Francia vivió el martes una de las jornadas sociales más tensas de los últimos meses. Más de 200.000 personas se manifestaron según las autoridades —más de 300.000 para la CGT— para exigir mejoras salariales y más recursos para los servicios públicos, mientras las movilizaciones de estudiantes de secundaria derivaron en incidentes y centenares de detenciones. La contestación llega a solo dos días de la presentación de unos presupuestos marcados por un fuerte ajuste fiscal y cuando el país empieza a mirar hacia las presidenciales de 2027.
La presión social vuelve a subir en Francia. Funcionarios, profesores, bomberos y trabajadores de diferentes administraciones salieron a las calles el martes 29 de septiembre para denunciar la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales y la reducción de medios en los servicios públicos. Paralelamente, un movimiento iniciado por estudiantes de secundaria se extendió por cientos de centros educativos, dando lugar en algunos puntos a enfrentamientos con la policía.
El Ministerio del Interior contabilizó más de 200.000 manifestantes en todo el país y unos 30.000 en París, mientras que la CGT elevó las cifras a más de 300.000 a nivel nacional y 70.000 en la capital. Cerca de 170 concentraciones y marchas fueron convocadas en una jornada que reunió reivindicaciones acumuladas durante años y que adquiere una dimensión especial ante las restricciones presupuestarias anunciadas por el Gobierno.
Salarios congelados, precios al alza
El poder adquisitivo ocupa el centro de la protesta de los funcionarios. El índice utilizado para calcular sus remuneraciones apenas ha sido revalorizado en los últimos años, mientras la inflación acumulada desde 2017 ha erosionado sensiblemente los salarios reales. El anuncio de una nueva congelación en 2027 ha reforzado el sentimiento de pérdida de poder adquisitivo entre unos trabajadores que también denuncian plantillas insuficientes y una creciente carga laboral.
Cerca del 10 % de los empleados públicos estatales participaron en la huelga, con una movilización especialmente visible en la educación. Entre los docentes, la participación se situó en torno al 14 %. Profesores y trabajadores de los centros educativos denuncian cierres de clases, falta de personal y una ampliación progresiva de tareas que, según los sindicatos, no viene acompañada de medios ni de mejoras salariales.
La protesta llega en un momento particularmente delicado para el Ejecutivo de Sébastien Lecornu. Francia afronta una elevada deuda pública y el Gobierno prepara un ajuste presupuestario de decenas de miles de millones de euros para intentar contener el déficit. Para los sindicatos, existe el riesgo de que los funcionarios y los servicios públicos se conviertan nuevamente en una de las principales variables del esfuerzo fiscal.
Los estudiantes llevan el malestar a los institutos
A la protesta laboral se sumó un movimiento estudiantil que comenzó días atrás y que este martes alcanzó cientos de institutos. Las reivindicaciones abarcan desde el tamaño de las clases y la falta de profesores hasta la organización de los horarios y las condiciones materiales de unos centros que también han sufrido las consecuencias de las recientes olas de calor.
La mayoría de las movilizaciones transcurrió sin incidentes graves, pero algunos bloqueos degeneraron en enfrentamientos. Grupos de jóvenes incendiaron contenedores y lanzaron objetos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron en determinados lugares con gases lacrimógenos y cargas policiales. El Ministerio del Interior informó de 440 detenciones, en su mayoría de menores, mientras al menos diez estudiantes y miembros del personal educativo resultaron heridos.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció acciones judiciales por los episodios violentos y rechazó cualquier intento de justificarlos. El movimiento estudiantil, sin embargo, insiste en distinguir entre esos incidentes y unas reivindicaciones que afectan directamente al funcionamiento cotidiano de los centros educativos.
El presupuesto como próxima prueba
La coincidencia de ambas movilizaciones convierte el presupuesto de 2027 en el siguiente gran punto de tensión. El Gobierno debe conciliar la necesidad de sanear unas cuentas públicas muy deterioradas con las demandas de trabajadores que consideran haber soportado durante años una pérdida progresiva de poder adquisitivo y un deterioro de los servicios que prestan.
El problema para el Ejecutivo no reside únicamente en el número de huelguistas. La jornada ha puesto de manifiesto la existencia de un malestar más amplio en sectores esenciales del Estado: educación, sanidad, emergencias, administración y servicios sociales. Los sindicatos advierten de que las protestas podrían continuar si las próximas decisiones presupuestarias no introducen cambios en materia salarial y de recursos.
Francia entra en un año políticamente sensible
Todo ello ocurre a pocos meses de las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027, que pondrán fin a casi una década de Emmanuel Macron en el Elíseo. El desgaste de los servicios públicos, el poder adquisitivo y el reparto del esfuerzo presupuestario se perfilan ya como asuntos centrales del debate político que acompañará la campaña.
Las encuestas muestran un escenario electoral abierto y fragmentado, pero las movilizaciones del martes plantean una cuestión más inmediata para el Gobierno: cómo aplicar un fuerte ajuste fiscal sin alimentar un descontento social que ya ha comenzado a confluir en las calles.
La jornada del 29 de septiembre no supone necesariamente el nacimiento de un movimiento social unificado. Las reivindicaciones de funcionarios y estudiantes son diferentes y responden a dinámicas propias. Pero su coincidencia ofrece una fotografía incómoda para el Ejecutivo: mientras París prepara nuevos recortes para recuperar margen presupuestario, una parte creciente de quienes sostienen los servicios públicos considera que ese margen ya se ha agotado.
