La jueza María Tardón encarga a estructuras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y organismos de inteligencia, incluido el CNI, reconstruir la entrada de decenas de miles de personas del 30 y 31 de julio. La investigación busca determinar quién pudo organizar y financiar la movilización, el posible papel de agentes marroquíes y qué información manejaban previamente los servicios españoles.
La Audiencia Nacional ha puesto en marcha una investigación de una amplitud excepcional para tratar de esclarecer cómo se organizó la entrada masiva en Ceuta del 30 y 31 de julio. La jueza María Tardón ha movilizado a una docena de unidades y estructuras de la Policía Nacional, seis de la Guardia Civil y tres organismos de inteligencia para reconstruir lo ocurrido. Entre los destinatarios de sus requerimientos figuran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Estado Mayor de la Defensa, además de una empresa privada especializada en el análisis mediante inteligencia artificial de imágenes satelitales.
Las diligencias, solicitadas por la Fiscalía, pretenden responder a varios de los grandes interrogantes abiertos desde aquella crisis. Tardón quiere conocer quién pudo planificar y coordinar el movimiento, cómo se trasladaron decenas de miles de personas hasta la frontera, si existió una estructura de financiación, qué papel desempeñaron las redes sociales y si intervinieron agentes marroquíes. Pero la investigación también mira hacia el lado español. La magistrada reclama las alertas, informes y comunicaciones manejados antes del cruce para determinar qué conocían los diferentes organismos y cómo circuló esa información.
Quién organizó y financió la movilización
Buena parte de las diligencias se dirige a reconstruir una posible organización previa. La Comisaría General de Información deberá investigar personas, grupos u organizaciones con capacidad para planificar y coordinar una movilización de semejante magnitud. El mismo cometido reciben diferentes estructuras de Extranjería, a las que Tardón solicita además las alertas, informes, comunicaciones, correos electrónicos y documentación operativa que manejaron entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) tendrá un papel central. Esta unidad ya elaboró en agosto un informe que hablaba de una «organización digital» de la entrada. Ahora deberá profundizar en ella e identificar teléfonos, perfiles, geolocalizaciones y relaciones entre los usuarios de las cuentas implicadas. También tendrá que investigar quién pudo planificar y coordinar el traslado de las personas hasta la frontera.
La Audiencia Nacional quiere averiguar igualmente si detrás del movimiento existió una estructura financiera. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) deberá analizar posibles movimientos de dinero, incluido el eventual empleo de hawala, un sistema informal de transferencias que opera fuera de los circuitos bancarios convencionales. También investigará la logística utilizada para trasladar migrantes hacia Ceuta. Dependiendo de sus conclusiones, la jueza contempla recurrir al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
La Guardia Civil investigará esa misma vertiente de manera independiente. Tardón ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) un informe sobre el posible origen de la financiación. A la Jefatura de Información le reclama además un análisis sobre eventuales organizadores y sobre episodios anteriores que puedan resultar comparables, incluida la crisis fronteriza de mayo de 2021.
El posible papel de agentes marroquíes
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación afecta a Marruecos. El CENIF sostuvo en su informe de agosto que pudo existir un supuesto «guiado activo» de migrantes por parte de agentes marroquíes. La Audiencia Nacional pretende ahora comprobar esa hipótesis mediante diferentes herramientas policiales. Por el momento, la eventual participación de miembros de los servicios marroquíes constituye una línea de investigación y no un hecho acreditado judicialmente.
Tardón ha ordenado realizar estudios biométricos y de reconocimiento facial de los presuntos «dinamizadores» que aparecen en las fotografías y vídeos de aquellos días. No será una tarea exclusiva del CENIF. También participarán la Comisaría General de Policía Científica, la Comisaría General de Información y la Unidad Central de Inteligencia Criminal. La magistrada quiere que las imágenes se comparen con las bases de datos disponibles en organismos policiales internacionales como Interpol y Europol.
La investigación incorpora además fuentes de información que van más allá de las imágenes tomadas en la propia frontera. Tardón solicita al Estado Mayor de la Defensa fotografías satelitales de Ceuta y Fnideq, la antigua Castillejos, mientras una empresa privada deberá informar sobre las peticiones de imágenes de esa zona recibidas antes, durante y después de la crisis. La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad analizará, por su parte, la actividad digital y las posibles campañas desarrolladas en redes sociales.
Qué sabían los servicios españoles antes del cruce
Las diligencias abren también otro frente especialmente delicado. La Audiencia Nacional pretende reconstruir qué información tenían las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia españoles antes de que decenas de miles de personas alcanzaran Ceuta. Para ello no se limita a pedir informes elaborados después de los acontecimientos, sino que reclama la documentación generada durante las semanas que rodearon la crisis.
La Guardia Civil deberá entregar las alertas, informes y comunicaciones previas que pudieran advertir de lo que iba a suceder. La misma petición alcanza a estructuras de Policía Nacional, Extranjería y la Jefatura Superior de Ceuta. A esta última se le requieren además las grabaciones del sistema de videovigilancia fronteriza, especialmente las correspondientes a las inmediaciones del espigón del Tarajal, uno de los puntos utilizados durante la entrada.
El requerimiento al CNI es todavía más amplio. Tardón solicita al servicio de inteligencia toda la documentación de la que dispusiera sobre la situación en la frontera antes, durante y después de los acontecimientos. También le encarga analizar posibles organizadores y recopilar información sobre las campañas desarrolladas en redes sociales que pudieran haber influido en la movilización. Al Estado Mayor de la Defensa le exige las alertas, comunicaciones y evaluaciones de riesgo que hubiera elaborado, así como la identidad de sus destinatarios.
La investigación permitirá así reconstruir no solo cómo se produjo la entrada, sino también la cadena de información y de mando española durante aquellos días. La Dirección General de la Policía deberá identificar a los agentes que aparecen en vídeos y fotografías, precisar su unidad, rango y funciones y contribuir a trazar la cadena de mando operativa. Las diligencias ordenadas por Tardón colocan bajo examen judicial desde las primeras alertas hasta las decisiones adoptadas cuando la frontera quedó desbordada.
