Acción Contra el Odio (ACO) presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Santiago Abascal, líder de Vox, acusándolo de un delito de odio por vincular inmigración y delincuencia en su discurso político.
La organización sostiene que no se trata de un simple exceso retórico, sino de una estrategia planificada para generar miedo y rechazo hacia los migrantes. La denuncia recoge declaraciones como “la inmigración masiva destruye nuestra sociedad y economía” o “los trabajadores españoles mantienen con sus impuestos a los violadores de sus hijas”. Frases duras y directas que, según ACO, fomentan la discriminación y la hostilidad contra extranjeros pobres y racializados.
Para ACO, estos mensajes no son meras opiniones amparadas por la libertad de expresión, sino incitación al odio con efectos reales: insultos, agresiones y un clima social hostil hacia la población migrante. “La política del odio no queda en redes sociales; se traduce en miedo y violencia cotidiana”, señala el documento.
Vox, por su parte, ha normalizado términos como “reemigración”, “invasión” y “sustitución demográfica”. Conceptos que, según analistas, crean un imaginario de amenaza y justifican políticas restrictivas y expulsiones. El partido busca además reformar la ley de delitos de odio para limitarla solo a casos de incitación directa a la violencia física, excluyendo la humillación y la creación de un clima discriminatorio. El proyecto está ya en debate parlamentario.
La denuncia llega en un momento clave: Vox crece en las encuestas y extiende su discurso más allá de su núcleo duro de votantes. ACO advierte que este tipo de retórica tiene consecuencias directas en la vida diaria de miles de personas. “Detrás de cada frase de odio hay personas reales, con hijos que preguntan si mañana los expulsarán, con familias que llegaron buscando dignidad y encuentran desprecio”, afirma su comunicado.
Desde el entorno de Abascal no se ha emitido respuesta oficial a la denuncia. Sin embargo, fuentes de Vox han reiterado que sus declaraciones sobre migración son parte de su “lucha contra la inseguridad y por la soberanía nacional”.
La Fiscalía del Supremo estudiará ahora si abre diligencias por delito de odio. Mientras tanto, la denuncia de ACO reaviva el debate sobre los límites entre libertad de expresión y discurso discriminatorio en la política española, en un contexto europeo donde la retórica antiinmigración gana terreno.
