El desalojo de una mujer de 87 años del piso de Madrid en el que vivía desde niña, sin alternativa habitacional, reactiva la negociación del Gobierno con Junts para aprobar el decreto de vivienda. El PP culpa a Pedro Sánchez, mientras Sumar exige llevar el texto al Consejo de Ministros del martes y ERC reclama un acuerdo previo entre los socios de la izquierda.
Maricarmen tiene 87 años y el miércoles tuvo que abandonar el piso del barrio madrileño de El Retiro en el que había vivido desde pequeña. Salió sin una alternativa habitacional y en medio de fuertes movilizaciones vecinales contra el lanzamiento. Su caso ha devuelto a primera línea una negociación que el Gobierno arrastra desde antes del verano. Se trata del decreto de vivienda, bloqueado por los vetos cruzados de los socios parlamentarios. El Congreso de los Diputados ya ha tumbado en dos ocasiones textos que incluían medidas como la moratoria antidesahucios.
Pedro Sánchez calificó el desalojo de «tragedia social» en una rueda de prensa en Nueva York, antes de intervenir en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente del Gobierno señaló la responsabilidad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, ambos gobernados por el Partido Popular (PP), por sus competencias en la materia. También trasladó la presión al Congreso. Según Sánchez, el último decreto rechazado por la Cámara habría impedido que Maricarmen perdiera su casa.
El veto de Junts
La formación de Carles Puigdemont sumó sus votos a los del PP y Vox en la última votación para impedir la convalidación del decreto. Por eso el Ministerio de Vivienda ha intensificado el intercambio de documentos con Junts, según fuentes de ambas partes. El rompecabezas es complejo. Más allá del rechazo de los posconvergentes a las medidas contra los desahucios, sus propuestas encuentran la oposición de otros grupos del bloque progresista. Cualquier concesión a Junts puede costar apoyos en el otro extremo de la mayoría.
En Junts aseguran que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está estudiando sus propuestas «para afrontar la crisis de la vivienda». Sostienen además que estas «pueden reunir el apoyo necesario para su aprobación». La aritmética parlamentaria explica el interés del Gobierno, porque sin esos votos no hay mayoría posible. La paradoja resulta evidente. El partido que tumbó el decreto junto a la derecha y la ultraderecha es hoy el interlocutor imprescindible para rescatarlo.
Fricciones entre los socios
La búsqueda de ese acuerdo ha sentado de forma desigual entre el resto de aliados. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, considera un «error» que sea Junts «quien le establezca los límites en vivienda» al Gobierno. Por eso reclama una negociación previa entre las fuerzas de izquierda. EH Bildu, en cambio, admite que la aritmética es compleja. La formación se muestra dispuesta a aceptar cuestiones que no comparte con tal de sacar adelante el decreto ley.
Sumar ha elevado la presión en las últimas horas. Quiere que el texto se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros, junto a las medidas anticrisis para paliar la inflación. Confía también en el clima social que ya se percibe en las calles, con concentraciones como las del centro de Madrid tras el desalojo. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, exigió que el decreto vaya «ya» al Congreso y pidió que «cada cual que se retrate». Sánchez evitó comprometer una fecha.
El PP busca culpables
El PP no esperó para señalar al presidente. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, negó en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) que el decreto hubiera evitado el desalojo. «El último real decreto esto no lo hubiera arreglado», afirmó antes de participar en Alcorcón en un acto con vecinos afectados por la okupación. Su argumento es técnico. Según Gamarra, el texto se dirigía a los arrendamientos sujetos a la ley de 1994, y el contrato de Maricarmen es anterior.
Ese matiz tiene base. El alquiler se firmó en los años cincuenta. Maricarmen se subrogó en él tras la muerte de su padre, en los sesenta, y de nuevo tras la de su madre, a principios de este siglo. Los tribunales concluyeron que el contrato de renta antigua se había extinguido tras esas sucesivas subrogaciones, de modo que no se trata de un desahucio por impago. Gamarra, sin embargo, fue más allá del argumento jurídico y atribuyó lo ocurrido a «un profundo fracaso en la política de vivienda» de Sánchez durante los últimos ocho años.
El razonamiento del PP omite una parte decisiva del caso. La Ley por el Derecho a la Vivienda establece mecanismos para que los juzgados comuniquen estas situaciones a las administraciones competentes, que deben valorar medidas de protección. La búsqueda de un techo alternativo depende de los servicios sociales y de las políticas de vivienda autonómicas y municipales, que en Madrid están en manos del PP. Maricarmen salió de su casa sin realojo.
«No descartamos nada», dijo Sánchez desde Nueva York, antes de subrayar que su Gobierno «siempre da respuesta a las tragedias sociales». Añadió que necesita «también el compromiso del Parlamento». Ese compromiso pasa hoy por un partido que votó con la derecha y la ultraderecha, y por unos socios que discuten si la prioridad es el acuerdo con Junts o la unidad de la izquierda. Mientras tanto, el caso de Maricarmen se ha convertido en el rostro de un bloqueo que dura ya desde antes del verano.
