El Parlamento Europeo denuncia la instrumentalización de la migración irregular durante la entrada masiva de julio como una «herramienta de guerra híbrida» y reclama reforzar las fronteras de Ceuta. La resolución, aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, exige más cooperación con Marruecos, acelerar los retornos y vincular las ventajas que reciben los países vecinos de la UE a una gestión efectiva de la frontera.
El Parlamento Europeo ha endurecido la respuesta comunitaria a la crisis de Ceuta. La Eurocámara aprobó este jueves una resolución que denuncia la instrumentalización de la migración irregular como una «herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro» y sitúa como máxima prioridad el refuerzo de las fronteras terrestres y marítimas de la ciudad autónoma. El texto recibió 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones y expresa el «pleno apoyo y solidaridad» de la institución con las poblaciones de Ceuta y Melilla.
La resolución supone un paso político significativo en la interpretación europea de los acontecimientos del 30 y 31 de julio. El Parlamento emplea el concepto de guerra híbrida para caracterizar la instrumentalización de los movimientos migratorios, aunque no atribuye en su comunicado oficial a Marruecos la organización de la entrada masiva. El Gobierno español ha sostenido hasta ahora que no dispone de pruebas que permitan establecer esa responsabilidad y remite a la investigación abierta para determinar qué ocurrió en las horas anteriores a la llegada de decenas de miles de personas a la frontera.
Más protección para una frontera europea
La posición de la Eurocámara culmina una semana en la que Ceuta ha ocupado un lugar destacado en la agenda comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había reivindicado explícitamente la dimensión europea de la ciudad. «Ceuta es España. Ceuta es Europa», afirmó al defender una mayor implicación comunitaria en la protección de una frontera exterior que dejó de ser presentada como un problema exclusivamente español.
La resolución reclama ahora aumentar el apoyo de la Unión Europea y reforzar de manera prioritaria la protección de las fronteras terrestre y marítima. España ya había solicitado una presencia permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en Ceuta. La Comisión estudia esa petición después de haber ofrecido recursos adicionales de esta agencia y de Europol tras la crisis. Las autoridades españolas seguirían manteniendo la responsabilidad sobre el control fronterizo.
El Parlamento incorpora también una política más exigente de retornos. Reclama la devolución «rápida y efectiva» de las personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados, siempre dentro del respeto al derecho europeo e internacional. España y Marruecos deben intensificar además la cooperación para identificar y readmitir a los migrantes en situación irregular que entraron durante aquellos días.
Más exigencias para Marruecos
La resolución introduce una dimensión que puede tener consecuencias en las relaciones entre Bruselas y sus vecinos del sur. La Eurocámara sostiene que el acceso preferente al mercado comunitario y a la financiación europea debe estar condicionado a una cooperación efectiva en gestión de fronteras, lucha contra el tráfico ilícito y la trata de personas, identificación y readmisión. El Parlamento insta expresamente a las autoridades marroquíes a cumplir sus compromisos en estos ámbitos.
La formulación combina así dos líneas que han marcado la respuesta europea desde julio. Marruecos continúa siendo considerado un socio fundamental para la política migratoria comunitaria y Bruselas apuesta por mantener la cooperación con Rabat. Al mismo tiempo, el Parlamento plantea que los beneficios derivados de esa relación deben ir acompañados del cumplimiento efectivo de los acuerdos migratorios. La resolución no propone romper esa asociación, sino introducir una mayor condicionalidad en las relaciones con los países vecinos.
El texto entra también en una cuestión especialmente sensible entre España y Marruecos. Los eurodiputados reclaman el «respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros» y consideran incompatible con las obligaciones de un país socio cualquier declaración que ponga en cuestión la soberanía española. Ceuta y Melilla reciben así un respaldo explícito de la Eurocámara en un momento en que la crisis migratoria ha vuelto a situar el estatus de las dos ciudades en el debate político.
Las 141 muertes entran en la resolución
La dimensión de seguridad no elimina del texto la gravedad humanitaria de lo ocurrido. El Parlamento expresa su «profundo dolor» por las 141 personas que, según el balance utilizado en la resolución, murieron en el mar durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio. La institución considera además que esa pérdida de vidas podía haberse evitado. La cifra actualiza sustancialmente los balances manejados durante las primeras semanas posteriores a la crisis.
La Eurocámara vincula por ello el refuerzo fronterizo y los retornos al cumplimiento del derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, en aplicación desde junio, contempla procedimientos específicos para situaciones extraordinarias y crisis derivadas de la instrumentalización de migrantes. También establece controles fronterizos, mecanismos de solidaridad entre Estados y procedimientos acelerados para determinados solicitantes de asilo.
La resolución aprobada este jueves convierte la crisis de Ceuta en una cuestión europea de seguridad fronteriza, política migratoria y relaciones con terceros países. El Gobierno español mantiene, mientras tanto, abierta la investigación sobre las circunstancias concretas que desencadenaron la entrada masiva y sobre la eventual intervención de actores externos. La Eurocámara no resuelve esa incógnita, pero incorpora formalmente la instrumentalización migratoria de Ceuta al marco europeo de las amenazas híbridas.
