La norma aprobada en el Congreso reconocía la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española. Las enmiendas del PP la convierten en una reforma del Código Civil basada en dos años de residencia. Estas son las claves de lo que cambia y de lo que está en juego.
La ley de nacionalidad para los saharauis ha llegado al Senado como una de las iniciativas con mayor carga histórica de la legislatura. Impulsada por Sumar y aprobada en el Congreso con el apoyo del Gobierno y sus socios, busca reconocer como españoles a quienes nacieron en el Sáhara Occidental bajo administración de Madrid y a sus descendientes. “Son personas que quedaron atrás cuando España abandonó el territorio sin completar su descolonización”, sostiene una fuente de Sumar. La abstención del PP y de Junts permitió que el texto saliera adelante en la Cámara Baja.
En la Cámara Alta, sin embargo, el PP ha optado por reescribirla a fondo. Sus nueve enmiendas suprimen la concesión directa y dejan en pie únicamente la vía de residencia. El texto tendrá que volver después al Congreso, que se pronunciará solo sobre esos cambios. Estas son las claves para entender qué contenía la ley, qué modifica el PP, cómo puede terminar la tramitación y por qué la cuestión trasciende el ámbito estrictamente jurídico.
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Nacionalidad por carta de naturaleza
El núcleo del texto aprobado en el Congreso era la concesión por carta de naturaleza, una vía excepcional que el ordenamiento reserva a situaciones en las que concurren circunstancias especiales y que no depende del tiempo de residencia. La proposición sostenía que esas «circunstancias excepcionales» se daban en los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residieran legalmente en España. Era, por tanto, un reconocimiento vinculado al origen y no a la presencia física en el país.
El modelo tenía un precedente claro en la ley de 2015 para los descendientes de los sefardíes expulsados en 1492. La norma extendía además el derecho a los descendientes en primer grado, que dispondrían de cinco años para optar a la nacionalidad una vez obtenida la de sus progenitores. Las solicitudes serían gratuitas y podrían presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor, con posibilidad de ampliar el plazo un año más. El diseño buscaba un reconocimiento amplio y accesible, sin exigir a nadie instalarse primero en España para ser considerado español.
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Qué documentos abrían la puerta
La ley detallaba los medios para demostrar la condición de saharaui nacido bajo administración española. Entre ellos figuraban el DNI español aunque estuviera caducado, el recibo de inscripción en el censo del referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, los certificados de nacimiento y la documentación expedida por la Administración española. La relación de pruebas era abierta y se adaptaba a la realidad de un colectivo disperso entre los campamentos de Tinduf, el territorio ocupado y la diáspora.
Esa lista no era un detalle técnico. Para quienes vivieron la etapa colonial, aquellos documentos pueden ser la única prueba de un vínculo que el Estado nunca terminó de reconocer. El texto preveía también un régimen especial de inscripción en el Registro Civil y una aplicación informática específica para tramitar estas nacionalidades. Todo apuntaba a un procedimiento pensado para funcionar con agilidad, sin sumar trabas burocráticas a un colectivo que ha esperado durante décadas una respuesta de la Administración española.
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Lo que ahora suprime el PP
Las enmiendas populares eliminan los dos artículos centrales, el que reconocía la carta de naturaleza a los nacidos antes de 1977 sin residencia legal y el que regulaba su procedimiento administrativo. Suprimen también el régimen especial del Registro Civil y renuncian a la aplicación informática prevista. Incluso el título cambia para presentar la norma como una modificación del Código Civil, y la parte introductoria pierde cualquier referencia a la carta de naturaleza o a la ley de sefardíes.
Lo que sobrevive es la reforma que el texto del Congreso ya contemplaba como vía complementaria. El PP incluye de forma expresa a los «saharauis del Sáhara Occidental» entre los colectivos que pueden pedir la nacionalidad tras dos años de residencia legal, junto a iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes. La forma de acreditar esa condición queda pendiente de un reglamento posterior del Gobierno, y la entrada en vigor pasa de cuatro a seis meses tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cada modificación aleja el momento en que alguien pueda beneficiarse.
- Una tramitación con final abierto
El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado, lo que le permite modificar el texto sin depender de otros grupos. Tras la Comisión de Justicia, sus enmiendas pasarán al Pleno para su ratificación. Vox, por su parte, ha registrado un veto para devolver la norma íntegra al Congreso. Esa iniciativa de la ultraderecha no tiene previsiblemente recorrido, y si prosperara correspondería a la Cámara Baja levantarlo.
La última palabra, en cualquier caso, corresponde al Congreso. Las enmiendas que el Senado apruebe tendrán que votarse allí, y la Cámara Baja podrá rechazarlas para recuperar el texto que aprobó inicialmente. Por eso Junts, que se abstuvo en la primera votación, se convierte en el actor decisivo. Su posición determinará si prevalece la concesión directa o la versión rebajada del PP, y con ello el alcance real de una reforma que llega con décadas de retraso.
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Una deuda histórica en un tablero geopolítico
España abandonó el Sáhara Occidental en 1976, tras los Acuerdos de Madrid, sin culminar el proceso de descolonización que reclamaba Naciones Unidas. Miles de saharauis que habían tenido documentación española quedaron desde entonces en un limbo jurídico. Los tribunales tampoco les han dado una salida. El Tribunal Supremo concluyó en 2020 que el territorio no podía considerarse España a efectos de acceder a la nacionalidad, lo que dejó la solución en manos del legislador. Esa es precisamente la laguna que la ley aprobada en el Congreso pretendía cerrar.
La cuestión se cruza además con la política exterior. Desde 2022, el Gobierno respalda el plan de autonomía marroquí como la base más seria para resolver el conflicto, un giro que el Frente Polisario rechaza. Según Mohamed Yeslam Beissat, responsable de Exteriores del Polisario, vinculó la ley a los «saharauis residentes en España». La organización independentista saharaui atribuye al PP un «cálculo electoral» que la formación de Feijoo no reconoce. Lo verificable es el efecto de sus enmiendas, que endurecen los requisitos y alargan los plazos.
