El Partido Popular responsabiliza a Marruecos «por acción u omisión» de la entrada masiva en Ceuta y sostiene que España sufrió una «violación grave de su integridad territorial». La respuesta llega después de que Rabat acusara indirectamente a los populares de caer en una escalada «irracional y populista». Génova endurece el discurso frente al país vecino, pero se distancia de Ayuso y descarta romper las relaciones bilaterales.
El Partido Popular ha respondido al duro comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos responsabilizando a Rabat «por acción u omisión» de la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio. Los populares califican lo ocurrido de «ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular» y de «violación grave de la integridad territorial de España». La réplica eleva un grado más el enfrentamiento entre la principal fuerza de la oposición y el Gobierno marroquí, que había acusado indirectamente al PP de utilizar la crisis con fines electorales.
Génova sostiene que Marruecos tiene responsabilidad en unos acontecimientos que permitieron que decenas de miles de personas cruzaran la frontera en apenas unas horas. El partido de Alberto Núñez Feijóo rechaza así frontalmente la posición defendida por Exteriores marroquí, que asegura que no existe ninguna prueba, dato o informe que demuestre la implicación de sus autoridades en lo sucedido. Rabat había reclamado además una «investigación exhaustiva» para determinar las circunstancias de la crisis e identificar cualquier posible injerencia o manipulación.
De la acusación marroquí a la réplica del PP
El comunicado marroquí, inusualmente contundente, había cargado contra «determinados sectores políticos y mediáticos españoles» por instrumentalizar al país vecino dentro de la política interna. Sin mencionar expresamente al PP, Exteriores marroquí consideró «especialmente lamentable» que partidos con una amplia experiencia de gobierno hubieran caído en un «lodazal» en el que «la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común».
Rabat aseguró también que Marruecos no aceptará convertirse en un «recurso electoralista» ni en el «chivo expiatorio» de los enfrentamientos políticos españoles. El Gobierno marroquí reivindicó la cooperación mantenida con España desde la declaración conjunta de 2022, particularmente en los ámbitos migratorio y de seguridad, y sostuvo que las relaciones entre ambos países deben asentarse en el respeto mutuo, la confianza y el diálogo.
El PP devuelve ahora la acusación y reclama a Marruecos respeto hacia las instituciones españolas. En su respuesta defiende que las relaciones bilaterales deben estar presididas por el «respeto mutuo, la lealtad institucional, la transparencia, la reciprocidad y el respeto a la soberanía e integridad territorial». Los populares rechazan además las críticas marroquíes a las actuaciones desarrolladas en España para esclarecer las circunstancias de la crisis y defienden el trabajo de las instituciones judiciales.
Génova endurece el discurso pero descarta la ruptura
La dureza de la respuesta no supone, sin embargo, que Feijóo asuma la posición defendida por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña llegó a asegurar que, si estuviera al frente del Gobierno, rompería las relaciones con Marruecos. La dirección nacional del PP no contempla esa opción y defiende mantener una relación «leal y estable» con un país que considera estratégico para España.
La diferencia ha obligado a Feijóo a intentar ordenar el discurso interno del partido. El dirigente popular envió un mensaje a sus presidentes autonómicos reclamando «coordinación y responsabilidad» ante la crisis y pidiéndoles que se ajusten a la posición fijada por Génova. La dirección quiere evitar declaraciones improvisadas y considera que el «mando discursivo» debe permanecer centralizado en la cúpula popular, después de que Ayuso haya defendido una posición considerablemente más dura frente a Rabat.
Las divergencias alcanzan también al entorno de la presidenta madrileña. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que Pedro Sánchez y el conjunto del Gobierno «serán juzgados por traición» por su actuación ante la crisis de Ceuta. Vox sí plantea exigir responsabilidades al presidente por traición, mientras que la dirección nacional del PP se ha desmarcado de esa iniciativa.
Feijóo carga también contra el Gobierno
La respuesta a Marruecos forma parte de una ofensiva más amplia del PP contra el Ejecutivo de Sánchez a raíz de la desclasificación de documentación relacionada con la crisis. Feijóo sostiene que esa publicación constituye una «voladura controlada» de un Gobierno «completamente desmembrado» y asegura que todavía «van a salir más cosas». El líder popular considera que deberán depurarse responsabilidades políticas y, en su caso, judiciales.
La controversia se ha centrado especialmente en la información que manejaban los servicios españoles antes de la entrada masiva. El Centro Nacional de Inteligencia había recibido información sobre una campaña en redes sociales que convocaba a cruzar hacia Ceuta, pero ha precisado que ese aviso no permitía anticipar la escala, naturaleza o probabilidad de los acontecimientos posteriores. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido igualmente en que el movimiento de 72.000 personas fue de una magnitud que no podía preverse.
La investigación abierta debe esclarecer también el comportamiento de Marruecos. Entre las cuestiones pendientes está determinar si sus fuerzas de seguridad fueron desbordadas, si existió una decisión deliberada de permitir el paso de decenas de miles de personas o si hubo una actuación organizada para facilitarlo. Mientras esas pesquisas continúan, el PP ha convertido la atribución de responsabilidad a Rabat en el eje de su posición política y Marruecos ha respondido acusándolo de utilizar la crisis de Ceuta dentro de la disputa electoral española.
