Los socialistas estudian reformar la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera de quienes intenten entrar irregularmente en Ceuta o Melilla por vía marítima, después de que el Tribunal Supremo limitara esta posibilidad a los puntos con elementos físicos de contención. La crisis de Ceuta ha convertido ese vacío normativo en un problema inmediato y ha acelerado un endurecimiento de la política migratoria española.
El PSOE estudia reformar la Ley de Extranjería para permitir la devolución en frontera de quienes intenten entrar irregularmente a nado en Ceuta y Melilla, incluso cuando no hayan tenido que superar una barrera física. La iniciativa busca resolver el problema jurídico abierto por una sentencia del Tribunal Supremo conocida en julio, apenas unas semanas antes de la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas en Ceuta. La magnitud de aquella crisis convirtió una cuestión hasta entonces limitada a determinados casos fronterizos en un problema operativo para las fuerzas de seguridad y en un nuevo frente de la política migratoria del Gobierno.
El cambio todavía está en estudio y no existe un proyecto socialista formalizado. La señal política más clara la ofreció el diputado del PSOE Vicente Montávez, portavoz en la Comisión Mixta para la Unión Europea, durante una intervención en el Congreso. Montávez reconoció que existe un «vacío legal» que requiere modificar la legislación y preguntó al PP si apoyaría esa reforma. Los populares habían registrado el 16 de julio, antes de la crisis, su propia propuesta para ampliar el rechazo en frontera a las personas interceptadas en la línea fronteriza terrestre o marítima de Ceuta y Melilla.
Una sentencia cambió las reglas
El problema procede de la interpretación del régimen especial de rechazo en frontera incorporado en 2015 a la Ley de Extranjería. La norma permite rechazar a quienes sean detectados intentando superar los elementos de contención fronterizos de Ceuta o Melilla. El Tribunal Supremo concluyó que esa formulación no permite aplicar automáticamente el mismo procedimiento a cualquier intento de entrada irregular por tierra o mar. Resulta determinante la existencia de una barrera física que la persona esté intentando franquear.
El caso que originó la doctrina afectaba a un ciudadano argelino interceptado en alta mar en noviembre de 2024 cuando intentaba llegar a nado a Ceuta junto a otras dos personas. Fue entregado directamente a las autoridades marroquíes sin un procedimiento previo, asistencia de abogado ni posibilidad de solicitar protección internacional. El afectado recurrió y obtuvo pronunciamientos favorables tanto de un juzgado de Ceuta como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Supremo confirmó posteriormente que el rechazo excepcional previsto para Ceuta y Melilla no podía aplicarse en esas circunstancias.
La diferencia adquirió una dimensión completamente distinta tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Miles de personas alcanzaron Ceuta por vía marítima y las fuerzas de seguridad no podían devolverlas automáticamente aplicando el régimen especial cuando habían atravesado zonas sin elementos físicos de contención. La legislación ordinaria obliga en esos supuestos a tramitar los correspondientes procedimientos y respetar las garantías previstas para determinar, entre otras cuestiones, si existe derecho a solicitar protección internacional.
Una boya de 500 metros como solución provisional
El Ministerio del Interior reaccionó instalando una boya de unos 500 metros en el espigón de El Tarajal para prolongar la barrera marítima entre España y Marruecos. Melilla recibió una instalación similar de menor longitud. Entre los proyectos preparados después de la crisis figura también la ampliación estructural y permanente del espigón, dentro del refuerzo de las infraestructuras fronterizas que el Gobierno pretende desarrollar con financiación europea.
La solución física, sin embargo, no resuelve completamente el problema. Fuentes socialistas reconocen que siempre existirán tramos de la frontera marítima sin elementos de contención. Una persona que accediera a territorio español por uno de esos puntos seguiría quedando fuera del supuesto concreto establecido actualmente para el rechazo inmediato. De ahí que el PSOE considere necesario modificar la ley en lugar de confiar exclusivamente en la prolongación de las barreras.
El debate afecta además a las garantías que deben acompañar cualquier devolución. Ampliar los supuestos de rechazo no elimina las obligaciones derivadas de la legislación española y europea, el derecho a solicitar protección internacional o el principio de no devolución cuando una persona pueda sufrir persecución o un trato contrario a los derechos fundamentales. El alcance concreto de la reforma socialista dependerá, por tanto, de la redacción que finalmente se presente y de los procedimientos que establezca.
Ceuta acelera el endurecimiento migratorio
La propuesta encaja en un movimiento más amplio del Gobierno después de la crisis. El Consejo de Ministros presentó el 25 de agosto un anteproyecto para endurecer determinados aspectos de las leyes de extranjería y asilo en adaptación al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Ese texto, sin embargo, no abordaba específicamente las entradas a nado ni solucionaba la limitación jurídica señalada por el Supremo.
Fernando Grande-Marlaska ha trasladado el debate también a Bruselas. El ministro del Interior pidió al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, mecanismos que permitan acelerar los retornos y reducir los tiempos de tramitación de la protección internacional cuando un Estado miembro se enfrente a una crisis migratoria extraordinaria. La petición coincide con el nuevo marco planteado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para dotar a los Estados de mayor capacidad de respuesta ante episodios como el ocurrido en Ceuta.
La reforma de las entradas a nado añade ahora otra pieza a ese proceso. El PSOE tendrá que decidir si presenta su propia modificación de la Ley de Extranjería o utiliza la tramitación parlamentaria para acordar una fórmula con otros grupos. Mientras tanto, Interior mantiene la prolongación provisional de la barrera marítima de El Tarajal y proyecta ampliar el espigón de forma permanente. Ninguna de esas actuaciones modifica por sí misma la doctrina establecida por el Supremo, que seguirá vigente mientras no cambie la legislación.
