Los populares revisarán su abstención de julio ante la votación prevista en el Congreso sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. El posible cambio llega después de la crisis fronteriza de finales de julio y podría ampliar el respaldo a una iniciativa especialmente sensible para Marruecos, mientras el PSOE trata de administrar los tiempos parlamentarios.
El Partido Popular se plantea dar un nuevo giro a su posición sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. La formación revisará su voto ante el paso por el Pleno del Congreso de la proposición de ley impulsada por Sumar y podría sustituir la abstención que mantuvo el pasado 23 de julio en la Comisión de Justicia por un apoyo. La decisión todavía no está cerrada, pero llega después de que la crisis de Ceuta haya elevado considerablemente la tensión política en torno a las relaciones con Marruecos.
La iniciativa pretende facilitar el acceso a la nacionalidad a los saharauis nacidos durante el periodo en que España administró el Sáhara Occidental. Su tramitación comenzó en febrero de 2025 y ha atravesado diferentes posiciones de los dos grandes partidos. El PSOE rechazó inicialmente que fuera tomada en consideración, aunque posteriormente modificó su postura y acabó apoyando el dictamen. El PP siguió el recorrido contrario durante parte de la tramitación, hasta optar finalmente por la abstención en julio. Ahora puede producirse otro movimiento.
De la abstención al posible apoyo
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen el 23 de julio con 19 votos favorables, tres contrarios y 15 abstenciones. El PSOE respaldó entonces la iniciativa, mientras el PP y Junts se abstuvieron y Vox votó en contra. Los populares habían planteado previamente enmiendas que suponían la supresión del contenido sustancial de la proposición y habían votado contra el texto en ponencia. Su abstención permitió que la iniciativa continuara su recorrido parlamentario hacia el Pleno.
El posible cambio hacia un voto favorable adquiere especial relevancia porque se produce después de la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. El episodio provocó un endurecimiento considerable del discurso del PP hacia Rabat y llevó a Alberto Núñez Feijóo a responsabilizar políticamente a Marruecos de lo sucedido. No existe, sin embargo, confirmación de que la reconsideración del voto sobre la nacionalidad saharaui responda directamente a una voluntad de represalia. El dato acreditado es que el partido revisa ahora una posición que hace mes y medio se tradujo en abstención.
La evolución resulta también significativa si se observa desde el comienzo de la tramitación. Cuando el Congreso decidió en febrero de 2025 si admitía a trámite la proposición, el PP permitió que continuara su recorrido mientras el PSOE se opuso. Desde entonces, el texto ha atravesado sucesivas negociaciones y modificaciones hasta alcanzar un respaldo parlamentario suficiente para superar la Comisión de Justicia. Un eventual sí popular ampliaría todavía más esa mayoría en el momento políticamente más delicado para las relaciones hispano-marroquíes de los últimos años.
Una cuestión sensible para Marruecos
La proposición aborda una de las consecuencias todavía abiertas de la salida española del Sáhara Occidental. Su objetivo es establecer una vía específica para que los saharauis nacidos bajo administración española puedan obtener la nacionalidad sin quedar sometidos a algunos de los requisitos ordinarios que dificultan actualmente ese reconocimiento. Las estimaciones manejadas durante su tramitación sitúan en alrededor de 80.000 las personas que podrían beneficiarse de la medida.
Para Marruecos, cualquier iniciativa española relacionada con el estatuto de la población saharaui tiene una evidente sensibilidad política. Rabat considera el Sáhara Occidental parte de su territorio y defiende como solución su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí. España modificó su posición en 2022, cuando Pedro Sánchez calificó ese plan como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Aquella decisión permitió recomponer las relaciones bilaterales, pero abrió diferencias profundas con varios socios parlamentarios del Gobierno.
Sumar ha mantenido desde entonces una posición favorable a las reivindicaciones saharauis y es el impulsor de la proposición que llega ahora al final de su tramitación en el Congreso. La iniciativa vuelve a colocar al PSOE ante esa discrepancia interna precisamente cuando el Ejecutivo intenta evitar una escalada adicional con Rabat después de la crisis de Ceuta. Los socialistas participaron en la negociación del texto y presentaron varias enmiendas, incluida una para retrasar seis meses la entrada en vigor de la futura norma.
El PSOE intenta administrar los tiempos
Fuentes de Sumar consideran posible que el PSOE trate de demorar la votación prevista en el Pleno. En el grupo minoritario del Gobierno no interpretan necesariamente esa posibilidad como un intento de enterrar la proposición y admiten que los socialistas disponen de cierto margen para administrar el calendario parlamentario. Advierten, sin embargo, de que cualquier aplazamiento tendría un recorrido limitado porque la iniciativa ya ha superado buena parte de su tramitación.
La situación del PSOE es especialmente compleja porque su posición ha evolucionado en sentido contrario a la que ahora estudia el PP. Los socialistas fueron la única fuerza que rechazó la toma en consideración de la proposición en febrero de 2025, pero terminaron respaldando el dictamen en julio después de negociar modificaciones. Una nueva marcha atrás supondría enfrentarse a Sumar y a otros grupos favorables a la causa saharaui, mientras mantener el apoyo podría introducir otro elemento de fricción en las relaciones con Marruecos.
El calendario añade además otros asuntos sensibles a la relación bilateral. La Casa Real prepara una visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla durante las próximas semanas, después de que el desplazamiento fuera anunciado en el Congreso en el contexto de la crisis fronteriza. La votación sobre la nacionalidad saharaui llegará, por tanto, mientras el Gobierno gestiona simultáneamente las consecuencias de los acontecimientos de finales de julio, la presión parlamentaria sobre su política hacia Marruecos y una iniciativa legislativa que afecta directamente a una cuestión central de la política exterior de Rabat.
