El Ejército ya había advertido del fallo de inteligencia que afloró en Ceuta

16 septembre 2026 - 10:14

Un análisis militar elaborado nueve meses antes de la avalancha de Ceuta alertó de las deficiencias de coordinación entre los servicios de inteligencia y de su comunicación con el poder político. El estudio advertía del riesgo de sufrir «sorpresas estratégicas» cuando la información disponible no se integra, jerarquiza y transmite a tiempo. La crisis de julio ha dejado al descubierto varias de esas vulnerabilidades.

Nueve meses antes de que más de 70.000 personas entraran en Ceuta, un análisis de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) había advertido de algunas de las vulnerabilidades que ahora aparecen en el centro de la crisis. El trabajo, publicado en diciembre de 2025 por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), alertaba de que la descoordinación del Sistema de Seguridad Nacional (SSN), la dispersión del trabajo de los servicios de inteligencia y las dificultades para trasladar la información al poder político podían exponer a España a lo que denominaba «sorpresas estratégicas».

El estudio no anticipó una crisis migratoria en Ceuta ni describió un escenario semejante al que se produjo a finales de julio. Su relevancia reside en el diagnóstico estructural. El comandante de Transmisiones del Ejército de Tierra Ricardo Simón advertía de que las amenazas evolucionan rápidamente y cada vez aparecen más interrelacionadas. Frente a ellas, sostenía, «la reacción del Estado no puede limitarse a gestionar los efectos de cada crisis cuando ya está en curso». Nueve meses después, la discusión sobre Ceuta gira precisamente alrededor de por qué diferentes señales conocidas por los servicios españoles no permitieron anticipar la dimensión de lo que estaba a punto de suceder.

Información disponible, pero dispersa

El análisis, titulado Integración de la inteligencia en el Sistema de Seguridad Nacional, señalaba que el marco jurídico español establece principios de coordinación y unidad de acción, pero el sistema carece de una estructura propia de inteligencia que oriente de manera sistemática sus prioridades. La comunidad de inteligencia española, según el autor, trabaja eficazmente dentro de sus respectivos ámbitos, pero no dispone de un marco funcional que garantice una conexión directa y estable con las estructuras encargadas de la Seguridad Nacional.

Simón identificaba una «brecha con el estamento político» que podía agravarse precisamente durante las crisis, cuando la velocidad y claridad con que circula la información resultan determinantes para adoptar decisiones. La ausencia de procedimientos suficientemente consolidados tendría dos consecuencias principales: la fragmentación de la inteligencia estratégica y los retrasos en su difusión. La información puede contener además un grado de detalle que dificulte extraer conclusiones con rapidez o llegar cuando la decisión ya se ha adoptado y la oportunidad para actuar ha desaparecido.

La alternativa pasaba por desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de identificar indicios antes de que se transformen en amenazas de mayores dimensiones. El estudio definía esa capacidad como la posibilidad de «detectar señales débiles y tendencias antes de que se conviertan en crisis». No se trata únicamente de obtener más información, sino de seleccionarla, relacionarla, evaluar su importancia y conseguir que llegue a tiempo al nivel donde deben adoptarse las decisiones.

Ceuta puso a prueba el sistema

La documentación desclasificada después de la crisis muestra que España disponía de varias de esas señales. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había localizado convocatorias en redes sociales para intentar entrar en Ceuta durante la Fiesta del Trono. La Policía Nacional y la Guardia Civil manejaban también información sobre un aumento de los mensajes que alentaban las entradas y sobre posibles intentos de alcanzar la ciudad por mar o mediante saltos de la valla.

Aquellas advertencias eran limitadas. El CNI comunicó el 29 de julio la existencia de un llamamiento que situaba a las 20.00 del día siguiente un intento de entrada por la valla y el mar. La avalancha comenzó, sin embargo, durante la madrugada y alcanzó unas dimensiones que los avisos conocidos no habían anticipado. Los grupos detectados en Facebook y WhatsApp reunían alrededor de 180.000 usuarios o seguidores, pero esa cifra reflejaba su alcance potencial y no constituía una estimación del número de personas que podían desplazarse hasta la frontera.

El problema, por tanto, no puede reducirse a afirmar que los servicios de inteligencia desconocían la existencia de señales. Las conocían, aunque repartidas entre diferentes organismos y con distintos grados de precisión. Inteligencia de Defensa, CNI, Policía y Guardia Civil disponían de piezas de información relacionadas con el riesgo. Lo que sigue sin estar completamente aclarado es cómo se integraron esas señales, qué valoración se hizo de ellas y con qué intensidad llegaron hasta los responsables políticos y operativos antes de que la situación quedara desbordada.

Versiones diferentes sobre cómo circuló la alerta

Las explicaciones ofrecidas después de la crisis han mostrado precisamente las dificultades para reconstruir el recorrido de aquella información. El Ministerio del Interior ha sostenido que no recibió informes que anticiparan la magnitud de la avalancha. El delegado del Gobierno en Ceuta cuestionó que el CNI hubiera trasladado una de sus advertencias mediante WhatsApp en lugar de hacerlo mediante los procedimientos formales que, a su juicio, correspondían a una información de esa naturaleza.

Los documentos desclasificados acreditaron posteriormente que sí hubo comunicación entre el CNI y la Delegación del Gobierno. A las 13.52 del 29 de julio se informó de la convocatoria detectada en las redes y, a las 21.34, la Delegación llamó al servicio de inteligencia y mantuvo una conversación de once minutos cuyo contenido no ha trascendido. El jefe de gabinete de la Delegación sostuvo además que trasladó la información recibida a su cadena de mando. El CNI había avisado también esa misma tarde a los servicios de inteligencia marroquíes.

La sucesión de versiones no permite determinar por sí sola dónde se produjo el fallo. Sí reproduce algunos de los problemas que el análisis militar había identificado meses antes. La existencia de información en diferentes organismos no garantiza que todas las señales sean integradas en una evaluación común ni que esa evaluación llegue al nivel político con suficiente claridad y urgencia. El propio Pedro Sánchez ha reconocido después de la crisis que España necesita mejorar su inteligencia en el «mundo digital» y aumentar su capacidad de anticipación ante lo que ha denominado «ataques híbridos».

Una advertencia anterior a la crisis

El estudio militar proponía reforzar el papel del Departamento de Seguridad Nacional para dirigir el proceso de integración de la inteligencia, dejando fuera únicamente la obtención de información, que continuaría correspondiendo a los diferentes organismos especializados. El objetivo sería disponer de una estructura capaz de reunir los distintos análisis, convertirlos en una visión estratégica compartida y facilitar su traslado a quienes tienen que decidir.

La controversia sobre esa cadena de información ha adquirido también dimensión judicial. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta, ha pedido al juzgado número 6 de la ciudad autónoma que valore inhibirse de sus actuaciones para que pueda investigar también al delegado del Gobierno. La petición deberá ser resuelta por el órgano judicial ceutí y no implica por sí misma ninguna responsabilidad del delegado.

Cuando el análisis de la ESFAS fue elaborado en diciembre de 2025, Ceuta todavía no había sufrido la avalancha que meses después desbordaría su frontera. El documento no predijo aquel episodio, pero sí había identificado el riesgo de que la fragmentación de la inteligencia, los retrasos en su difusión y la distancia con el nivel político redujeran la capacidad de reacción del Estado. Las investigaciones y la documentación desclasificada deberán establecer ahora qué ocurrió exactamente con las distintas señales que España manejaba antes de la madrugada del 30 de julio.

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