Antonio Narváez, responsable de redactar la resolución del Supremo que suspende cautelarmente la inscripción electoral de los nuevos españoles acogidos a la Ley de Memoria Democrática, expresó en 2023 ante Alberto Núñez Feijóo su deseo de que el PP llegase al Gobierno. El magistrado también cuestionó pactos del PSE con EH Bildu y puso bajo sospecha procesos electorales gestionados por Indra.
Antonio Narváez, ponente de la resolución del Tribunal Supremo que ha dejado cautelarmente sin posibilidad de votar a los españoles nacionalizados al amparo de la llamada «ley de nietos», expresó en 2023 ante Alberto Núñez Feijóo su deseo de que el Partido Popular llegara al Gobierno. El magistrado participó entonces en un encuentro con el dirigente popular y un grupo de fiscales en el que realizó consideraciones políticas sobre el País Vasco y Cataluña y manifestó dudas sobre procesos electorales en los que interviene la empresa Indra.
Las palabras de Narváez adquieren ahora una relevancia particular por su papel como encargado de redactar una resolución que afecta al ejercicio del derecho de sufragio. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido cautelarmente la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática al considerar que su incorporación puede representar un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de futuros procesos electorales. La decisión fue adoptada por cinco de los seis magistrados que estudiaron los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa.
Una cena con Feijóo y fiscales
El encuentro tuvo lugar en 2023 y se prolongó durante alrededor de una hora y media. Narváez participó en una cena de fiscales con Feijóo en la que algunos de los asistentes animaron al presidente del PP a desmontar determinadas leyes del Gobierno de Pedro Sánchez si alcanzaba La Moncloa. El actual magistrado del Supremo manifestó personalmente su deseo de que los populares llegaran al Ejecutivo.
Narváez habló además sobre la situación política vasca. Ante unas elecciones autonómicas que todavía tardarían aproximadamente un año en celebrarse, sostuvo que se estaba perfilando una estrategia de coalición de EH Bildu con el Partido Socialista de Euskadi y «lo que quede de Podemos». Se refirió a Bildu como una organización «filoterrorista». Aquella previsión no se materializó: las elecciones vascas desembocaron en la continuidad de la coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSE.
El magistrado abordó asimismo lo que denominó el problema de la «cohesión territorial», con especial atención a Cataluña. Sus pronunciamientos sobre esta cuestión contaban con un precedente relevante: cuando formaba parte del Tribunal Constitucional, Narváez ya había tenido que apartarse de una decena de recursos relacionados con dirigentes independentistas condenados por el procés.
Un precedente en el Constitucional
El origen de aquellas recusaciones estaba en una conferencia pronunciada por Narváez en Granada en noviembre de 2017. El entonces magistrado del Constitucional había calificado el procés de «golpe de Estado encubierto» y llegó a compararlo con el 23-F, considerando más graves sus consecuencias que las del asalto al Congreso encabezado en 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero.
Las defensas de dirigentes independentistas utilizaron aquellas declaraciones para cuestionar su imparcialidad. El debate dentro del Tribunal Constitucional fue intenso y algunos magistrados defendieron que debía prevalecer la libertad de expresión de Narváez. Finalmente fue él mismo quien se apartó de los procedimientos. Entre quienes plantearon su recusación figuró Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Durante la reunión de 2023 con Feijóo, Narváez también puso en duda los procesos electorales en los que interviene Indra. El contenido de aquellas declaraciones cobra dimensión pública precisamente cuando el Supremo acaba de adoptar una medida excepcional relacionada con la composición del censo y la limpieza de los procesos electorales.
Una resolución dividida
Narváez llegó al Tribunal Supremo en septiembre de 2025 después de haber ejercido como magistrado del Constitucional entre 2014 y 2023. Procedente de la carrera fiscal, había sido nombrado teniente fiscal del Supremo en 2013. Ahora ha asumido la ponencia de los autos que resuelven las medidas cautelares solicitadas en los recursos de Vox e Iustitia Europa contra una decisión de la Junta Electoral Central.
La mayoría de la sala considera que el crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivado de las nuevas nacionalizaciones puede comprometer la transparencia electoral. Frente a esa posición se situó Alicia Millán, única magistrada discrepante. Su voto particular advierte de que la resolución impide ejercer un derecho político a personas cuya nacionalidad española ha sido reconocida legalmente y contrapone ese perjuicio inmediato a un riesgo electoral que considera futuro e incierto.
La controversia coincidió con la apertura del año judicial. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, defendió la independencia de jueces y magistrados y rechazó que la discrepancia con sus resoluciones permita atribuirles propósitos políticos o ideológicos. Al mismo tiempo, admitió que los jueces pueden equivocarse y recordó que sus decisiones pueden ser objeto de una crítica pública «fundada» y revisadas mediante el sistema de recursos previsto por el ordenamiento.
