El Ejecutivo prepara nuevas medidas para proteger a hogares y empresas ante el repunte de los precios provocado por la guerra contra Irán y abre la puerta a prolongar el escudo anticrisis que vence el 30 de septiembre. Economía apunta a concentrar los apoyos en los sectores más afectados, mientras Yolanda Díaz y los sindicatos reclaman una intervención más amplia sobre energía, carburantes, alquileres y poder adquisitivo.
El Gobierno prepara la continuidad de las ayudas destinadas a amortiguar el impacto económico de la guerra contra Irán después de que la inflación española alcanzara el 4,3% en agosto, su nivel más elevado desde febrero de 2023. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó tras reunirse con sindicatos y organizaciones empresariales que el Ejecutivo trabaja en nuevas medidas para seguir apoyando a las familias más allá del 30 de septiembre. Ese día termina la vigencia del actual escudo anticrisis, aunque todavía no se ha decidido si será prorrogado en su conjunto o sustituido por ayudas más selectivas.
El deterioro de la situación energética aumenta la presión para actuar. Los carburantes han sido los principales responsables del repunte de la inflación, mientras el gas se ha encarecido y comienza a trasladar sus efectos a la electricidad. Desde la ola de calor de julio, el mercado mayorista eléctrico se mueve por encima de los 100 euros por megavatio hora. El Gobierno ya reforzó en septiembre hasta los 20 céntimos por litro el descuento aplicado al diésel, pero el gasóleo acumula una subida interanual del 30,3% y la gasolina del 16,9%.
El escudo puede continuar después de septiembre
Economía evita por ahora comprometerse con una prórroga íntegra. Cuerpo aseguró que el Gobierno seguirá trabajando en las medidas del Plan de Respuesta para «acompañar y apoyar a las familias», pero señaló especialmente a los sectores profesionales más expuestos al nuevo escenario. Transporte y agroalimentación figuran entre las actividades que el Ejecutivo considera prioritarias por su dependencia directa de los combustibles y por la capacidad de los mayores costes energéticos para trasladarse posteriormente a otros precios.
La decisión deberá adoptarse en apenas unos días. El problema para el Ejecutivo es determinar hasta dónde extender unas medidas diseñadas inicialmente para amortiguar un shock exterior que está demostrando ser más prolongado de lo previsto. La inflación subió siete décimas solo en agosto y las previsiones anticipan un nuevo incremento en septiembre. Mantener las ayudas aliviaría parte del impacto inmediato sobre consumidores y empresas, pero prolongaría también su coste para las cuentas públicas.
La reunión celebrada en el Ministerio de Economía concentró a buena parte del área económica del Gobierno. Además de Cuerpo participaron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Frente a ellos estuvieron los responsables de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Cepyme, Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Díaz y los sindicatos reclaman nuevas medidas
Yolanda Díaz defendió un paquete más amplio que la mera continuidad de las ayudas existentes. Trabajo propone prorrogarlas, establecer un gravamen temporal sobre el sector del refino y limitar el precio del alquiler. La vicepresidenta plantea además intervenir sobre el poder adquisitivo, la distribución y la cesta de la compra y recuperar una excepción ibérica que permita contener los efectos de incrementos extraordinarios del precio del gas sobre la electricidad.
CC OO coincide en buena medida con ese planteamiento. Su secretario general, Unai Sordo, reclamó intervenir los precios de la energía y los carburantes y recuperar la excepción ibérica. El sindicato propone además una prestación de al menos 300 euros para las personas con ingresos inferiores a la renta media. Según sus cálculos, la medida podría alcanzar a unos diez millones de personas.
UGT concentra una de sus principales demandas en los salarios. Su secretario general, Pepe Álvarez considera necesario revisar el salario mínimo interprofesional porque el incremento pactado para este año, del 3,1%, ha quedado por debajo de una inflación que alcanza ya el 4,3%. CEOE y Cepyme también defienden mantener apoyos, aunque prefieren concentrarlos en los consumidores y sectores más perjudicados. Las patronales reclaman actuar sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad de electricidad y gas, los peajes y el tratamiento de los combustibles renovables, con especial atención a las empresas electrointensivas y gasintensivas.
El coste fiscal reduce el margen del Gobierno
La extensión del escudo tiene una contrapartida presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha empeorado una décima su previsión de déficit para este año, hasta situarla en el 2,7% del producto interior bruto (PIB). El cálculo supera el 2,1% previsto por el Gobierno y tiene entre sus causas la prolongación de las medidas destinadas a reducir las consecuencias económicas de la guerra, incluida la ampliación del descuento aplicado al diésel.
La AIReF señala además el crecimiento del gasto primario neto como uno de los principales riesgos para las cuentas públicas. El indicador se situaría en el 6,6% y acumularía un crecimiento del 16,8% entre 2024 y 2026, por encima del límite inferior al 13% comprometido para ese periodo. El marco fiscal europeo contempla una cláusula que permite absorber parte del gasto extraordinario relacionado con la defensa y la crisis energética, pero el organismo advierte de que el margen disponible es cada vez menor.
Economía deberá decidir entre mantener un escudo amplio o concentrar los recursos en los hogares, profesionales y sectores empresariales más expuestos al encarecimiento energético. Las propuestas planteadas por los diferentes participantes en la reunión tampoco forman todavía parte de un paquete aprobado. El calendario establece el límite inmediato: las medidas actualmente vigentes expiran el 30 de septiembre y el Gobierno deberá concretar antes de entonces qué apoyos continúan, cuáles desaparecen y si incorpora nuevas medidas para afrontar el repunte de la inflación.
