El negocio de los visados aleja a los turcos de la UE

19 septembre 2026 - 04:33

Turquía es el único país candidato a ingresar en la Unión Europea cuyos ciudadanos necesitan visado para viajar al espacio Schengen. La externalización de su gestión, la escasez de citas y la aparición de intermediarios que las capturan mediante bots han convertido el procedimiento en un negocio que puede multiplicar su coste. El creciente malestar añade otra dificultad a una relación entre Ankara y Bruselas ya deteriorada.

Conseguir un visado para viajar a la Unión Europea se ha convertido para muchos ciudadanos turcos en un proceso caro, lento y frustrante. Turquía es el único país candidato a la adhesión cuyos nacionales siguen necesitando visado para acceder al espacio Schengen. A las exigencias administrativas se suma ahora una dificultad más elemental: conseguir una cita para presentar la solicitud. La escasez de plazas y la actuación de intermediarios que las capturan mediante programas automatizados han creado un mercado paralelo en el que un trámite cuyo precio oficial ronda los 90 euros puede terminar costando varios cientos.

El problema tiene una dimensión considerable. Las legaciones de los países europeos en el extranjero recibieron 12,2 millones de solicitudes de visado durante 2025 y 1,2 millones procedieron de Turquía. La elevada demanda coincide con unos consulados que no disponen de recursos suficientes para tramitar directamente todas las peticiones. La solución adoptada por numerosos países europeos durante la pasada década fue externalizar una parte del procedimiento. La decisión final continúa correspondiendo a los consulados, pero buena parte de la relación cotidiana con los solicitantes ha quedado en manos de empresas privadas.

Un procedimiento público gestionado por empresas privadas

Dos compañías concentran buena parte de la actividad en Turquía. VFS Global, fundada en India y propiedad del fondo de inversión Blackstone, trabaja para diferentes países europeos. BLS International, también india, gestiona las solicitudes correspondientes a los consulados españoles. Sus funciones incluyen conceder las citas, comprobar que la documentación está completa, recoger las huellas dactilares y trasladar posteriormente los expedientes a los consulados para que estos decidan si conceden o rechazan el visado.

La privatización añade costes a un procedimiento que los ciudadanos turcos están obligados a realizar para viajar a Schengen. A los aproximadamente 90 euros de la tasa del visado se suman unos 25 euros por la gestión y diferentes servicios adicionales. BLS ofrece en Estambul, por ejemplo, una modalidad VIP que cuesta alrededor de otros 50 euros. Una ciudadana turca residente en España relata que utiliza habitualmente este servicio para gestionar los visados de sus padres, pese a que las demoras estuvieron a punto de impedirles llegar a tiempo a su boda.

El crecimiento del negocio resulta significativo. Una investigación periodística de Lighthouse sobre VFS sostiene que sus beneficios pasaron de 31 millones de euros en 2017 a 172 millones en 2024, mientras el número de visados tramitados aumentó únicamente un 15%. La investigación relaciona parte de esa evolución con la proliferación de servicios adicionales y señala también problemas en la protección de información privada detectados por varios gobiernos europeos. BLS, por su parte, está siendo investigada por la Audiencia Nacional en una causa sobre la supuesta concesión de visados a cambio de sobornos en el Consulado de España en Argel.

Los bots convierten las citas en mercancía

La externalización no ha solucionado el principal cuello de botella. VFS y BLS publican periódicamente en sus páginas las citas disponibles, pero muchas desaparecen en cuestión de minutos. Programas automatizados rastrean constantemente los sistemas y reservan las plazas en cuanto quedan libres. Detrás operan intermediarios que se presentan como consultoras, agencias turísticas o empresas de servicios y posteriormente ofrecen esas citas a quienes llevan semanas o meses intentando conseguirlas por los canales ordinarios.

El precio oscila entre 100 y 400 euros y se añade tanto a la tasa del visado como al coste de gestión de las empresas autorizadas. Un ciudadano turco que intentó durante meses conseguir una cita para viajar con su familia a Grecia terminó recurriendo este año a uno de esos intermediarios. Consiguió tramitar tres visados en tres semanas, pero pagó alrededor de 1.000 euros por el conjunto del procedimiento, casi cuatro veces el coste que habrían tenido sin esos servicios.

VFS y BLS rechazan ser responsables de estas prácticas y aseguran haber reforzado la seguridad de sus sistemas. Sin embargo, la posibilidad de reservar citas sin que sean desde el primer momento personales e intransferibles facilita su reventa. Las autoridades turcas han comenzado a actuar contra el mercado paralelo. El Ministerio de Comercio anunció en junio investigaciones contra seis empresas y una operación policial desarrollada en agosto contra varios intermediarios terminó con 49 detenidos. El problema, sin embargo, continúa.

Viajar a Europa se convierte en una carrera de obstáculos

La dificultad para conseguir una cita se añade a un procedimiento que numerosos ciudadanos turcos consideran excesivamente intrusivo. Los solicitantes deben entregar información detallada sobre cuentas bancarias, ingresos y gastos, seguros, documentación laboral y, en algunos casos, cartas de sus empleadores que acrediten que regresarán a su puesto de trabajo. Cumplir todos los requisitos tampoco garantiza la autorización para entrar en el espacio Schengen.

La proporción de solicitudes rechazadas ha aumentado además considerablemente. Hace una década se denegaba aproximadamente el 5% de los visados solicitados por ciudadanos turcos. Desde 2021 el porcentaje ronda el 15%. Ni los consulados ni las empresas encargadas de tramitar las solicitudes devuelven las cantidades abonadas cuando la respuesta es negativa. Se calcula que los turcos cuyos visados fueron rechazados han perdido por este motivo entre 90 y 200 millones de euros durante los últimos diez años.

La situación está deteriorando la percepción de la Unión Europea entre una población que mantiene intensos vínculos profesionales, educativos, familiares y turísticos con sus países. La frustración resulta mayor porque Turquía conserva formalmente su condición de candidata a la adhesión y la liberalización de los visados lleva una década formando parte de la complicada negociación entre Ankara y Bruselas.

Una promesa europea que sigue pendiente

La eliminación de los visados fue uno de los incentivos incluidos en el acuerdo migratorio negociado hace una década entre la Unión Europea y Turquía. No se trataba, sin embargo, de una concesión automática. Ankara debía cumplir una serie de condiciones antes de que sus ciudadanos pudieran viajar sin visado, entre ellas reformas que afectaban a su legislación antiterrorista. Cuando las negociaciones avanzaban, Recep Tayyip Erdogan rechazó modificar esa normativa en los términos reclamados por Bruselas y el proceso quedó bloqueado.

El presidente turco asegura actualmente que su país continúa interesado en ingresar en la Unión Europea, aunque reconoce que ya no constituye una prioridad. Para millones de ciudadanos, en cambio, la posibilidad de desplazarse a Europa mantiene una importancia inmediata. El eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor, relator del Parlamento Europeo para Turquía, critica que el Gobierno de Erdogan tampoco tenga incentivos suficientes para completar las reformas pendientes porque puede conceder pasaportes de servicio, que permiten viajar sin visado, a determinados ciudadanos.

Mientras la negociación política permanece estancada, la demanda continúa muy por encima de la capacidad del sistema. Empresas privadas gestionan buena parte del procedimiento, los consulados conservan la decisión final y redes de intermediarios aprovechan la escasez para vender el acceso a las citas. El resultado es que ciudadanos que quieren viajar a la Unión Europea por vacaciones, estudios, trabajo o razones familiares pueden pasar meses buscando una plaza o terminar pagando varios cientos de euros adicionales simplemente para presentar su solicitud.

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