El desalojo en Madrid de una mujer de 87 años, tras casi siete décadas en la misma vivienda, expone el reparto de competencias entre juzgados y administraciones, los límites de la suspensión por vulnerabilidad y el final de los contratos de renta antigua.
Maricarmen abandonó el miércoles, a los 87 años, el piso madrileño en el que había vivido cerca de siete décadas. Lo hizo sin alternativa habitacional y en medio de movilizaciones vecinales contra el lanzamiento, término técnico con el que se designa la ejecución material de un desahucio. Desde entonces, el caso ha desatado una disputa política sobre quién debía evitarlo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apunta al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid y al bloqueo del decreto de vivienda en el Congreso. El Partido Popular (PP) responde culpando al Ejecutivo.
Más allá del cruce de reproches, la respuesta depende del tipo de procedimiento y de las circunstancias de cada inquilino. El caso de Maricarmen tiene además una particularidad jurídica decisiva. No fue desalojada por dejar de pagar el alquiler. Los tribunales concluyeron que su contrato de renta antigua, firmado en 1956, se había extinguido. Entender ese matiz exige recorrer un entramado normativo que combina competencias estatales y autonómicas, un régimen extraordinario de protección y leyes de arrendamientos aprobadas hace décadas.
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La última palabra corresponde a los jueces
Un desahucio es un procedimiento judicial. Son los juzgados quienes lo tramitan y, cuando procede, acuerdan y ejecutan el lanzamiento. La Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia y la legislación procesal. Las comunidades autónomas, por su parte, pueden asumir las de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio. Esa división explica buena parte de la confusión que rodea a casos como el de Maricarmen, en los que cada administración tiende a señalar a otra.
El Gobierno central puede legislar o modificar las normas vigentes. Pero ni el Ejecutivo, ni una comunidad autónoma, ni un ayuntamiento pueden ordenar a un juzgado que deje sin efecto una resolución judicial firme. Lo que sí tienen todas las administraciones son herramientas propias. Pueden desarrollar políticas de vivienda, prestar servicios sociales y adoptar medidas de protección para personas vulnerables. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, establece mecanismos para que los juzgados comuniquen estas situaciones a las administraciones competentes y estas valoren el caso.
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La vulnerabilidad no frena por sí sola el lanzamiento
Encontrarse en situación de vulnerabilidad no paraliza automáticamente un desahucio. La legislación fija unos requisitos y deja en manos del juez la decisión sobre una posible suspensión. El régimen extraordinario vigente, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, permite al arrendatario pedir al juzgado que detenga determinados desahucios. Para ello debe acreditar una vulnerabilidad económica que le impida encontrar alternativa habitacional. El alcance de esa protección ocupa hoy el centro del debate político sobre el decreto de vivienda.
El procedimiento incorpora varias piezas. Los servicios sociales emiten un informe sobre la situación del inquilino y sobre las medidas que puede adoptar la Administración, y después el juez resuelve. La norma obliga también a considerar la posición del propietario. En el régimen actual, el arrendador puede acreditar su propia vulnerabilidad o que es titular de dos viviendas o menos, circunstancias que pueden impedir la suspensión. La protección no funciona como un escudo general. Se decide caso a caso, sopesando la situación de ambas partes.
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El papel de los servicios sociales
Los servicios sociales no tienen capacidad para detener un lanzamiento. Su función consiste en evaluar la situación del hogar afectado y trasladar al procedimiento judicial la información necesaria para que el juez decida. Si este acuerda la suspensión, las administraciones competentes deben adoptar durante ese periodo las medidas habitacionales que correspondan. El tiempo que gana el inquilino debería servir, por tanto, para buscarle una solución estable. En Madrid, esas responsabilidades recaen sobre la Comunidad y el Ayuntamiento.
La norma contempla también un mecanismo de compensación para propietarios o arrendadores afectados por determinadas suspensiones, cuya solicitud puede presentarse hasta el 31 de enero de 2027. En el caso de Maricarmen, la vulnerabilidad adquirió peso cuando el procedimiento ya había llegado a la fase de ejecución. Fue entonces cuando entraron en juego los mecanismos legales de protección y la búsqueda de una alternativa habitacional. Esa alternativa no llegó antes del desalojo.
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Qué son los contratos de renta antigua
El contrato de Maricarmen es muy anterior a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aprobada en 1994. Esa ley creó un régimen transitorio para los contratos de vivienda firmados antes del 9 de mayo de 1985 que siguieran vigentes cuando entró en vigor. Esos arrendamientos continuaron sometidos, con modificaciones, a las reglas del régimen de 1964. La fecha coincide con la entrada en vigor del llamado decreto Boyer, que suprimió la prórroga forzosa obligatoria en los nuevos contratos.
Son los conocidos como contratos de renta antigua, caracterizados en muchos casos por alquileres muy inferiores a los precios actuales y por una gran estabilidad para el inquilino. Esa protección, sin embargo, nunca fue ilimitada en el tiempo. La reforma de 1994 restringió las subrogaciones por fallecimiento del titular, es decir, la posibilidad de que un familiar ocupe su lugar en el contrato tras su muerte. El objetivo era reducir progresivamente la duración de estos arrendamientos, que el paso de las generaciones ha ido extinguiendo.
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Por qué no es un desahucio por impago
El contrato de Maricarmen se transmitió dentro de la familia. Ella se subrogó tras la muerte de su padre, en los años sesenta, y de nuevo tras la de su madre, a principios de este siglo. El conflicto judicial giró en torno a una pregunta concreta. Había que determinar si, tras esas sucesivas subrogaciones, conservaba el derecho a permanecer en la vivienda con las condiciones del contrato original. Los tribunales dieron la razón a la propiedad, que pudo reclamar la recuperación de la posesión.
Por eso no se trataba jurídicamente de una subida del alquiler ni de un impago. Lo que estaba en juego era la existencia misma del contrato. Ese detalle pesa también en el debate político. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, sostiene que el decreto rechazado no habría evitado el desalojo porque se dirigía a los contratos regidos por la ley de 1994. Si ese argumento es correcto, la atención se desplaza hacia otro terreno, el de las alternativas habitacionales que correspondía ofrecer a las administraciones madrileñas.
