La dirección nacional del Partido Popular rechaza que los menores extranjeros no acompañados sean trasladados a la Península, ni siquiera temporalmente, y converge en este punto con Vox. El cambio respecto a la política seguida hasta la crisis de julio dificulta los planes del Gobierno para descongestionar Ceuta, donde permanecen alrededor de 2.000 menores. Génova sostiene que trasladarlos provocaría un «efecto llamada» y reclama acelerar las repatriaciones.
El Partido Popular ha endurecido su posición sobre los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La dirección nacional rechaza que sean trasladados a la Península, incluso temporalmente mientras se tramitan sus expedientes, y ha coincidido con Vox en el Congreso al votar una iniciativa contraria a su distribución entre otras comunidades. El cambio tiene consecuencias inmediatas porque la tutela de los menores corresponde a la Ciudad Autónoma, gobernada por Juan Jesús Vivas, y dificulta la solución planteada por el Ejecutivo para reducir la presión asistencial.
El Gobierno dispone de plazas para recibir a menores en otras comunidades y ha aprobado 90 millones de euros para financiar la operación. Sin embargo, hasta ahora Vivas solo ha autorizado la salida de cinco hacia Navarra. La situación contrasta con la política seguida antes de la crisis. En 2025 fueron trasladados desde Ceuta a la Península unos 700 menores. Génova defiende ahora que no debe salir ninguno porque considera que hacerlo incentivaría nuevas entradas, mientras el Ejecutivo sostiene que las repatriaciones requieren tiempo y que mantenerlos durante meses en la ciudad prolongaría una situación ya excepcional.
Dos mil menores bajo tutela de Ceuta
Vivas admite que la acogida de los menores corresponde a la Ciudad Autónoma, aunque sostiene que las responsabilidades están repartidas con la Administración General del Estado, competente en otros aspectos del procedimiento. El presidente ceutí cifra en unos 2.000 los menores no acompañados acogidos actualmente y asegura que la ciudad está realizando un «esfuerzo titánico» como consecuencia de una crisis que vincula a la vulneración de la integridad territorial española.
La posición concreta de Vivas presenta, sin embargo, más matices que la defendida desde la dirección nacional del PP. Génova asegura que comparte plenamente el rechazo a los traslados, pero el presidente ceutí no lo ha expresado públicamente en esos términos. El Gobierno central ha elevado la presión sobre él para que autorice nuevas salidas y Pedro Sánchez le atribuye directamente la responsabilidad sobre los menores. Vivas replica que el Estado no puede descargar sobre una ciudad de dimensiones reducidas las consecuencias de una entrada migratoria extraordinaria.
La dirección popular sostiene que cualquier traslado produciría un «efecto llamada» y provocaría nuevos intentos de entrada. Su alternativa consiste en enviar más medios a Ceuta para acelerar los expedientes y las repatriaciones, también las correspondientes a menores. El planteamiento supone asumir que la ciudad mantenga durante más tiempo una elevada presión asistencial mientras se resuelven procedimientos que el propio Gobierno advierte de que pueden prolongarse durante meses.
El PP vota con Vox contra los traslados
La convergencia entre PP y Vox quedó plasmada esta semana en el Congreso. Los populares respaldaron una iniciativa de la formación de Santiago Abascal contraria al traslado a otras comunidades de los niños y adolescentes extranjeros llegados durante la crisis. Vox defendió que los menores regresen con sus padres o a sus países de origen. El PP coincidió en rechazar su realojo y reclamó aplicar el acuerdo de retorno firmado entre España y Marruecos en 2007.
La diputada popular Ana Alós justificó esa posición argumentando que trasladar a los menores permitiría utilizarlos nuevamente como «arma de presión» sobre las fronteras españolas. El acercamiento se produce en uno de los ámbitos donde Vox ha presionado con mayor intensidad al PP para endurecer su política migratoria. No supone, sin embargo, una coincidencia completa sobre la respuesta a la crisis. El PP apoyó también la convalidación del decreto del Gobierno que moviliza 309 millones de euros en ayudas, bonificaciones e inversiones para Ceuta, mientras Vox votó en contra.
El argumento popular sobre las devoluciones encuentra además límites jurídicos. El PP considera que podrían utilizarse los mecanismos extraordinarios contemplados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo para situaciones de instrumentalización migratoria. Ese marco permite adoptar procedimientos excepcionales cuando un tercer país o un actor hostil fomenta o facilita movimientos de personas hacia las fronteras exteriores con el objetivo de desestabilizar a la Unión Europea o a uno de sus Estados miembros.
Los menores mantienen una protección específica
La aplicación de esos mecanismos exigiría acreditar las circunstancias previstas por la normativa europea. Incluso entonces, las excepciones no eliminan las garantías básicas del derecho de asilo ni el principio de no devolución. El marco comunitario mantiene además protecciones específicas para los menores y otros colectivos vulnerables. La repatriación de un menor no acompañado no puede ejecutarse, por tanto, automáticamente por el hecho de haber entrado irregularmente en territorio español ni mediante una decisión colectiva.
El conflicto sobre los menores coincide con otro obstáculo para descongestionar la ciudad. La Audiencia Nacional ha frenado momentáneamente la instalación del campamento que el Gobierno pretendía habilitar en terrenos del puerto de Ceuta para alojar a unas 1.700 personas que continúan en condiciones precarias. La decisión responde a una petición de medida cautelar urgente presentada por el Sindicato Unificado de Policía, que cuestiona las condiciones de seguridad y la utilización de una infraestructura estratégica para alojar a un número elevado de personas.
La resolución judicial es provisional y no entra en el fondo de la legalidad del campamento. Los magistrados han reclamado al Ministerio de Transportes la documentación administrativa correspondiente antes de decidir sobre la petición del sindicato. El Gobierno considera que el dispositivo estaba preparado para proporcionar unas condiciones dignas a personas que todavía duermen en las calles y playas de Ceuta. La paralización temporal se suma al rechazo del PP a trasladar menores y mantiene abiertas dos de las vías planteadas para reducir la presión que soporta la ciudad desde finales de julio.
