solo tres meses, más que todo el aumento registrado durante 2025. El ritmo de concesiones ha cambiado de escala. Este crecimiento conecta con la reforma normativa de 2025 y con un mercado laboral que sigue absorbiendo trabajadores extranjeros.
Un tercio ya llega por la vía sociolaboral
El reparto por modalidades revela el peso del nuevo marco. El 45% de los titulares (244.293) tiene arraigo familiar, mientras que el 33% (181.001) cuenta con el nuevo arraigo sociolaboral, que se consolida como la nueva alternativa del arraigo. Esta modalidad nació con el reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo de 2025. Vincula la regularización a un contrato de trabajo y redujo el tiempo de permanencia previa exigido. En apenas un año ha pasado de no existir a sostener una de cada tres autorizaciones.
Su relación con el empleo es casi total. Con datos de septiembre de 2025, el 98% de las personas con arraigo sociolaboral estaba afiliado a la Seguridad Social, frente al 51% en el arraigo familiar. Entonces, 197.342 personas con autorización por arraigo estaban de alta, un 21,2% más que un año antes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atribuyó aquel crecimiento a la reforma y lo calificó de «síntoma indiscutible de que están funcionando los cambios normativos». Europa Press no detalla la afiliación correspondiente a junio de 2026.
Colombia, Marruecos y Perú encabezan la lista
El perfil por origen se mantiene estable. Colombia, Marruecos y Perú son las nacionalidades con más personas de dieciséis años o más afiliadas a la Seguridad Social y titulares de una autorización de arraigo en vigor. Son las mismas procedencias que lideraban la estadística a finales de 2025. Este dato refleja redes migratorias consolidadas y una fuerte presencia latinoamericana. Esa presencia se explica por los vínculos lingüísticos e históricos y por la exención de visado de corta estancia de la que se benefician varios de esos países.
Los sectores donde se ocupan también dibujan un patrón claro. La hostelería, las actividades administrativas, la construcción y el comercio son las ramas predominantes de ocupación de quienes trabajan gracias al arraigo, según el ministerio. Son actividades intensivas en mano de obra que llevan años denunciando escasez de personal. El conjunto debe medirse además en su escala real. Las personas con autorización por arraigo representaban el 11% del total de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería al cierre del pasado año.
La regularización extraordinaria suma su propio efecto
Los datos de junio coinciden con el cierre de otro proceso. El plazo de solicitud de la regularización extraordinaria se abrió el 16 de abril y permaneció abierto hasta el 30 de junio. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifró entre 20.000 y 25.000 las nuevas afiliaciones generadas por esa medida solo en mayo. La información publicada no aclara qué parte del aumento del arraigo guarda relación con esa campaña. Ambos instrumentos apuntan, en todo caso, en la misma dirección.
El impacto en la afiliación ya es visible. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 el número de afiliados aumentó en 679.000, de los cuales 482.000 son extranjeros, según Funcas. Antes de la campaña, la Encuesta de Población Activa estimaba que unos 428.045 extranjeros trabajaban sin estar dados de alta. Parte de ese empleo existía ya y ahora cotiza. Funcas advierte también de que la afiliación se ralentiza al descontar el efecto de la regularización, en un mes de agosto con el mayor aumento del paro desde 2019.
El arraigo no atrae a nuevos migrantes, ya que exige acreditar años de residencia en España. Regulariza a quienes ya trabajan, estudian o cuidan de sus familias en el país. Esa realidad desmonta el discurso de Vox, que fue el único grupo que votó en 2024 contra la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por la regularización. Frente al relato del desorden, las cifras del Observatorio describen otra cosa. Cientos de miles de personas dejan la irregularidad, firman contratos y pasan a contribuir a la Seguridad Social que la ultraderecha dice proteger.
