El Ejecutivo prepara un nuevo paquete de ayudas para responder a una inflación que alcanzó el 4,3% en agosto, impulsada especialmente por los carburantes. La escalada del gas amenaza ahora con trasladarse con mayor intensidad a la electricidad durante el invierno. Economía negocia con el sector energético y estudia distintas medidas, entre ellas una posible recuperación de la excepción ibérica.
El Gobierno prepara nuevas medidas para contener el impacto de la energía sobre los precios después de que la inflación alcanzara el 4,3% en agosto, su nivel más elevado desde 2023. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles que el próximo Consejo de Ministros, previsto para el 29 de septiembre, aprobará un nuevo decreto de ayudas antes de que expire buena parte del escudo desplegado para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.
El deterioro se explica principalmente por la energía. Los carburantes y combustibles se encarecieron un 21,3% interanual en agosto, con una subida del 30,3% para el gasóleo y del 16,9% para la gasolina. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se situó en el 2,9%, muy por debajo del índice general. La electricidad empieza ahora a añadir presión. Durante los primeros veinte días de septiembre, el mercado mayorista registró un precio medio de 141,03 euros por megavatio hora (MWh), frente a 59,65 euros durante el mismo periodo de 2025.
El gas vuelve a trasladarse a la electricidad
El funcionamiento del mercado mayorista explica parte del problema. Cuando disminuye la producción fotovoltaica, especialmente al terminar las horas de sol, las centrales de ciclo combinado que utilizan gas pueden convertirse en la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda. En el sistema marginalista, su precio determina entonces lo que cobran también otras tecnologías que participan en el mercado, como la nuclear, la hidráulica o determinadas renovables.
Las perspectivas para los próximos meses han aumentado la preocupación. Un escenario elaborado por la consultora Tempos Energía calcula que, si las tensiones en el estrecho de Ormuz persisten y el invierno es frío, el gas podría alcanzar los 105 euros/MWh y la electricidad situarse entre 172 y 189 euros/MWh. No es una previsión oficial ni un escenario inevitable. Con temperaturas más suaves y mayor producción eólica, la misma consultora contempla precios sensiblemente inferiores.
Economía reconoce que está negociando con las empresas energéticas y Transición Ecológica admite la necesidad de estudiar nuevas actuaciones. El Gobierno dispone de alternativas que van desde modificaciones fiscales hasta una intervención más profunda en el funcionamiento del mercado. Entre las opciones figuran reducir nuevamente el IVA de la electricidad, utilizar los ingresos procedentes de los derechos de emisión de CO₂ para sufragar peajes y cargos o actuar sobre la tarifa regulada del gas.
La excepción ibérica, de nuevo sobre la mesa
La alternativa de mayor alcance sería recuperar alguna variante de la denominada excepción ibérica, reclamada por Sumar y Comisiones Obreras (CC OO). El mecanismo aplicado por España y Portugal durante la crisis energética iniciada en 2022 establecía un límite al precio del gas utilizado para generar electricidad y compensaba posteriormente a las centrales de ciclo combinado. El objetivo era impedir que el encarecimiento extraordinario del combustible se trasladara íntegramente al conjunto del mercado eléctrico.
La situación actual presenta, sin embargo, diferencias sustanciales. Las renovables representan alrededor de la mitad de la generación eléctrica y durante numerosas horas de elevada producción fotovoltaica registran precios muy bajos, incluso negativos. Posteriormente recuperan ingresos cuando el gas entra en el mercado y eleva el precio marginal. Limitar de nuevo ese efecto reduciría también la remuneración de tecnologías que no utilizan gas.
Las compañías eléctricas cuestionan precisamente que concurran las condiciones que justificaron aquella intervención. La patronal Aelec, que agrupa entre otras a Iberdrola, Endesa y EDP, sostiene que la situación actual es diferente de la provocada por la invasión rusa de Ucrania y recuerda que cualquier nuevo mecanismo tendría que ajustarse a las reglas europeas. El Gobierno no ha anunciado por ahora que vaya a recuperar la excepción ibérica y la mantiene entre las posibilidades sometidas a estudio.
Un nuevo escudo antes del 30 de septiembre
La discusión energética forma parte de una revisión más amplia del escudo anticrisis. El pasado 17 de septiembre, Cuerpo reunió a los agentes sociales para estudiar qué medidas deberían mantenerse después del 30 de septiembre. El ministro aseguró que el Gobierno seguiría acompañando a las familias y prestaría especial atención a los sectores más expuestos, entre ellos el transporte y el agroalimentario.
Las propuestas planteadas durante aquellas conversaciones son diferentes. Yolanda Díaz reclamó prolongar las ayudas, establecer un gravamen temporal sobre el refino, limitar los alquileres y recuperar la excepción ibérica. CC OO defendió intervenir los precios energéticos y de los carburantes y propuso una prestación de al menos 300 euros para las rentas inferiores a la media. UGT pidió revisar el salario mínimo para compensar la pérdida de poder adquisitivo. CEOE y Cepyme reclamaron mantener apoyos dirigidos especialmente a los sectores electrointensivos y gasintensivos y actuar sobre fiscalidad, peajes y otros costes energéticos.
El Ejecutivo estudia también una actuación europea sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Cuerpo ha pedido a la Comisión Europea que analice si la actual crisis está generando ganancias excepcionales que permitan justificar un gravamen coordinado y destinar la recaudación a hogares y empresas. España comparte esta propuesta con otros países de la Unión.
La decisión inmediata llegará el 29 de septiembre. Cuerpo ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará ese día el nuevo decreto antes de que caduquen las medidas vigentes. El contenido concreto continúa negociándose con agentes sociales y sectores afectados. Entre las cuestiones todavía abiertas están qué ayudas se prorrogarán, qué colectivos serán sus beneficiarios y si el Ejecutivo optará finalmente por intervenir directamente en el mercado eléctrico o recurrirá a instrumentos fiscales y ayudas específicas.
