Katmandú calcula que la reconstrucción tras las devastadoras inundaciones del 26 de agosto podría costar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. El Gobierno quiere evitar que la recuperación condene al país a una nueva espiral de endeudamiento y apuesta por subvenciones y fondos no reembolsables, mientras intenta llevar la tragedia al terreno de la justicia climática: Nepal apenas contribuye a las emisiones mundiales, pero se encuentra entre los países más expuestos a sus consecuencias.
La Comisión Nacional de Planificación trabaja en una evaluación detallada de daños y necesidades. Las primeras estimaciones sitúan la factura de reconstrucción entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, una cantidad que supone cerca de una décima parte de la economía nepalí.
El Gobierno pretende obtener la mayor cantidad posible mediante subvenciones, donaciones y mecanismos internacionales de financiación no reembolsable. La experiencia del terremoto de 2015 pesa en esa estrategia: parte importante de la reconstrucción terminó financiándose mediante deuda, una fórmula que Katmandú intenta ahora limitar.
1.357 muertos y unos 5.300 desaparecidos
La magnitud humana de la catástrofe continúa siendo estremecedora. Según la última actualización oficial disponible del Gobierno nepalí, hasta el 8 de septiembre se habían recuperado 1.357 cuerpos, mientras alrededor de 5.300 personas permanecían desaparecidas, entre ellas unos 600 extranjeros de 35 países. Las autoridades advierten de que las cifras siguen sujetas a revisión a medida que avanzan las búsquedas y la identificación de víctimas.
Las inundaciones arrasaron poblaciones, carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas a lo largo de los valles afectados. El golpe al sector eléctrico resulta especialmente delicado para un país que durante los últimos años ha convertido la energía hidroeléctrica en uno de los pilares de su estrategia económica.
La reconstrucción, por tanto, no consistirá únicamente en levantar nuevamente viviendas. Nepal tendrá que recuperar conexiones viarias, redes eléctricas y de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, reconsiderar la resistencia de determinadas infraestructuras frente a fenómenos extremos cuya intensidad puede superar los parámetros utilizados hasta ahora para diseñarlas.
De la ayuda humanitaria a la justicia climática
Katmandú quiere además convertir la catástrofe en un argumento político ante la comunidad internacional.
El Gobierno sostiene que un país con una contribución mínima a las emisiones mundiales no debería verse obligado a endeudarse para afrontar las consecuencias de fenómenos vinculados al calentamiento del planeta. Por ello busca recurrir al Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado precisamente para apoyar a los países en desarrollo especialmente vulnerables a los impactos climáticos.
El planteamiento introduce una cuestión que trasciende ampliamente a Nepal: quién debe pagar la reconstrucción cuando los países que sufren algunos de los impactos climáticos más graves son precisamente los que menos han contribuido históricamente al problema.
Para Katmandú, la respuesta es clara: la solidaridad internacional no debería traducirse principalmente en nuevos préstamos. Reconstruir mediante deuda supondría añadir una vulnerabilidad financiera a la vulnerabilidad climática.
El reto será transformar ese argumento, políticamente poderoso, en miles de millones de dólares efectivos. Porque entre los fondos disponibles actualmente y una factura de reconstrucción que puede alcanzar los 5.000 millones, la distancia sigue siendo enorme.
Nepal tiene ahora que reconstruir carreteras, centrales y miles de hogares. Pero la catástrofe del Himalaya plantea una pregunta mucho mayor: si el cambio climático multiplica el coste de los desastres en los países más vulnerables, ¿deben ser también ellos quienes se endeuden para pagar la factura?
