Los grandes programas militares aprobados hasta ahora movilizarán 22.662 millones de euros hasta 2035, con Airbus, Indra, Escribano y Navantia entre sus principales beneficiarias. La cartera todavía crecerá: Defensa e Industria preparan otros 15 programas centrados en sectores como el aeroespacial, la ciberdefensa y las comunicaciones. Las decisiones adoptadas ahora prolongan durante casi una década la expansión de la industria militar española.
El Gobierno ha comprometido más de 22.600 millones de euros hasta 2035 en grandes programas militares que proporcionarán a la industria española de defensa una cartera de contratos a largo plazo. Los compromisos corresponden a los Programas Especiales de Modernización vinculados al Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa y benefician especialmente a Airbus, Indra, Escribano y Navantia. La cantidad no representa el conjunto del gasto español en defensa, sino los recursos previstos para desarrollar y adquirir determinados sistemas y equipos militares durante los próximos años.
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado permiten conocer cómo se distribuyen los 32 programas concretados hasta ahora. En 2026 se movilizarán más de 2.200 millones de euros, otros 2.124 millones están previstos para 2027 y 2.619 millones para 2028. Los compromisos correspondientes a los ejercicios siguientes hasta 2035 ascienden a unos 15.600 millones, aunque todavía no se ha especificado su distribución anual. En conjunto, suponen una media cercana a 2.500 millones de euros anuales durante una década.
Airbus, Indra y Navantia concentran los contratos
El reparto muestra una importante concentración de las adjudicaciones entre los grandes grupos de la industria militar. Airbus encabeza la cartera con unos 8.100 millones de euros. Le sigue la unión temporal constituida por Indra y Escribano para determinados proyectos, con aproximadamente 7.600 millones, mientras Navantia dispone de contratos por alrededor de 5.700 millones. También figuran programas adjudicados conjuntamente a Indra y Telefónica.
Las cantidades responden a una serie de proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas que se desarrollarán durante varios ejercicios. El de mayor presupuesto es el vehículo de apoyo sobre cadenas, con un coste estimado de 4.550 millones de euros. La modernización de las fragatas F-100 supone otros 3.200 millones y el vehículo de apoyo sobre ruedas alcanza los 2.685 millones. A estos programas se añaden casi 1.975 millones destinados al helicóptero ligero y 1.899 millones al NH-90.
La industria española de defensa dispone así de una cartera de pedidos que se extiende mucho más allá de la actual legislatura. El horizonte presupuestario llega hasta 2035, por lo que una parte importante de los programas deberá ejecutarse durante los próximos gobiernos. España alcanzó en 2025 el objetivo acordado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de dedicar a defensa el equivalente al 2% del producto interior bruto, mientras el Ejecutivo prevé que la actividad de las empresas del sector continúe aumentando.
Otros 15 programas antes de terminar el año
Los 22.662 millones comprometidos no marcan además el límite de la expansión prevista. Los ministerios de Defensa e Industria preparan la incorporación de otros 15 Programas Especiales de Modernización. El Gobierno prevé concretarlos antes de que termine el año y que tengan efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Su prefinanciación inicial alcanzará los 2.180 millones de euros.
Los nuevos proyectos se concentrarán principalmente en el sector aeroespacial, la ciberdefensa, las comunicaciones y los sistemas de armas. Airbus e Indra parten como dos de las compañías mejor situadas para captar nuevos contratos, aunque el reparto definitivo todavía no se ha concretado. El Ejecutivo calcula que los 35 programas que estarán en funcionamiento durante los próximos años pueden generar más de 150.000 puestos de trabajo y aumentar la actividad económica en prácticamente todas las comunidades autónomas.
Se trata de una estimación gubernamental vinculada al despliegue de los programas y no de empleos ya creados. La política industrial constituye, en cualquier caso, uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para defender el incremento de la inversión. El gasto militar se presenta así también como una herramienta para desarrollar capacidades tecnológicas y productivas nacionales en sectores considerados estratégicos.
La prefinanciación y el problema de las entregas
Los contratos tienen un sistema de financiación que distribuye los desembolsos entre Industria y Defensa. Las compañías reciben inicialmente prefinanciación del Ministerio de Industria para desarrollar y fabricar los sistemas contratados. Esas cantidades deben ser posteriormente devueltas, mientras Defensa abona los productos cuando se produce la entrega efectiva a las Fuerzas Armadas. Por ello, los compromisos presupuestarios no equivalen automáticamente a ingresos empresariales ya realizados.
El cumplimiento de los calendarios se ha convertido precisamente en una de las preocupaciones del Ministerio de Defensa. En sus contactos con las grandes compañías, el departamento ha insistido en la necesidad de garantizar las entregas comprometidas. Uno de los antecedentes es el vehículo blindado 8×8 Dragón, producido por Tess Defence, consorcio integrado por Indra, Escribano, Santa Bárbara Sistemas y Sapa, que acumuló retrasos en la fabricación de las primeras unidades antes de acelerar después su producción.
La programación hasta 2035 proporciona a las empresas capacidad para planificar inversiones, producción y empleo durante varios ejercicios, pero deja también decisiones pendientes para las próximas legislaturas. El actual Ejecutivo ha concretado 32 programas y prepara otros 15, mientras la evolución posterior de la cartera dependerá de las necesidades de las Fuerzas Armadas y de las decisiones presupuestarias que adopten los gobiernos que deban ejecutar los contratos durante la próxima década.
