La administración de Claudia Sheinbaum ha intensificado la batalla contra el huachicol, el robo y contrabando de combustibles que carcome el presupuesto público y fortalece al crimen organizado. En apenas ocho meses, su gobierno ha incautado más de 39 millones de litros de gasolina y crudo, un volumen récord respecto a sexenios anteriores.
El golpe más contundente ocurrió la semana pasada en Coahuila, donde la Fiscalía General aseguró 15,4 millones de litros almacenados en 129 carrotanques abandonados en Saltillo y Ramos Arizpe. Fue el mayor decomiso bajo su mandato y uno de los más grandes en la historia reciente de México. Unos días antes, en Tabasco, se confiscaron 880.000 litros junto con tractocamiones, contenedores y montacargas.
Sheinbaum, que ha prometido “llegar hasta donde topen”, advirtió en su conferencia matutina que no habrá intocables ni protección política para las redes que lucran con este negocio ilícito. Además de los decomisos físicos, la estrategia incluye códigos QR para todo camión o tren que transporte hidrocarburos. La trazabilidad digital busca sellar los huecos de la corrupción aduanera y las ventas clandestinas.
El impacto financiero del huachicol es brutal. Cada año, México pierde alrededor de 9.000 millones de dólares por contrabando y robo fiscal de combustibles. Solo en 2024, las pérdidas directas fueron de 20.000 millones de pesos. Las cifras de 2025 apuntan a una reducción significativa gracias al endurecimiento de operativos, que también han derivado en la detención de más de 30 personas y el desmantelamiento de refinerías ilegales.
En un giro estratégico, el combustible incautado –si pasa controles de calidad– se dona a instituciones públicas, comunidades o cuerpos de seguridad. El objetivo es doble: restituir a la sociedad lo robado y enviar un mensaje claro de que el Estado recupera lo que le pertenece.
Sin embargo, los desafíos son enormes. El huachicol combina crimen organizado, redes de complicidad política y estructuras financieras opacas. Aun así, la política de “huachicol cero” no es solo retórica: desde octubre de 2024 hasta hoy, los decomisos ya superan el 50% respecto al último año del gobierno anterior. Además, en estados como Nuevo León se ha registrado un aumento de las ventas legales, síntoma de la contención al mercado negro.
Sheinbaum hereda el legado de Andrés Manuel López Obrador, que lanzó la primera gran ofensiva contra el huachicol en 2019, pero la perfecciona con controles digitales, operativos sistemáticos y sanciones más duras. La clave ahora será sostener esta política en el tiempo, blindarla contra el desgaste mediático y los posibles reacomodos de las mafias.
Para América Latina, el caso mexicano ofrece una lección: la lucha contra el crimen económico exige inteligencia, sanción y, sobre todo, decisión política. El huachicol no es solo robo de gasolina; es un símbolo de corrupción estructural. Terminarlo es empezar a sanear el Estado.
