El Consejo de Ministros aprueba la segunda renovación de las medidas frente a la escalada energética provocada por la guerra en Irán, con la inflación en el 4,3% y el Brent por encima de los 100 dólares. La Airef advierte de que España apura ya el margen que le conceden las reglas fiscales europeas, mientras la subida del gas amenaza la factura de los hogares y Sumar reclama intervenir el mercado eléctrico.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la segunda prórroga de las medidas anticrisis con las que el Gobierno intenta contener el impacto de la guerra en Irán sobre los precios. La decisión llega después de que el conflicto se haya prolongado más de lo previsto y haya empujado la inflación hasta el 4,3%, un repunte que el Ejecutivo no esperaba. Crece el malestar de empresas y familias justo cuando el margen fiscal para seguir interviniendo empieza a agotarse.
Las medidas vencían este jueves y el nuevo real decreto ley las mantiene en un contexto que no ha dejado de endurecerse. El barril de Brent cotiza por encima de los 100 dólares y sigue un 40% más caro que al inicio de la guerra. El gas acumula subidas del 132% desde febrero. Entre las ayudas renovadas destacan la rebaja progresiva de impuestos al gasóleo, las bonificaciones al combustible de los transportistas y el apoyo al campo para la compra de fertilizantes, tres frentes donde el encarecimiento energético se traslada con rapidez a toda la cadena.
El texto lo ha elaborado el departamento de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que lleva tres semanas reuniéndose con los sectores productivos. Transportistas, agricultores y gran industria han recibido señales de que habrá alivio para sus costes. En junio ya se renovaron algunas medidas, como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para el transporte o la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para las fábricas de gran consumo. Cuerpo confirmó este lunes que los hogares «también» entrarán en la prórroga, aunque no ofreció detalles.
La factura del gas, el frente doméstico
Para los consumidores domésticos, el problema inmediato es el gas. Su encarecimiento amenaza con elevar un 50% la tarifa regulada, la Tarifa de Último Recurso (TUR), a partir del 1 de octubre. Es un golpe directo para millones de familias que dependen de este suministro para la calefacción y el agua caliente, precisamente a las puertas del otoño y con los salarios todavía lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido en la anterior crisis inflacionaria.
Sumar reclama por ello la reedición de la excepción ibérica, el mecanismo que topó el precio del gas empleado para fijar el precio mayorista de la electricidad y que España y Portugal lograron arrancar a Bruselas en 2022. La propuesta chocaría con las directrices comunitarias actuales. En junio, el Gobierno retiró algunas medidas de marzo, como el IVA reducido al 10% para la luz y el gas, aunque se mostró dispuesto a recuperarlas si la tensión volvía. Esa tensión ha vuelto.
Un margen fiscal casi agotado
La prórroga exige además un nuevo esfuerzo presupuestario. Las medidas de marzo tuvieron un impacto de 5.000 millones de euros entre rebajas de impuestos y aumentos de costes, a los que se sumaron 1.825 millones adicionales en junio. El Gobierno también había diseñado entonces un mecanismo automático para reducir cada mes, de cinco en cinco céntimos, la rebaja fiscal al gasóleo. El repunte de precios de agosto obligó a volver a los 20 céntimos por litro, mientras en la gasolina el descuento es de cinco.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que, con la prórroga de junio, la desviación respecto a las exigencias de la Comisión Europea «estaría justo en el límite permitido». Bruselas autoriza desviaciones del déficit para invertir en defensa o paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. La cláusula de escape admite un desajuste adicional del 0,6% del producto interior bruto (PIB), del que solo quedarían dos décimas por consumir, según el organismo.
Negociar con Bruselas sin perder la cláusula de escape
Economía tiene que moverse en un doble frente. Por un lado, Cuerpo busca «flexibilidad adicional» en la Unión Europea para acomodar el impacto de las ayudas en el pacto de estabilidad. Por otro, debe ceñirse a las actuaciones que Bruselas permite para seguir beneficiándose de la cláusula de escape. Las reglas son claras en un punto decisivo, porque cualquier ayuda o rebaja fiscal a los combustibles fósiles computa como déficit excesivo.
La paradoja es evidente. Las normas europeas conceden margen para el gasto en defensa, pero penalizan las ayudas que alivian directamente el coste de la energía en plena guerra. El ministro fija como prioridad «minimizar los efectos de segunda ronda en los alimentos», es decir, frenar la inflación energética antes de que se extienda al resto de la economía. Sostiene que los precios de los alimentos han bajado ligeramente desde marzo, pero la subida del gas amenaza con erosionar ese alivio en las próximas semanas.
La prórroga compra tiempo, pero no resuelve el dilema de fondo. Si la guerra se alarga, el Gobierno tendrá que elegir entre sostener la protección social con menos recursos o arrancar a Bruselas un margen que, por ahora, la Comisión no parece dispuesta a conceder.
