Miles de personas recorrieron este sábado las calles de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas. La movilización, que terminó con una acampada en la Puerta del Sol, ha intensificado la presión sobre el Gobierno para que adopte medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda.
Bajo el lema «Ni una Maricarmen más», una multitud se concentró el sábado 26 de septiembre en la Puerta del Sol y recorrió el centro de Madrid hasta el Congreso de los Diputados. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas, organizador de la protesta, aseguró que participaron más de 300.000.
La manifestación culminó con la instalación de tiendas de campaña en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Los activistas anunciaron su intención de mantener la movilización para exigir medidas que frenen los desahucios y protejan a los inquilinos frente al encarecimiento de los alquileres.
Maricarmen, el rostro de la crisis de la vivienda
El caso de Maricarmen Abascal ha provocado una oleada de indignación en España. El pasado miércoles, la mujer fue desalojada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía derribara la puerta de su vivienda. Las imágenes de su desahucio, tras unos 70 años residiendo en el mismo inmueble, se difundieron ampliamente en las redes sociales.
Según el Sindicato de Inquilinas, el conflicto comenzó cuando una empresa inmobiliaria adquirió el edificio y exigió elevar el alquiler de los 500 euros que pagaba Maricarmen a 2.650 euros mensuales, una cantidad inasumible para su pensión.
Desde el hospital, donde permanece ingresada por agotamiento, la octogenaria difundió un mensaje en el que expresó su deseo de que su experiencia sirva para impedir que otras personas atraviesen situaciones similares. También reclamó cambios legislativos que refuercen la protección de los inquilinos.
Su caso ha puesto rostro a una crisis que afecta tanto a las personas mayores como a los jóvenes. Durante la manifestación, numerosos participantes denunciaron la creciente distancia entre los salarios y los precios de los alquileres, que dificulta la emancipación juvenil y amenaza la permanencia de muchas familias en sus barrios.
La presión se traslada al Gobierno
La movilización llega en un momento de creciente presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se dispone a abordar nuevas medidas en materia de vivienda.
El denominado «decreto Maricarmen», cuya aprobación se plantea para el próximo Consejo de Ministros, contempla medidas destinadas a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler y limitar los desahucios. Entre las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas figura la obligación de justificar la no renovación de los contratos y de indemnizar a los arrendatarios cuando no exista una causa acreditada.
Sin embargo, su eventual aprobación parlamentaria sigue siendo incierta, dado que el Gobierno carece de mayoría propia en el Congreso.
La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España. El Banco de España estima un déficit de unas 700.000 viviendas, mientras que la escasez de vivienda pública, el incremento de la demanda y la presión turística agravan las dificultades de acceso al alquiler en las grandes ciudades.
La acampada en la Puerta del Sol prolonga una protesta que ha trascendido el caso individual de Maricarmen y ha situado nuevamente el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate público.
