Los populares, que se abstuvieron en el Congreso, usan su mayoría absoluta en la Cámara Alta para suprimir la concesión directa por carta de naturaleza a los nacidos bajo administración española. La norma queda reducida a una reforma del Código Civil que exige dos años de residencia legal. Junts tendrá la última palabra cuando el texto regrese a la Cámara Baja.
El Partido Popular (PP) ha decidido desmontar en el Senado la ley que pretendía saldar una de las deudas más antiguas del Estado con el pueblo saharaui. Con nueve enmiendas en la Comisión de Justicia, los populares eliminan la vía directa de nacionalidad para los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española y convierten la norma en una simple reforma del Código Civil basada en dos años de residencia. Su mayoría absoluta en la Cámara Alta le permite imponer el cambio sin buscar apoyos. El resultado conserva el nombre de la ley, pero no su propósito.
La maniobra llama la atención por el comportamiento previo del partido. La proposición de ley, impulsada por Sumar, salió adelante en el Congreso a principios de septiembre con los votos del Gobierno y sus socios, mientras el PP se abstenía. Junts también optó por la abstención, lo que facilitó su aprobación. El PSOE, que había rechazado la iniciativa en un primer momento, terminó pactándola con su socio de coalición. Ahora, con el texto en una cámara que controla, el PP no se limita a retocarlo. Suprime justamente aquello que lo distinguía de cualquier otra reforma del régimen de nacionalidad.
Lo que desaparece
Las enmiendas eliminan el artículo uno, que concedía la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos antes de 1977 aunque no residieran legalmente en España, y el artículo dos, que regulaba todo el procedimiento administrativo. El texto del Congreso invocaba «circunstancias excepcionales» para justificar esa concesión y permitía acreditar la condición saharaui con un DNI español aunque estuviera caducado, con el recibo del censo del referéndum autenticado por Naciones Unidas o con documentación de la Administración española. Los descendientes en primer grado dispondrían de cinco años para optar, y las solicitudes serían gratuitas.
El PP cambia también el título de la norma y reescribe su parte introductoria para borrar cualquier alusión a la carta de naturaleza o a la ley de sefardíes, el precedente que servía de modelo. Elimina además el régimen especial de inscripción en el Registro Civil y renuncia a desarrollar la aplicación informática prevista para tramitar estos expedientes. Sin procedimiento propio ni herramientas específicas, la reparación histórica que planteaba la ley pierde su contenido práctico. Lo que era un reconocimiento pasa a ser un trámite más.
Dos años y un reglamento pendiente
Lo que el PP conserva ya estaba en el texto original. La norma del Congreso modificaba también el Código Civil para que los saharauis pudieran acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España. Es el mismo plazo del que disfrutan iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes. La enmienda popular incluye de forma expresa a los «saharauis del Sáhara Occidental» en ese grupo de colectivos. La vía complementaria de la ley se convierte así en la única.
La forma de acreditar la condición saharaui quedará además en manos de un desarrollo reglamentario posterior del Gobierno, lo que añade un paso más antes de que nadie pueda beneficiarse. La entrada en vigor se amplía de cuatro a seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cada uno de estos cambios alarga los plazos para un colectivo cuyos miembros nacieron, como mínimo, hace casi cinco décadas. Para muchos de ellos, el tiempo no es un factor neutral.
Vox pide más y Junts decide
Vox, la ultraderecha, ha ido más lejos y ha registrado un veto para devolver la norma íntegra al Congreso. Su propuesta previsiblemente no prosperará, porque el PP se abstuvo en la Cámara Baja y prefiere reescribir la ley antes que tumbarla. Con métodos distintos, los dos partidos de la derecha coinciden en cerrar la vía directa que no exige residencia. La diferencia es de grado, no de fondo.
Tras su paso por la comisión, el texto irá al Pleno del Senado para que la mayoría popular ratifique los cambios, y después regresará al Congreso, que solo se pronunciará sobre las enmiendas. La Cámara Baja podrá rechazarlas y recuperar el texto que aprobó, y Junts, que se abstuvo en la primera votación, tendrá en su mano la decisión final. La posición de la formación catalana determinará si la ley conserva su sentido original o queda como una versión rebajada.
