La movilización comenzó frente al Hospital Militar y terminó ante la Delegación del Gobierno, donde los participantes reclamaron las dimisiones de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Pérez Triano. El rechazo al posible uso de instalaciones públicas como centros de acogida centró parte de las protestas, mientras el Ejecutivo anunció posteriormente que retirará los polideportivos del dispositivo previsto.
Más de 2.000 personas salieron este miércoles a las calles de Ceuta para protestar contra la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central y denunciar lo que consideran una respuesta insuficiente ante la situación que atraviesa la ciudad desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.
La movilización comenzó alrededor de las seis de la tarde frente al Hospital Militar, en la barriada de O’Donnell. La concentración inicial, integrada por varias decenas de personas, fue aumentando durante el recorrido por Puertas del Campo hasta congregar a más de 2.000 participantes ante la Delegación del Gobierno.
Los manifestantes portaban banderas de España y de Ceuta y corearon consignas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y «Ceuta no es un CETI». También reclamaron las dimisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su delegado en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano.
Rechazo al uso de instalaciones públicas
Parte del malestar estuvo relacionado con la inclusión de varias instalaciones públicas en la lista de espacios que podían utilizarse temporalmente para atender a los migrantes que todavía permanecen en Ceuta.
El dispositivo aprobado por el Ejecutivo incluía el Hospital Militar, diferentes dependencias administrativas y cinco polideportivos. La posibilidad de destinar instalaciones deportivas a funciones de acogida provocó el rechazo de ciudadanos, organizaciones profesionales y autoridades locales, preocupados por las consecuencias que la medida pudiera tener sobre las actividades escolares, deportivas y sociales.
La protesta reflejó, no obstante, un descontento más amplio. Los participantes criticaron la lentitud de los traslados a la Península, la permanencia de numerosas personas en calles y playas y la falta de un calendario preciso para recuperar la normalidad.
Casi un mes después de la entrada masiva, la presión continúa afectando a los servicios públicos, las infraestructuras y la convivencia. La ausencia de datos definitivos sobre cuántas personas permanecen en la ciudad también ha contribuido a aumentar la incertidumbre.
Una reunión dentro de la Delegación del Gobierno
Mientras la marcha se concentraba ante la Delegación, en el interior del edificio se celebraba una reunión del Comité de Situación encargado de coordinar la respuesta institucional a la crisis.
El encuentro estuvo presidido por el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres. Participaron también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno y representantes de los ministerios implicados.
La Policía Nacional reforzó la vigilancia de los accesos al edificio para impedir que los manifestantes se aproximaran a las entradas. La protesta se mantuvo durante el desarrollo de la reunión, con consignas dirigidas principalmente contra la actuación del Gobierno central.
Horas después, Torres anunció que los polideportivos serán retirados de la lista de instalaciones susceptibles de utilizarse como centros temporales de acogida.
El ministro explicó que el listado tenía carácter flexible y podía modificarse para reducir el impacto sobre la vida cotidiana de los residentes. Defendió, sin embargo, la necesidad de disponer de espacios donde identificar a los migrantes, examinar su situación administrativa y agilizar los traslados o retornos de acuerdo con la legislación.
El Gobierno rectifica sobre los polideportivos
La retirada de las instalaciones deportivas se produjo después de que Juan Jesús Vivas manifestara públicamente su oposición a esa posibilidad. El presidente ceutí había pedido la modificación del decreto y aseguró que emplearía los medios disponibles para impedir que los polideportivos fueran utilizados con ese fin.
El Gobierno local remitió al mando único una propuesta alternativa de instalaciones con una capacidad estimada de aproximadamente 11.300 plazas para adultos y menores. El listado incluía otros emplazamientos con los que se pretende ampliar los recursos disponibles sin recurrir de manera generalizada a los espacios deportivos.
La rectificación elimina uno de los principales motivos de la protesta, pero no resuelve las demás cuestiones planteadas por los vecinos. El Ejecutivo deberá concretar ahora qué instalaciones alternativas serán utilizadas, durante cuánto tiempo y con qué garantías para las personas alojadas y para la población residente.
Incidentes posteriores en la playa del Trampolín
Después de la movilización principal, un grupo de varias decenas de personas se separó de la marcha y se dirigió hacia la playa del Trampolín, donde numerosos migrantes continúan durmiendo.
Según las informaciones publicadas por la prensa española, el grupo intentó desalojar a los migrantes por su cuenta. Las unidades policiales intervinieron para impedir un enfrentamiento directo entre ambos grupos.
Estos hechos deben diferenciarse de la manifestación principal y no atribuirse automáticamente al conjunto de sus más de 2.000 participantes. La mayor parte de la movilización estuvo dirigida contra la gestión del Gobierno y el posible uso de instalaciones públicas como centros de acogida.
Los incidentes muestran, sin embargo, el aumento de la tensión social después de varias semanas de crisis. La concentración de personas en playas y espacios públicos, la circulación de informaciones no verificadas y la percepción de una respuesta institucional lenta han creado un ambiente de creciente desconfianza.
Las administraciones afrontan ahora una tarea especialmente compleja: responder a las inquietudes de los residentes, garantizar la seguridad y los derechos de los migrantes y recuperar el funcionamiento normal de los servicios y espacios públicos.
La gestión de la crisis exigirá acelerar los procedimientos administrativos, reforzar la coordinación entre el Gobierno central y las autoridades ceutíes y ofrecer información verificable sobre las medidas adoptadas. También será necesario distinguir entre las protestas pacíficas, las reivindicaciones ciudadanas y los comportamientos violentos protagonizados por grupos concretos. Solo esa diferenciación permitirá informar y actuar sin convertir una situación excepcional en un enfrentamiento entre comunidades.
