Defensa remite a la Fiscalía y al juzgado de guardia el informe de la organización, que atribuye a unidades de Regulares y de la Legión golpes, humillaciones y robos a personas migrantes. La denuncia coincide con la declaración del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ante la Audiencia Nacional, que investiga la entrada masiva de finales de julio y el papel que pudo desempeñar Marruecos.
Amnistía Internacional ha acusado este miércoles a miembros de las Fuerzas Armadas de someter a los migrantes que siguen en Ceuta a palizas, acoso y humillaciones, además de robarles dinero y requisar o romper sus teléfonos móviles. Según la organización, las agresiones alcanzaron a personas de distintas edades, géneros y situaciones administrativas, y su informe advierte de que «parecen responder a un patrón». La respuesta del Gobierno llegó en cuestión de horas. El Ministerio de Defensa ha trasladado el documento a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta y ha encargado una investigación interna para esclarecer responsabilidades individuales.
La denuncia se produce dos meses después de que más de 80.000 personas entraran en la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio. Más de 10.000 permanecen todavía allí, repartidas entre los centros habilitados, los asentamientos de las playas y la calle. Muchas de ellas sobreviven, según la ONG, sin comida suficiente ni acceso a asistencia sanitaria. Las patrullas policiales y militares se han convertido desde entonces en parte del paisaje urbano, y su presencia en las calles es precisamente el foco del informe.
Golpes de porra y expulsiones de la vía pública
El equipo de Amnistía visitó Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre y entrevistó a más de 65 migrantes. De ellos, 22 atribuyeron a miembros de las Fuerzas Armadas palizas, acoso o robos. La organización ha documentado con fotografías y vídeos cuerpos magullados con lesiones compatibles, según su análisis, con golpes de porras reglamentarias, algunos en la cabeza. El informe señala en particular a unidades de Regulares y de la Legión.
La ONG relata además episodios presenciados por sus propios investigadores. Un grupo de militares se acercó a varias personas racializadas sentadas en un banco cerca del centro, les preguntó si eran de la ciudad y las obligó a irse. La delegación de Amnistía fue identificada por la Policía durante su trabajo y, el 11 de septiembre, sufrió hostigamiento e insultos de militares que patrullaban junto al hospital. Uno de ellos, según el informe, les espetó «Perroflautas, ¡A chuparla!».
Defensa abre una investigación interna
El diario El Faro de Ceuta adelantó la remisión del informe a la Justicia, que después confirmó un portavoz del departamento de Margarita Robles. Defensa ha pedido además al Mando de Operaciones (MOPS) que investigue y determine responsabilidades individuales «para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas». La reacción del ministerio es rápida, pero su formulación sitúa el problema en conductas individuales. Amnistía, en cambio, describe prácticas repetidas en unidades concretas.
El informe no oculta la complejidad del escenario. Amnistía recuerda que más de una treintena de migrantes han sido detenidos en distintos episodios por presuntas agresiones a militares. Sin embargo, insiste en que esa circunstancia no exime a agentes y militares de actuar conforme a la legislación española, al derecho internacional y a las normas de derechos humanos. Las denuncias quedan ahora en manos de la Fiscalía y del juzgado, que deberán determinar si los hechos descritos constituyen delito.
Vivas lleva sus alertas a la Audiencia Nacional
La denuncia coincide con otro frente abierto en Madrid. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), declara este miércoles como testigo ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. Es el primero en comparecer en la causa que la magistrada abrió a principios de septiembre por una presunta conducta delictiva cometida en el extranjero contra la integridad territorial de España. La jueza admitió a Ceuta como acusación particular al considerar a la ciudad «víctima directa e inmediata» de lo ocurrido en el Tarajal, donde murieron decenas de personas.
Vivas pretende aportar las llamadas que su Gobierno hizo al Ejecutivo central en los días previos para alertar de una situación «muy preocupante». En esas comunicaciones pidió declarar la emergencia, establecer un mando único y reforzar las fuerzas de seguridad. Tardón apreció en su resolución una presunta actitud de permisividad y una gestión que habría favorecido la entrada desde territorio marroquí. El exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, deberá explicar a la jueza el aviso del CNI que recibió a las 13.52 del día anterior sobre un llamamiento en redes para asaltar Ceuta por la valla y por mar.
La causa de la Audiencia Nacional apunta hacia Rabat y hacia la cadena de avisos previa a la entrada, mientras el PP utiliza la comparecencia de Vivas para cargar la responsabilidad sobre el Gobierno. El informe de Amnistía desplaza la atención hacia lo que ocurre después, dentro de la propia ciudad, a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sanz tiene previsto declarar el jueves ante la misma magistrada.
