El Gobierno ha activado un mando único para coordinar la respuesta a la crisis de Ceuta y ha situado al ministro Ángel Víctor Torres al frente de una estructura en la que participan 11 ministerios, el CNI, el Departamento de Seguridad Nacional y las administraciones sobre el terreno. El Ejecutivo quiere acelerar devoluciones y repatriaciones dentro de la legalidad y concentrar una gestión que permanecía distribuida entre numerosos departamentos.
El Gobierno ha concretado este martes la nueva estructura con la que pretende afrontar la siguiente fase de la crisis de Ceuta. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ejercerá la coordinación de un dispositivo que integra a 11 ministerios, la Delegación del Gobierno, la ciudad autónoma, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión formaliza el mando único reclamado desde principios de agosto por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, después de casi un mes de gestión distribuida entre diferentes departamentos.
El objetivo prioritario será acelerar la salida de quienes no tengan derecho a permanecer en España. El Gobierno habla expresamente de coordinar la «devolución y repatriación» del mayor número posible de adultos y menores, aunque insiste en que los procedimientos deberán respetar la legislación y los derechos humanos. El nuevo dispositivo no crea mecanismos extraordinarios de expulsión ni elimina las garantías existentes. Su propósito es concentrar la coordinación política y administrativa para reducir los tiempos de una gestión que continúa condicionando la recuperación de Ceuta.
Once ministerios bajo una misma coordinación
Torres asume una función de coordinación, no las competencias de los departamentos implicados. Interior seguirá ocupándose de extranjería, seguridad y fronteras; Exteriores, de la interlocución con Marruecos y otros países; Inclusión, de los mecanismos de acogida; y Juventud e Infancia, de las cuestiones relacionadas con menores. Defensa, Sanidad y el resto de los ministerios mantienen igualmente sus responsabilidades. La nueva estructura pretende proporcionar una dirección común allí donde las decisiones de unos departamentos dependen directamente de las actuaciones de otros.
El dispositivo incorpora también al CNI y al Departamento de Seguridad Nacional. Su presencia responde a la dimensión exterior y de seguridad adquirida por la crisis y a la necesidad de mejorar el intercambio de información. El Consejo de Ministros ha concretado el nuevo modelo después de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez. El Ejecutivo defiende que Ceuta ha entrado en una fase diferente y sostiene que la coordinación centralizada permitirá agilizar actuaciones que hasta ahora avanzaban desde estructuras administrativas distintas.
Los retornos pasan al centro de la respuesta
La prioridad declarada introduce un cambio respecto a las primeras semanas, cuando la atención estuvo concentrada en contener la entrada, proporcionar alojamiento y atender las necesidades inmediatas. Ahora una parte fundamental del trabajo consiste en determinar la situación de quienes permanecen en la ciudad. Para ejecutar un retorno resulta necesario establecer identidad y nacionalidad, comprobar que no existe derecho a protección internacional y conseguir la cooperación del país que debe recibir a esa persona.
Esos procedimientos explican por qué un mando único puede acelerar la gestión, pero también por qué no existe una solución inmediata. El CNI puede aportar información y contribuir a la cooperación con terceros países, pero no decide expulsiones. Las resoluciones corresponden a las autoridades competentes y deben respetar las garantías administrativas y judiciales. La falta de documentación y las dificultades para acreditar la nacionalidad constituyen además obstáculos para numerosos expedientes, especialmente cuando los países de origen deben intervenir para verificar identidades y facilitar documentación.
Los menores mantienen garantías específicas
La referencia gubernamental a la repatriación de menores requiere una precisión adicional. Su situación no puede equipararse a la de los adultos que carezcan de autorización para permanecer en España. Cualquier retorno debe realizarse de forma individualizada, atendiendo al interés superior del menor y comprobando previamente sus circunstancias familiares y las condiciones en las que sería recibido. Marruecos ha manifestado su disposición a recuperar a los menores marroquíes, pero esa voluntad no permite ejecutar una devolución colectiva.
La presión sobre Ceuta continúa mientras se desarrollan esos procedimientos. La ciudad ha tenido que asumir la atención de un número excepcional de niños y adolescentes desde el comienzo de la crisis y el Gobierno trabaja también en mecanismos de traslado hacia otras comunidades autónomas. Esa vía ha encontrado la oposición de varios ejecutivos autonómicos gobernados por PP y Vox. El nuevo mando tendrá que compatibilizar tres objetivos diferentes: aliviar la situación de Ceuta, favorecer las reagrupaciones que resulten legalmente posibles y garantizar la protección de los menores mientras se determina su futuro.
Una coordinación reclamada desde el inicio
La creación del mando único tiene también una dimensión política. Vivas reclamó una estructura centralizada desde principios de agosto, cuando empezaron a hacerse visibles las dificultades para gestionar simultáneamente alojamiento, seguridad, sanidad, menores, retornos y recuperación económica. El Gobierno optó inicialmente por mantener el reparto ordinario de competencias y celebrar reuniones de coordinación entre los departamentos afectados. Ahora adopta una fórmula que responde en buena medida a aquella petición.
Moncloa sostiene que la evolución de la crisis justifica el cambio. La emergencia de los primeros días ha dado paso a una fase administrativa y política diferente, marcada por la resolución de expedientes y la reducción progresiva de la presión sobre la ciudad. La explicación no elimina, sin embargo, la pregunta sobre las semanas anteriores. Si una dirección centralizada permite resolver con mayor rapidez problemas que afectan simultáneamente a numerosas administraciones, habrá que determinar hasta qué punto su ausencia condicionó también la respuesta durante la primera fase.
Torres deberá además coordinar intereses y competencias que no siempre coinciden. Ceuta reclama soluciones rápidas para reducir la presión sobre sus servicios, mientras los ministerios deben aplicar procedimientos sujetos a garantías legales y, en determinados casos, negociar con terceros países. El mando único puede ordenar esa actuación, establecer prioridades y reducir duplicidades. No puede convertir en automáticas decisiones que dependen de la situación individual de cada persona ni resolver mediante coordinación política problemas que requieren cooperación diplomática.
El nuevo dispositivo será evaluado por sus resultados. El Gobierno deberá reducir los expedientes pendientes, mejorar las condiciones de quienes continúan en Ceuta, facilitar los retornos legalmente posibles y aliviar la presión sobre los servicios de la ciudad. Casi un mes después de la avalancha, la concentración de la coordinación en Torres proporciona finalmente una estructura común para hacerlo. Su eficacia dependerá ahora de que ese mando único consiga transformar una dirección política centralizada en decisiones más rápidas sin rebajar las garantías que deben acompañarlas.
