El caso de la mujer de 87 años expulsada del piso donde vivía desde 1956 concentra varios de los conflictos que atraviesan la vivienda madrileña: transformación de inmuebles residenciales en activos de inversión, alquileres elevados, un parque público limitado y dos modelos políticos enfrentados sobre cómo intervenir el mercado. Claves para entender lo ocurrido.
Maricarmen Abascal es un caso singular por su edad, por las características de su contrato de renta antigua y por haber permanecido 71 años en la misma vivienda. Pero el itinerario del inmueble —de una propiedad familiar a sucesivas sociedades inmobiliarias— y la imposibilidad de encontrar una solución habitacional antes del lanzamiento conectan su historia con problemas que exceden su situación personal.
Madrid es además uno de los mercados residenciales más tensionados de España. El Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler sitúa la renta media declarada de una vivienda colectiva en la capital en 868,8 euros mensuales en 2024, solo por debajo de San Sebastián y Barcelona entre las grandes ciudades analizadas. Son datos tributarios y, por tanto, reflejan contratos existentes, no necesariamente los precios significativamente superiores que afronta quien busca actualmente una vivienda.
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De hogar familiar a activo inmobiliario
El piso de Maricarmen permite observar a pequeña escala la transformación experimentada por una parte del mercado residencial. Su padre firmó el contrato en 1956. Décadas después, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación Real Estate. A Maricarmen se le ofreció en 2020 adquirir su vivienda por 247.000 euros. No disponía de ese dinero y el inmueble acabó posteriormente en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión. La nueva propiedad reclamó una renta de 2.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 500 que venía pagando.
Distintos medios y organizaciones de inquilinos califican a Urbagestión como «fondo buitre», pero los datos disponibles solo permiten identificar a la propietaria como una sociedad mercantil, no como un fondo de inversión en sentido jurídico. El fenómeno relevante no depende de esa etiqueta. El edificio pasó de una relación arrendaticia mantenida durante décadas a formar parte de operaciones empresariales en las que la rentabilidad del activo adquiere un peso central. Incluso una donante dispuesta a completar íntegramente los 2.650 euros reclamados no consiguió evitar el lanzamiento.
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Madrid y un mercado donde la vivienda atrae grandes inversiones
La presión residencial convive en Madrid con una estrategia económica que busca atraer inversión inmobiliaria. La víspera del desahucio, Isabel Díaz Ayuso participó precisamente en The District, un encuentro internacional de inversión celebrado en IFEMA con más de 15.000 profesionales y 360 empresas. Allí presentó a inversores las políticas regionales y defendió que las medidas de su Gobierno facilitarán el acceso a una vivienda a más de 480.000 personas y sentarán las bases para desarrollar más de 300.000 inmuebles durante los próximos quince años.
Ese modelo es objeto de una fuerte disputa política y social. Colectivos de vivienda protestaron ante la feria y acusaron a grandes inversores de convertir los pisos en activos financieros y al Gobierno regional de favorecer esa dinámica. El problema de precios, en cambio, está documentado. Los datos oficiales sitúan Madrid entre las ciudades con alquileres medios más altos del país. El contraste entre una región atractiva para el capital inmobiliario y las dificultades de acceso a la vivienda constituye precisamente uno de los ejes del debate madrileño.
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El PP vendió casi 4.800 viviendas públicas a fondos de inversión
La escasez actual de vivienda pública en Madrid tiene un antecedente especialmente controvertido. En 2013, dos administraciones gobernadas por el PP vendieron casi 4.800 viviendas públicas a inversores privados. El Ayuntamiento, entonces dirigido por Ana Botella, la mujer del expresidente José María Aznar, vendió 1.860 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), repartidos en 18 promociones, a sociedades vinculadas a Blackstone. La operación ascendió a 128,5 millones de euros incluyendo locales, garajes y otros inmuebles. El propio Ayuntamiento presentó entonces la venta como una forma de obtener recursos para continuar sus políticas sociales.
La operación fue cuestionada posteriormente por una comisión de investigación municipal. Su dictamen, aprobado en 2018, concluyó que la venta había incumplido la legalidad y la función social de la EMVS. La investigación se centró en la transmisión de las 1.860 viviendas a Fidere, sociedad vinculada a Blackstone, y derivó en acciones para reclamar responsabilidades a antiguos gestores municipales. La venta adquirió además especial relevancia por la posterior revalorización de los inmuebles y por haber reducido de una sola vez el parque de alquiler público de la capital.
Ese mismo año, la Comunidad presidida por Ignacio González protagonizó otra operación de gran magnitud. El antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 32 promociones, integradas por 2.935 viviendas protegidas, a una sociedad vinculada a Azora. Las dos operaciones muestran que la pérdida de vivienda pública madrileña no fue únicamente consecuencia de la falta de construcción. Durante los gobiernos del PP se tomó también la decisión política de desprenderse de miles de pisos que ya pertenecían al sector público y estaban destinados fundamentalmente al alquiler de familias con recursos limitados.
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Un parque público insuficiente para las necesidades de Madrid
La Comunidad de Madrid ha vuelto a incrementar la construcción de vivienda social. La Agencia de Vivienda Social prevé finalizar 543 pisos en 2026 y alcanzar 2.100 nuevas viviendas para familias vulnerables durante la legislatura, con una inversión prevista de 250 millones. Con estas promociones, el Gobierno regional calcula que su parque público superará las 25.000 viviendas. A ellas se suma el Plan Vive, basado en suelo público y colaboración público-privada, que había entregado 6.419 viviendas de alquiler asequible hasta septiembre de 2026 y prevé alcanzar 16.500. Estas últimas, sin embargo, no forman parte del parque social convencional de la Agencia de Vivienda Social.
Las cifras permiten dimensionar el alcance de estas políticas. Los 2.100 nuevos pisos sociales previstos para toda la legislatura representan un incremento inferior al 10% respecto del parque autonómico existente. El presupuesto regional de 2026 destina 116,6 millones a construcción de vivienda social y prevé entregar 704 viviendas durante el ejercicio. El Gobierno de Ayuso ha optado por complementar esa producción pública directa con fórmulas de colaboración privada, movilización de suelo, vivienda protegida y avales para la compra. Es una estrategia sustancialmente diferente de una expansión masiva de un parque público permanente de alquiler.
El contraste resulta especialmente relevante ante las situaciones de mayor vulnerabilidad. La propia Comunidad reconoce el desahucio como una circunstancia de «especial necesidad» para acceder a una vivienda pública y dispone de procedimientos específicos para estos casos, aunque su resolución puede prolongarse hasta seis meses. El desahucio de Maricarmen expone los límites prácticos de esa red. Madrid dispone de mecanismos de emergencia, construye nuevas promociones y anuncia miles de viviendas asequibles, pero una mujer de 87 años, con problemas de movilidad y a punto de perder la casa en la que llevaba 71 años, llegó al lanzamiento sin que ninguna de esas herramientas le proporcionara una alternativa que evitara su salida en camilla.
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El desahucio expone un laberinto de responsabilidades políticas
Reducir el caso a una única Administración tampoco explica lo ocurrido. La orden procedía de un juzgado. La Policía Nacional, dependiente del Estado, ejecutó el dispositivo requerido por la comisión judicial. El Ministerio de Vivienda sostiene que trató de comprar el piso mediante CASA 47 y respaldó la petición de suspensión cautelar formulada ante Naciones Unidas. El Ayuntamiento asegura que ofreció alojamiento y ayuda para buscar vivienda, aunque Maricarmen niega haber recibido directamente algunas de esas propuestas.
El caso ha hecho visibles también las diferencias políticas sobre las soluciones. El Gobierno de Ayuso apuesta por ampliar la oferta y el parque protegido. El Ejecutivo central defiende una mayor intervención frente a determinados comportamientos especulativos, si bien sus socios de Sumar, Podemos y ERC le reprochan no haber llegado suficientemente lejos. Sumar recordó este miércoles que una proposición para restringir compras residenciales especulativas por empresas no superó recientemente su tramitación parlamentaria y criticó también al PSOE. Mientras esas estrategias se enfrentaban en Madrid y en el Congreso, la comisión judicial ejecutaba el lanzamiento y Maricarmen abandonaba en camilla la casa donde vivía desde 1956.
