Washington impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, alto funcionario de la Fiscalía, en una nueva escalada de su confrontación con el tribunal de La Haya.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la CPI de extralimitarse al investigar o procesar a responsables de países que no reconocen su jurisdicción, especialmente Estados Unidos e Israel.
Las sanciones congelan los posibles activos de Akane y Seye bajo jurisdicción estadounidense y, en la práctica, restringen severamente su acceso al sistema financiero internacional.
La CPI condenó la decisión y la calificó de ataque contra su independencia. Advirtió que sancionar a magistrados y fiscales por ejercer sus funciones amenaza no solamente al tribunal, sino también al orden jurídico internacional.
La medida está relacionada, entre otros expedientes, con las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en Gaza y con la orden de detención emitida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Washington e Israel no forman parte del Estatuto de Roma, pero la CPI sostiene que puede actuar cuando los presuntos delitos se cometen en el territorio de un Estado que sí reconoce su competencia, como Palestina.
Estados Unidos convierte así una controversia jurídica sobre los límites de la jurisdicción internacional en una confrontación política y financiera directa con el tribunal. La cuestión de fondo es incómoda: ¿puede existir una justicia penal internacional efectiva si las grandes potencias aceptan su autoridad únicamente cuando juzga a sus adversarios?
