Tres semanas después de la entrada masiva, el Ejecutivo intenta gestionar en paralelo la tramitación acelerada de expulsiones y la habilitación de espacios de acogida dignos para los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. Las instalaciones prometidas siguen sin estar operativas, los voluntarios que han suplido el vacío institucional advierten de que su paciencia se ha agotado y la presión política multiplica los frentes abiertos.
La estrategia del Ejecutivo en Ceuta descansa sobre dos patas que, a primera vista, parecen contradictorias. Por un lado, acelerar al máximo el retorno de quienes carecen de derecho a protección internacional: la Policía Nacional ha recomendado desestimar «la inmensa mayoría» de las más de 500 primeras solicitudes de asilo tramitadas, cuya causa principal son las circunstancias económicas de los solicitantes. Por otro, garantizar una acogida digna mientras esos expedientes se resuelven, obligación jurídica que el Gobierno no puede ignorar sin abrir flancos legales que la experiencia reciente ha demostrado ser peligrosos.
El problema es que ni uno ni otro frente avanza con la velocidad que la situación exige. Interior confirma que el proceso puede prolongarse «una media de un año» desde el rechazo de la solicitud de asilo hasta que la expulsión sea firme y ejecutable. Las instalaciones prometidas por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, con capacidad inicial para 1.500 personas y posibilidad de llegar a las 4.000 camas, siguen sin habilitarse. Mientras tanto, miles de personas continúan a la intemperie en condiciones que los propios epidemiólogos califican de riesgo sanitario evidente.
Las cifras sobre el terreno
De los más de 80.000 migrantes que cruzaron la frontera los días 30 y 31 de julio, la gran mayoría regresó a Marruecos en cuestión de horas. El Ministerio del Interior cifra en unos 5.000 los que permanecen en la ciudad autónoma. El Gobierno local eleva esa estimación hasta los 9.000. La brecha entre ambas cifras revela la magnitud del descontrol administrativo durante los primeros días del desbordamiento. La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores de edad, aunque el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, advierte de que la cifra real es «mucho, mucho más elevada».
La situación de las niñas y adolescentes no acompañadas es especialmente grave. Decenas de ellas permanecen en el polideportivo del barrio del Príncipe, custodiado voluntariamente por vecinas durante más de una semana ante la ausencia de respuesta institucional. «Los voluntarios no vamos a cuidar a nadie más», advirtió Hafida Mustafa, una de las impulsoras de ese refugio improvisado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertado de que la crisis ha afectado «de manera extraordinaria» al servicio público de justicia y reclama magistrados adicionales, sobre todo para tramitar el creciente número de denuncias por presuntas agresiones sexuales.
El PP convierte la gestión en crisis de Estado
El Partido Popular (PP) no ha perdido un momento en convertir la emergencia en una ofensiva política de largo alcance. Desde los primeros días, la dirección del partido coordinó un discurso orientado a imputar al Ejecutivo una vulneración de la integridad territorial y a exigir un giro estructural en la política fronteriza con Marruecos. «No va a haber asilo para ellos», sentenció la vicesecretaria general del PP Cuca Gamarra desde la propia ciudad autónoma, reclamando la devolución inmediata de todos los migrantes llegados de forma irregular, sin distinguir entre adultos y menores.
La condena de 2021 debería servir de freno. La exdelegada del Gobierno en Ceuta fue inhabilitada durante nueve años precisamente por haber actuado de forma precipitada en devoluciones que vulneraban garantías procesales. La legislación española e internacional exige una evaluación individualizada antes de cualquier retorno y protege de manera específica a quienes llegan solos y sin familia. La demanda popular de activar la Ley de Seguridad Nacional y crear un «mando único» añade un catálogo de exigencias que el Ejecutivo descarta por desproporcionadas e inviables.
Presión judicial e institucional
El CGPJ no es el único organismo que alerta del desbordamiento. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama 200 agentes permanentes adicionales en Ceuta, más equipamiento y la ampliación de los espigones del Tarajal para reforzar el perímetro marítimo. Los sindicatos policiales describen una «sensación de inseguridad» que está «provocando el confinamiento de muchas familias» y alertan de al menos diez casos por presuntas agresiones sexuales. La Moncloa señala que los refuerzos judiciales fueron ofrecidos al CGPJ hace semanas y que el órgano de gobierno de los jueces todavía no ha formulado la solicitud formal.
Sánchez y sus ministros regresan de vacaciones el día 25, cuando la crisis de Ceuta presidirá la agenda del primer Consejo de Ministros del nuevo curso político. Siete miembros del Ejecutivo comparecerán en comisiones del Congreso entre esa fecha y el 31 de agosto, en una maniobra que el Gobierno presenta como rendición de cuentas y el PP lee como evasión del Senado, donde dispone de mayoría absoluta para forzar comparecencias incómodas. La ciudad autónoma, mientras tanto, sigue esperando que las promesas de camas, duchas y certidumbre se materialicen en algo más que anuncios.
