El Gobierno tramita la prolongación del espigón del Tarajal y una red marina de alta resistencia para impedir entradas a nado y bajo el agua. Las actuaciones costarán alrededor de nueve millones de euros y convertirán en permanente el dispositivo instalado provisionalmente tras la crisis, mientras España y Marruecos mantienen reforzada la vigilancia ante nuevas convocatorias difundidas en redes sociales.
La frontera marítima entre Ceuta y Marruecos cambiará sustancialmente después de la entrada masiva del 30 de julio. El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para prolongar mar adentro el espigón del Tarajal e instalar un sistema permanente de contención que alcance también el fondo marino. Las actuaciones previstas rondan los nueve millones de euros y sustituirán la solución provisional instalada inmediatamente después de la crisis.
El proyecto responde a una vulnerabilidad que quedó expuesta durante aquellas jornadas, cuando una parte importante de las entradas se produjo a través de la playa y por mar. Pero también tiene una dimensión jurídica. Interior instaló el pasado agosto una barrera neumática para adaptar el dispositivo fronterizo a una sentencia del Tribunal Supremo que había delimitado cuándo puede aplicarse el rechazo en frontera a las personas que intentan acceder a Ceuta nadando.
Una prolongación de 115 metros y una barrera submarina
La primera fase prevista prolongará el espigón 15 metros mar adentro mediante tres tramos cimentados sobre pilotes. Sobre ellos se instalará un cerramiento de malla antitrepa rematado con peines curvos invertidos. En una segunda fase se añadirán otros 100 metros mediante la construcción de un dique vertical. El coste estimado de ambas actuaciones asciende a unos siete millones de euros.
A esa infraestructura se sumará un sistema de balizamiento flotante del que penderá una red de alta resistencia hasta el fondo marino. Interior pretende impedir de este modo que la delimitación pueda sortearse buceando o nadando por debajo de las barreras superficiales. Esta segunda actuación está presupuestada en aproximadamente dos millones de euros.
La obra necesita informes favorables de la Ciudad Autónoma y de otros organismos estatales por razones de seguridad. Una vez completada, la frontera marítima del Tarajal contará por primera vez con un dispositivo diseñado específicamente para impedir tanto el paso en superficie como el sumergido.
La sentencia que obligó a modificar la frontera
La transformación tiene su origen inmediato en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 8 de julio. El tribunal estableció que el régimen especial de rechazo en frontera previsto por la Ley de Extranjería para Ceuta y Melilla no podía aplicarse a quienes llegaran nadando cuando no existiera un elemento físico de contención que hubieran tenido que superar previamente. Interior respondió instalando una barrera neumática y boyas que permitieran delimitar materialmente el espacio fronterizo.
Aquella solución nació con carácter provisional y ha mostrado además problemas prácticos. Varios tramos de la boya aparecieron desinflados esta semana, una incidencia que, según las informaciones disponibles, se ha repetido desde su instalación. El Gobierno ceutí considera que el deterioro era previsible por las características de este tipo de elementos flotantes y por la experiencia de la ciudad con infraestructuras semejantes.
La futura infraestructura pretende resolver simultáneamente ambas cuestiones. Interior busca disponer de una barrera físicamente más resistente y, al mismo tiempo, adaptar la actuación policial en el mar a los requisitos establecidos por el Supremo. El resultado será una modificación permanente de un tramo fronterizo cuya configuración apenas había variado pese al aumento de los intentos de entrada por mar.
Vigilancia reforzada a ambos lados
Las obras se anuncian mientras Ceuta vuelve a permanecer en alerta por convocatorias difundidas en redes sociales. España mantiene desplegadas unidades policiales adicionales y Marruecos ha reforzado también su dispositivo. Las estimaciones publicadas sitúan en hasta 3.000 los policías y militares desplegados en el lado marroquí, donde se han colocado asimismo vallas metálicas en la playa que penetran varios metros en el agua.
En Ceuta permanecen movilizados efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. La vigilancia se concentra especialmente en El Tarajal y Benzú y en los movimientos detectados al otro lado de la frontera. Las autoridades españolas observan además con atención la circulación de mensajes que convocan nuevos intentos de entrada, aunque la existencia de esos llamamientos no permite por sí misma anticipar una movilización de las dimensiones registradas en julio.
La reforma del Tarajal convierte así una respuesta inicialmente provisional en una transformación estructural de la frontera. Los nueve millones previstos se destinarán a prolongar físicamente el espigón y cerrar también el paso bajo el agua, mientras la cooperación policial con Marruecos vuelve a ser sometida a prueba apenas dos meses después de la mayor entrada irregular registrada en Ceuta.
