El Gobierno lleva el viernes al Congreso de los Diputados dos decretos de vivienda sin tener garantizada la mayoría para ninguno. Junts, PNV y Podemos tienen la llave, y PP y Vox anticipan ya un rechazo frontal a las disposiciones del ejecutivo progresista.
El Ejecutivo ha aprobado su respuesta a la crisis de la vivienda, pero la batalla decisiva empieza ahora. Ha solicitado al Congreso un pleno extraordinario este viernes para convalidar de forma inmediata los dos decretos, que entran en vigor al publicarse en el BOE y decaen si la Cámara los rechaza. El precedente es poco alentador. En febrero, PP, Vox y Junts tumbaron el escudo antidesahucios para 2026, y el decreto de marzo cayó un mes después de su aprobación.
La diferencia es el contexto. El desahucio de Maricarmen Abascal, la acampada de la Puerta del Sol y la presión del Sindicato de Inquilinas han cambiado el clima político en apenas una semana. Todos los grupos de la investidura quieren apuntarse un logro ante su electorado a pocos meses de las elecciones. Pero ninguno quiere aparecer cediendo en lo que considera esencial.
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Dos decretos para dos mayorías distintas
La arquitectura de la norma es en sí misma un diagnóstico. Uno de los textos agrupa las medidas que pueden respaldar el PNV y Junts, y el otro las que Sumar exigía para aprobarlas en el Consejo de Ministros. Entre estas últimas figura la renovación automática de los alquileres, la reivindicación central del movimiento inquilino. La separación permite que la coalición no se rompa, pero traslada al Congreso la contradicción que el Gobierno no ha podido resolver dentro.
Las previsiones son desiguales. Todo indica que el segundo decreto no reunirá los votos suficientes y decaerá, mientras que el primero tampoco lo tiene sencillo, porque además de Junts y el PNV necesita a Podemos. El Gobierno apuesta así por salvar al menos el núcleo del paquete. La protección de vulnerables, la prórroga de contratos y las rebajas fiscales tienen más opciones que el bloque que más entusiasma a la izquierda y a la calle.
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Junts y la protección del pequeño propietario
Junts es el principal escollo, como en los intentos anteriores. Su voto a favor no estaba asegurado la víspera. Los posconvergentes acusaron a La Moncloa de incorporar medidas que no se habían trabajado y criticaron que se modificaran hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que a su juicio convertía el texto en un decreto ómnibus. También sostienen que algunas disposiciones dan «por buenas las ocupaciones» y dejan a los pequeños propietarios al mismo nivel que los fondos buitre.
La formación de Carles Puigdemont no ha cerrado la puerta. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró este martes que el partido sigue abierto a un acuerdo, aunque cargó contra Sumar. El Gobierno ha intentado atraerla con las compensaciones públicas a los caseros afectados por la suspensión de desahucios y con bonificaciones fiscales. La duda es si esas contrapartidas bastan para un partido que ha votado con PP y Vox contra medidas similares .
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El PNV y las competencias autonómicas
El PNV ha mostrado su disposición a apoyar un decreto de medidas urgentes, pero con condiciones. Reclama que respete las competencias autonómicas en vivienda y, como Junts, que incluyera la reforma de la Ley del Suelo para agilizar la construcción. Esa reforma ha quedado fuera porque Podemos la vetaba, de modo que los jeltzales han perdido una de sus demandas centrales. A cambio, el texto recoge su petición de regular el alquiler de temporada y el de habitaciones.
Su posición se sitúa entre la protección social que reclama la izquierda y la seguridad jurídica que piden los propietarios. En los días previos, su portavoz, Maribel Vaquero, había preguntado a la ministra Isabel Rodríguez cómo pensaba superar el Gobierno los obstáculos para alcanzar acuerdos en materia de vivienda. La respuesta llega ahora en forma de dos textos, y el PNV tendrá que decidir si el primero compensa la ausencia de la Ley del Suelo .
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Podemos y el bloque de la izquierda
Podemos ha vinculado su voto a la postura del Sindicato de Inquilinas, lo que convierte a la organización que promueve la acampada en un actor parlamentario indirecto. El sindicato ha advertido de que no aceptará nada que no incluya los contratos indefinidos y la regulación del alquiler por habitaciones. Si la renovación automática solo figura en el decreto destinado a caer, Podemos tendrá que elegir entre respaldar el texto viable o alinearse con la calle.
El resto del bloque progresista presiona en la misma dirección. ERC defiende más capacidad de los ayuntamientos para elevar el IBI a grandes tenedores y viviendas turísticas. EH Bildu reclama una protección permanente frente a los desahucios sin alternativa habitacional, y no una solución temporal. Todas estas fuerzas, desde Izquierda Unida hasta el BNG, posaron juntas el lunes ante el hospital donde sigue ingresada Maricarmen, una imagen de unidad poco habitual en un espacio acostumbrado a la fragmentación.
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PP y Vox, en contra de cualquier intervención
La derecha no ofrece una alternativa de votos. El PP rechaza un nuevo decreto y cualquier intervención en los alquileres, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que nada se resolverá mientras no se construya un millón de viviendas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó la norma de «festival de ocurrencias» y se burló de las propuestas sobre inquilinos mayores. «Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros», ironizó, mientras exigía a la Delegación del Gobierno desalojar la acampada de Sol.
Vox, la ultraderecha parlamentaria, rechaza de plano la protección antidesahucios y lo que define como intervencionismo del mercado. Los agitadores de su entorno mediático, como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, fueron expulsados de Sol por los acampados. Con PP y Vox en contra, el destino de los decretos depende de que Junts, el PNV y Podemos coincidan en el mismo sí. Esa coincidencia no se ha producido en ninguna de las votaciones de vivienda de esta legislatura.
