La ciudad autónoma continúa afrontando las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio mientras se prepara ante nuevas convocatorias fronterizas. El Gobierno promete reubicar «en semanas» a quienes siguen fuera de los recursos de acogida, el Defensor del Pueblo reclama protección urgente para los menores y Albares abordará con Marruecos el retorno de quienes permanecen irregularmente en Ceuta.
Casi dos meses después de la entrada masiva de finales de julio, más de 3.000 migrantes continúan en las calles de Ceuta. Mientras España y Marruecos refuerzan la frontera ante las nuevas convocatorias difundidas para coincidir con las elecciones marroquíes, la ciudad todavía no ha resuelto las consecuencias de la crisis anterior. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calcula que alrededor de 3.000 personas permanecen fuera de los dispositivos de acogida y asegura que podrán ser reubicadas «en semanas». El Ministerio del Interior eleva la estimación hasta unas 3.500.
La situación incluye realidades jurídicas muy diferentes. Entre quienes permanecen en Ceuta hay adultos pendientes de identificación o de procedimientos de extranjería, solicitantes de protección internacional y menores cuya edad, identidad y circunstancias familiares deben determinarse antes de decidir su futuro. El Gobierno sostiene que unas 2.500 personas adultas y alrededor de 2.400 menores han sido ya identificados para tramitar los correspondientes procedimientos.
El Defensor pide actuar con los menores
La situación de los menores ha provocado este martes la intervención del Defensor del Pueblo. La institución asegura haber recibido «numerosas quejas» relacionadas con la crisis y reclama una «protección efectiva urgente» para los niños y adolescentes no acompañados que todavía se encuentran en las calles de Ceuta.
El problema comienza por determinar quiénes son realmente menores. Interior está realizando procesos de filiación y determinación de edad y pretende aumentar hasta 50 diarios los procedimientos correspondientes a este colectivo. El Gobierno ha reprochado a las autoridades ceutíes que la falta inicial de un representante legal ralentizara la tramitación, una acusación que se incorpora al enfrentamiento político que mantienen ambas administraciones sobre la gestión de la crisis.
La identificación resulta decisiva porque no existe una única respuesta para todos los menores. Cualquier reagrupación familiar o retorno debe someterse a las garantías específicas de protección de la infancia. La alternativa para quienes no puedan ser reagrupados pasa por su incorporación al sistema de protección y, en su caso, su traslado a otras comunidades autónomas, una posibilidad a la que se oponen el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El debate político sobre los retornos convive así con una situación de emergencia que todavía afecta a miles de personas. La visita de Feijóo a Ceuta, acompañado por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, volvió a colocar el acento en las repatriaciones y en la necesidad de implicar más a la Unión Europea. El propio líder popular reconoció las dificultades para convertir esa propuesta de «europeización» en una respuesta inmediata a la situación existente sobre el terreno.
Retornos, asilo y acogida
El Gobierno confía en reducir progresivamente el número de personas que continúan fuera de los recursos. Parte de quienes entraron en julio regresaron a Marruecos inmediatamente y desde entonces continúan produciéndose retornos. La dificultad reside en resolver la situación de quienes permanecen en Ceuta y distinguir entre aquellos que deben abandonar España y quienes tienen derecho a permanecer en el país.
Interior sostiene que el reconocimiento de protección internacional a ciudadanos marroquíes es muy reducido y considera que buena parte de los adultos deberán finalmente abandonar España. Pero la resolución de cada expediente requiere identificación y tramitación administrativa. Marlaska anunció durante su visita a Ceuta que se realizan actualmente 105 triajes diarios y que el Gobierno pretende acelerar el ritmo.
La magnitud de la crisis ha obligado además a preparar infraestructuras permanentes. Interior proyecta un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Ceuta con capacidad para 800 personas, dentro de un programa financiado con fondos europeos que contempla una instalación equivalente en Melilla. Su función será concentrar los procesos de identificación y triaje para agilizar posteriormente los procedimientos correspondientes.
La presión sobre los recursos continúa mientras tanto. El Gobierno ha habilitado instalaciones provisionales, pero miles de personas han permanecido durante semanas en playas, calles y asentamientos improvisados. La operación desarrollada el 18 de septiembre permitió trasladar a parte de ellas a instalaciones temporales, aunque la capacidad disponible no permitió retirar a todas de la calle.
Albares lleva los retornos a la reunión con Marruecos
La situación de quienes permanecen en Ceuta llegará también esta semana a la relación bilateral con Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado una reunión presencial en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, durante la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas. Uno de los asuntos será precisamente el retorno de los migrantes que siguen en la ciudad autónoma.
La conversación se produce además cuando ambos países intentan impedir una nueva entrada coincidiendo con las elecciones marroquíes del 23 de septiembre. Las autoridades españolas han reforzado la frontera y aseguran mantener un intercambio de información con Marruecos sobre las convocatorias que circulan por las redes sociales.
El Gobierno afronta así simultáneamente dos operaciones distintas en Ceuta. En la frontera intenta prevenir otra entrada masiva, mientras dentro de la ciudad acelera identificaciones, retornos y procedimientos de protección para reducir el número de personas que permanecen fuera de los recursos. El compromiso anunciado por Torres sitúa el próximo plazo en «semanas», mientras el Defensor del Pueblo reclama que, en el caso de los menores que continúan en la calle, la protección sea inmediata.
