El Consejo de Ministros da luz verde a la publicación de los documentos elaborados por el CNI, la Policía, la Guardia Civil y la inteligencia militar entre el 1 de julio y el 1 de agosto. La documentación deberá aclarar si existieron alertas previas sobre la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio y hasta dónde llegaron esas advertencias.
El Gobierno ha decidido poner las cartas sobre la mesa. El Consejo de Ministros desclasifica este martes los informes de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado relacionados con la situación en Ceuta durante el mes anterior a la entrada masiva de migrantes de finales de julio.
La documentación comprende informes recibidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto y elaborados por distintos organismos, entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia militar. Está previsto que el conjunto de documentos se haga público este miércoles mediante un dossier oficial.
La desclasificación llega en pleno enfrentamiento político y judicial sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos, provocando una crisis que obligó posteriormente al Gobierno a declarar Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional.
La pregunta que los documentos deberán ayudar a responder es especialmente incómoda: ¿hubo alertas previas y, si las hubo, permitían prever una entrada de semejante magnitud?
Hasta ahora, las informaciones conocidas ofrecen respuestas distintas. La Guardia Civil ha comunicado a la Audiencia Nacional que existieron avisos e intercambios previos con organismos del Estado, incluido el CNI, pero sostiene que ninguno anticipaba la dimensión de la avalancha que finalmente se produjo.
Más controvertido es el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía. El documento apunta a una actuación organizada y atribuye un papel activo a agentes marroquíes durante las entradas. Esa tesis contrasta con la posición mantenida por el Gobierno. Pedro Sánchez afirmó la semana pasada en el Congreso que ningún organismo español o internacional había aportado hasta entonces pruebas sólidas que permitieran concluir que Marruecos planificó y ejecutó deliberadamente la crisis.
Fernando Grande-Marlaska ha mantenido la misma cautela y defiende que no se ha identificado un «autor intelectual» de la operación. El ministro del Interior insiste además en que la cooperación actual con Marruecos sigue siendo «excelente».
El asunto ha adquirido entretanto una nueva dimensión judicial. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto una causa al apreciar indicios de posibles delitos contra la integridad territorial del Estado, además de delitos relacionados con inmigración irregular, organización criminal y las muertes producidas durante la crisis.
La publicación de los informes puede, por tanto, convertirse en un momento decisivo. No solo permitirá comprobar si Moncloa recibió advertencias suficientes antes del 30 de julio; también permitirá confrontar con documentos las distintas interpretaciones sobre el papel de Marruecos que durante semanas han alimentado una intensa batalla política en España.
Y ahí estará probablemente la verdadera prueba de la desclasificación: saber si los documentos aclaran lo ocurrido o si, por el contrario, abren nuevos interrogantes sobre una crisis que sigue tensionando la política española y una relación con Marruecos que Madrid considera estratégica.
