El ministro español de Asuntos Exteriores asegura que la comunicación con Rabat fue «permanente desde el primer momento» y permitió contener un nuevo intento el 14 de agosto. Interior prepara el retorno conforme a la ley de quienes no tengan derecho a permanecer en España, mientras la Asamblea de Ceuta condena unánimemente la violencia y advierte de que la ciudad se encuentra al límite.
El Gobierno español ha reconocido públicamente el papel desempeñado por Marruecos en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este viernes en el Congreso que la comunicación con Rabat fue «permanente desde el primer momento» y permitió tanto facilitar el retorno de personas que habían entrado los días 30 y 31 de julio como impedir una nueva tentativa el 14 de agosto.
Albares compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores dentro de la ronda de explicaciones solicitadas al Ejecutivo tras una entrada masiva estimada entre 72.000 y 80.000 personas, según las diferentes cifras difundidas por las autoridades españolas. El ministro presentó la coordinación diplomática con Marruecos como una de las herramientas centrales para recuperar el control de la situación y prevenir otro episodio semejante.
El reconocimiento resulta relevante después de varias semanas de acusaciones políticas contra Rabat. El informe manejado por el Ministerio de Defensa contempla la posible intervención de un «actor interesado» en la amplificación digital de la movilización, pero no atribuye oficialmente a Marruecos la organización de las entradas. Las declaraciones de Albares tampoco resuelven todas las incógnitas sobre lo sucedido el 30 de julio, aunque confirman que la cooperación bilateral se mantuvo activa durante la crisis.
Retornos sometidos a la legislación
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió por su parte que el Ejecutivo trabaja para que sean retornados quienes «no cumplan las condiciones para quedarse». Precisó que cada caso deberá tramitarse conforme al ordenamiento español y a las obligaciones internacionales de España.
Las personas que reúnan los requisitos para recibir protección internacional podrán solicitar asilo, mientras que los menores deben someterse a procedimientos específicos de identificación, tutela y determinación de sus circunstancias familiares. La formulación descarta, por tanto, una expulsión colectiva e indiscriminada de quienes todavía permanecen en Ceuta.
Marlaska también realizó un llamamiento al cese de la violencia y acusó al Partido Popular y a Vox de alimentar la tensión mediante discursos que, a su juicio, estigmatizan a los migrantes. El PP sostiene, en cambio, que el Gobierno reaccionó tarde y no ha dedicado suficientes medios a la ciudad. Vox reclama la militarización permanente de la frontera.
Acuerdo para habilitar espacios de acogida
El Gobierno central y las autoridades ceutíes han acordado una relación de espacios en los que alojar provisionalmente a las personas que continúan en la ciudad. La decisión pretende reducir su presencia en las calles y aliviar la presión sobre los servicios públicos, después de varias semanas de desacuerdo sobre la utilización de instalaciones deportivas, sanitarias y otros equipamientos.
La solución tiene carácter excepcional y deberá compatibilizar la necesidad de recuperar esos espacios para su uso habitual con unas condiciones dignas de alojamiento. La crisis ha sometido a una tensión extraordinaria los recursos de una ciudad de unos 85.000 habitantes y ha provocado una sucesión de protestas vecinales.
Algunas movilizaciones desembocaron durante los últimos días en altercados, ataques contra asentamientos improvisados y bloqueos a la distribución de alimentos. Los sindicatos policiales han pedido refuerzos ante el deterioro de la convivencia y el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Condena unánime de la violencia
La Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad una declaración institucional que condena «rotundamente cualquier tipo de violencia» y describe la situación como «límite, al borde del colapso». El texto fue leído por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.
La declaración reconoce como legítimas las manifestaciones ciudadanas que reclaman soluciones, pero exige que se desarrollen de manera pacífica y ordenada. «Los violentos no nos representan», afirmó Vivas, quien anunció sanciones contra las personas que cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano.
La Asamblea reclama al Gobierno central que acelere, dentro de la ley, el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España, refuerce los efectivos de seguridad y las infraestructuras fronterizas y compense los perjuicios ocasionados al tejido económico local.
La cooperación con Marruecos se perfila así como un elemento imprescindible en la salida de la crisis. Su reconocimiento por parte de Albares rebaja las acusaciones de falta total de colaboración dirigidas contra Rabat, pero no clausura el debate sobre la previsión de la entrada masiva, la actuación inicial de ambos países ni las causas que permitieron movilizar a decenas de miles de personas en pocas horas.
