El Pleno de la Paeria aprobó con los votos del PSC, Junts y Vox una ordenanza de civismo que prohíbe ocultar totalmente el rostro en la calle, con multas de entre 400 y 750 euros. La medida reedita un intento de 2010 que el Tribunal Supremo anuló por invadir competencias estatales sobre la libertad religiosa, y llega mientras el Congreso estudia su encaje constitucional.
El Ayuntamiento de Lleida aprobó el viernes una nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia que prohíbe el burka y el niqab en los espacios públicos, aunque no los menciona. El texto salió adelante con 16 votos, los del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que gobierna la ciudad, Junts y Vox. En contra votaron el Partido Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Lleida en Comú. Quien la incumpla se expone a multas de entre 400 y 750 euros. El gobierno local presentó la norma como una vía de prevención y mediación que solo recurrirá a la sanción «cuando hace falta».
El núcleo de la ordenanza está en el artículo 12. Invoca la interacción social propia de «una sociedad libre y democrática» para vetar cualquier prenda que oculte el rostro. El texto excluye los lugares de culto y los contextos en que cubrirse la cara responde a costumbres sociales aceptadas. Tampoco se aplica cuando se ejerce un derecho fundamental. A petición de Junts, el artículo incorpora además una coletilla decisiva, «de acuerdo a la normativa vigente». Con ella, la aplicación efectiva queda pendiente de lo que decida el legislador estatal.
El muro del Supremo
No es la primera vez que un gobierno socialista de Lleida intenta este camino. En 2010, el entonces alcalde Àngel Ros impulsó una prohibición similar que acabó en el Tribunal Supremo. La sentencia, dictada en 2013, anuló el veto con un argumento competencial nítido. Un ayuntamiento no puede limitar mediante ordenanza un derecho fundamental como la libertad religiosa, y esa restricción exige una ley de las Cortes. Nada en el nuevo texto parece resolver aquel obstáculo. El propio añadido de Junts sugiere que la última palabra no corresponde a la Paeria.
Ese debate está ahora abierto en el Congreso. En mayo, la Cámara baja creó una subcomisión para analizar si regular estas prendas encaja en el marco constitucional o vulnera la libertad religiosa e ideológica y el principio de igualdad y no discriminación. La iniciativa partió del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y contó con el apoyo de PP, Vox, Junts y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En febrero ya se había rechazado una propuesta de PP y Vox para imponer la prohibición. Lleida regula así una cuestión que el Estado todavía estudia.
Junts marca perfil frente a Aliança
El concejal de Junts Joan Ramon Castro reivindicó que su partido es el único que ha propuesto una «ley no racista de prohibición del burka». La fórmula persigue un equilibrio difícil. Junts quiere apoyar el veto sin quedar asociado a Vox ni a Aliança Catalana, la formación islamófoba que le presiona en los sondeos. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, lo resumió en febrero con un lema, «ni burka ni Vox». En su conferencia municipalista, el partido ya había defendido vetar el niqab y el burka en la calle, cualquier velo en las escuelas y el burkini en playas y piscinas.
Vox no necesitó matices. Su concejala, Gloria Rico, celebró la prohibición con un argumento de seguridad ligado a la identificación de las personas. Después añadió una lectura abiertamente cultural y sostuvo que la multa recae sobre «quien impone su cultura sobre la nuestra». El PP votó en contra desde el flanco opuesto. A su juicio, las excepciones convierten la norma en una regulación que no prohíbe el burka. En un comunicado posterior, el partido acusó al PSC de estar «legitimando su uso» con la ordenanza.
Un colectivo residual
Desde la izquierda, Jordina Freixenet, de ERC, admitió que a nadie le gusta el burka. Aun así, cuestionó que castigar a quienes lo visten sirva de algo. «¿Así les quitaremos la opresión?», preguntó ante el pleno. Su tesis es que a estas mujeres hay que protegerlas y acompañarlas, no sancionarlas. Antes de la votación, varias asociaciones de la ciudad expresaron también su malestar con la medida. Sus representantes intervinieron antes que los concejales y pusieron el acento en la eficacia y la oportunidad de la ordenanza.
Mourad El Boudohi, de Watawi por la Libertad y la Justicia, recordó la sentencia de 2013. Propuso alternativas como dialogar con las mujeres, ofrecerles clases de catalán y facilitar su acceso al empleo para que puedan decidir con autonomía. Lamentó además que nadie haya consultado a las afectadas. Según su descripción, forman un grupo mínimo integrado por las esposas de responsables de la comunidad musulmana. «No hay ninguna mujer más en Lleida», aseguró. Si su diagnóstico es correcto, la ordenanza regula un fenómeno casi inexistente en la ciudad.
Carme Bellet, del grupo Feminista de Ponent, llevó el debate a la libertad de todas las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su imagen, cubran mucho o poco de él. La discusión trasciende en cualquier caso a Lleida. Portugal aprobó en julio un proyecto de ley contra el ocultamiento del rostro en público, e Italia estudia vetar el niqab y el burka en las escuelas. En España, la cuestión sigue pendiente del Congreso. La ordenanza leridana nace con el mismo déficit competencial que ya hizo fracasar la anterior.
