El presidente ceutí eleva su enfrentamiento con el Ejecutivo y califica de «incomprensible e inaceptable» su actuación durante la entrada masiva de julio. Sus acusaciones llegan después de asegurar que Moncloa le pidió que dejara de llamar cuando advertía de la presión fronteriza y en plena disputa entre ambas administraciones por la gestión de los menores y los retornos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado este martes un nuevo peldaño su enfrentamiento con el Gobierno por la gestión de la entrada masiva de finales de julio. El dirigente popular ha apuntado ahora a la posibilidad de que existan «razones ocultas e inconfesables» que expliquen lo que considera un comportamiento «incomprensible e inaceptable» del Ejecutivo durante la crisis fronteriza. Vivas no ha concretado cuáles serían esas supuestas razones y las presenta como una posibilidad, no como un hecho acreditado.
La acusación culmina varias semanas de deterioro de las relaciones entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central. El presidente ceutí sostiene que advirtió reiteradamente de la creciente presión sobre la frontera antes de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. El pasado 11 de septiembre aseguró incluso que desde Moncloa le pidieron «que no llamara más» porque estaba insistiendo demasiado sobre el riesgo de una crisis.
De las advertencias al enfrentamiento abierto
La controversia adquirió una dimensión mayor después de la desclasificación de documentación de inteligencia sobre los días anteriores a la entrada. Esos documentos provocaron nuevas discrepancias acerca de qué información llegó a las distintas autoridades y en qué momento. Vivas cuestionó que el delegado del Gobierno en Ceuta no hubiera tenido conocimiento de determinados avisos trasladados por el Centro Nacional de Inteligencia a su entorno.
El presidente ceutí también ha mantenido desde el inicio que una operación de semejante magnitud difícilmente podía producirse sin conocimiento de las autoridades marroquíes. El Gobierno español ha evitado atribuir públicamente a Rabat la organización de la entrada y ha preservado la cooperación bilateral, que considera indispensable tanto para controlar la frontera como para gestionar los retornos.
Las nuevas declaraciones de Vivas van más allá de ese desacuerdo. Al hablar de posibles motivos «ocultos e inconfesables» introduce una sospecha sobre la actuación del Ejecutivo sin aportar elementos que permitan determinar qué razones serían esas. La acusación se produce mientras la Audiencia Nacional investiga las circunstancias de la entrada masiva y ha reclamado información a diferentes organismos policiales, de inteligencia y militares para reconstruir su preparación y desarrollo.
El enfrentamiento también ha adquirido una dimensión partidista. Alberto Núñez Feijóo visitó nuevamente Ceuta acompañado por Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, para reclamar una mayor implicación comunitaria y acelerar los retornos. Vivas y Feijóo han rechazado el traslado a la Península de los menores que puedan ser acogidos por otras comunidades y reclaman que se priorice su reagrupación familiar en Marruecos.
Los menores agravan el choque institucional
El Gobierno responde que la situación de los menores no puede resolverse mediante devoluciones automáticas. Los procedimientos exigen identificación, determinación de edad y valoración individual de las circunstancias familiares y del interés superior de cada menor. Interior sostiene que unas 2.400 personas identificadas como menores están siendo sometidas a estos procedimientos y reprocha a Ceuta haber retrasado inicialmente su tramitación por no designar un representante legal.
La disputa ha cobrado todavía mayor relevancia este martes después de que el Defensor del Pueblo informara de que ha recibido «numerosas quejas» sobre la crisis y reclamara una protección «urgente» para los menores no acompañados que continúan en las calles.
La posición de Vivas coincide en este punto con la estrategia defendida por la dirección nacional del PP. Feijóo insiste en que Marruecos debe aceptar los retornos y ha acusado al Gobierno de permitir que la crisis se «cronifique». El Ejecutivo, por el contrario, defiende los traslados cuando procedan como una de las herramientas previstas para aliviar la presión sobre Ceuta.
La tensión ha llegado también a la relación personal entre responsables institucionales. La visita de Fernando Grande-Marlaska a Ceuta para supervisar el dispositivo fronterizo no incluyó una reunión con Vivas. Interior lo atribuyó a problemas de agenda, en un momento en el que el ministro anunciaba la aceleración de los procesos de identificación y defendía la actuación del Gobierno desde la entrada de julio.
Feijóo incorpora Ceuta a su ofensiva política
El PP ha aumentado su presencia política en la ciudad durante las últimas semanas. Feijóo ha viajado cuatro veces a Ceuta desde la crisis y en su última visita estuvo acompañado por Weber. El objetivo declarado es trasladar la cuestión al ámbito comunitario y presentar la frontera ceutí como una frontera europea, aunque el propio Feijóo ha reconocido las dificultades jurídicas y políticas que presenta esa estrategia.
El Gobierno, entretanto, sostiene que está acelerando los procedimientos administrativos y negociando con Marruecos los retornos. Albares tiene previsto reunirse esta semana en Nueva York con Naser Burita para abordar expresamente la situación de quienes permanecen en Ceuta.
Las acusaciones de Vivas mantienen abierto otro frente distinto. El presidente ceutí reclama explicaciones sobre la información disponible antes del 30 de julio y sobre la respuesta del Gobierno durante las primeras horas de la crisis. Su referencia a posibles «razones ocultas e inconfesables» añade ahora una acusación política que el propio Vivas no ha acompañado de pruebas concretas y que se incorpora a una disputa institucional todavía pendiente de esclarecer qué conocía cada administración antes de que la frontera quedara desbordada.
