El Centro Nacional de Inteligencia se incorpora al dispositivo que apoyará el mando único encabezado por Ángel Víctor Torres. El Gobierno pretende mejorar la coordinación y obtener información para gestionar retornos y expedientes pendientes. El nuevo papel del CNI llega mientras continúa sin resolverse una cuestión anterior: qué conocían los servicios españoles antes de la avalancha del 30 de julio y cómo circuló esa información dentro del Estado.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adquiere un papel más visible en la nueva estructura creada por el Gobierno para gestionar la crisis de Ceuta. El organismo formará parte del dispositivo de apoyo al mando único que encabezará el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al Departamento de Seguridad Nacional y los ministerios implicados. La decisión llega cuando permanecen en la ciudad miles de personas cuyos expedientes requieren identificación y tramitación individual antes de determinar su situación jurídica.
La incorporación del CNI tiene dos dimensiones diferentes que conviene separar. Una mira hacia adelante y responde a la necesidad de disponer de información y cooperación con terceros países para afrontar una crisis que desbordó las estructuras ordinarias. La otra conduce al 30 de julio y a una pregunta que todavía no tiene una respuesta pública completa: qué conocían los servicios de inteligencia y seguridad españoles sobre los movimientos que precedieron a la avalancha y qué hicieron las autoridades con esa información.
La alerta previa sigue sin aclararse
La cuestión ha generado versiones diferentes dentro de la propia Administración. Según publica El Periódico, fuentes de Interior sostienen que existió un informe que advertía de una llegada masiva de la magnitud que finalmente se produjo. El ministro Fernando Grande-Marlaska mantiene esa posición y deberá desarrollarla durante su comparecencia parlamentaria. Fuentes de Defensa consultadas por el mismo periódico defienden, por el contrario, que el CNI «cumplió en tiempo oportuno» y que proporcionó la información de la que disponía.
Las dos afirmaciones no permiten todavía reconstruir qué ocurrió. Saber que existían movimientos o convocatorias no equivale a conocer con precisión cuándo se produciría una entrada masiva ni sus dimensiones. Tampoco basta con establecer que una información fue elaborada. Resulta necesario conocer a quién llegó, con qué grado de fiabilidad, cómo fue evaluada y qué decisiones provocó. La comparecencia de Margarita Robles abre este martes la oportunidad de precisar al menos la actuación de Defensa y el papel desempeñado por el CNI.
El CNI entra en la nueva coordinación
La nueva función del Centro debe situarse en sus competencias. El CNI obtiene y analiza información destinada a prevenir riesgos y amenazas que puedan afectar a la seguridad y los intereses de España. No dirige la política migratoria, no resuelve expedientes de extranjería y tampoco decide quién puede ser expulsado. Su incorporación al dispositivo de Ceuta puede aportar inteligencia y facilitar la interlocución necesaria para que los organismos competentes adopten decisiones con información suficiente.
El Gobierno pretende utilizar esa capacidad en una fase marcada por la gestión de las personas que todavía permanecen en la ciudad. El Periódico informa de que el Ejecutivo quiere acelerar los expedientes para determinar quién puede permanecer en España y quién debe ser retornado, siempre mediante procedimientos individualizados. Las dificultades aumentan cuando no existe documentación fiable sobre identidad o nacionalidad. La colaboración con los países de origen resulta entonces necesaria para acreditar la filiación y obtener la documentación imprescindible para ejecutar un eventual retorno.
Marruecos, una cuestión inevitable
La dimensión exterior adquiere especial importancia en Ceuta. La frontera depende de la actuación de España y Marruecos, y los acontecimientos del 30 de julio dejaron preguntas sobre el funcionamiento de esa cooperación. En las semanas posteriores, Rabat reforzó el control en su territorio y permitió el regreso de personas que habían entrado en Ceuta. Sigue pendiente, sin embargo, una explicación suficientemente detallada sobre qué ocurrió durante las horas en las que decenas de miles de personas pudieron aproximarse a la frontera.
Algunos medios españoles que aseguran haber tenido acceso a análisis de los servicios de inteligencia han publicado que las autoridades marroquíes no frenaron inicialmente esos movimientos. Interior ha destacado, al mismo tiempo, la colaboración posterior de Rabat. La información disponible no permite convertir la primera afirmación en una conclusión oficial ni establecer que Marruecos organizara la avalancha. Sí justifica preguntar qué información manejaba España sobre la actuación marroquí y cómo evolucionó la cooperación bilateral durante las horas y días posteriores.
Inteligencia no significa repatriación automática
El nuevo papel del CNI tampoco elimina los límites jurídicos que condicionan los retornos. Cada persona debe encontrarse en una situación que permita legalmente su expulsión, y los procedimientos cambian cuando existen solicitudes de protección internacional, menores o circunstancias que impiden el regreso. La falta de documentación puede retrasar además la identificación. El trabajo de inteligencia puede contribuir a obtener información o mejorar la cooperación con los países afectados, pero no sustituye las garantías administrativas y judiciales.
El caso de los menores muestra especialmente esos límites. El Ministerio de Juventud e Infancia ha recordado que la legislación española no permite tratarlos como adultos sujetos a una devolución ordinaria. La eventual reagrupación familiar exige comprobar previamente las circunstancias de cada menor y garantizar su interés superior. El Gobierno trabaja paralelamente en fórmulas para trasladar a parte de quienes permanecen en Ceuta a otras comunidades autónomas, una medida que ha encontrado la oposición de gobiernos del PP y Vox.
La participación del CNI en el nuevo dispositivo tiene, por tanto, un alcance más amplio que el sugerido por la idea de utilizar los servicios secretos para «agilizar repatriaciones». El Centro puede aportar información sobre movimientos migratorios, cooperación exterior y riesgos para la seguridad, además de contribuir al conocimiento necesario para determinadas identificaciones. Las decisiones sobre extranjería seguirán correspondiendo a las autoridades competentes y estarán sometidas a las obligaciones legales que España debe respetar.
La incorporación del CNI devuelve finalmente la atención al comienzo de la crisis. El Gobierno pretende apoyarse ahora en la inteligencia para gestionar algunas de sus consecuencias mientras el Congreso empieza a preguntar por la información disponible antes de que se produjeran. Ambas dimensiones están relacionadas, pero no son iguales. El Centro puede adquirir mayor protagonismo en la salida de la emergencia. Antes, las comparecencias parlamentarias deberán contribuir a aclarar qué sabía el Estado, cuándo lo supo y por qué ese conocimiento no evitó el desbordamiento del 30 de julio.
