La Comisión Europea ha respaldado el retorno de todos los migrantes irregulares de Ceuta, incluyendo a los niños llegados solos. Pero lo que el portavoz comunitario enfatizó en su comparecencia ante la prensa no es lo mismo que dice la directiva que invocó: la normativa vigente impone condiciones exigentes que la euforia política de las deportaciones masivas pasa sistemáticamente por alto. La ONU y el CEAR han salido al paso con una corrección pública.
La Comisión Europea ha dejado claro que respalda el retorno de todos los migrantes que cruzaron la valla de Ceuta en julio, incluidos quienes llegaron sin familia. «Todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», sentenció el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución en Bruselas. Preguntado expresamente por los niños y adolescentes solos, Lammert no dejó margen a la ambigüedad: «Hay un artículo específico de la directiva sobre esto», remarcó, en referencia a la normativa de retornos aprobada en 2008.
Lo que Bruselas enfatizó —el aval político a las deportaciones— y lo que Bruselas silenció son cosas distintas. La directiva de 2008 es, como el propio portavoz concedió, «bastante garantista», y su aplicación no es automática. Para que un menor no acompañado pueda ser expulsado del territorio europeo, los Estados miembros deben cumplir una batería de condiciones exigentes que Lammert mencionó de pasada y que el Gobierno español conoce bien: desde la evaluación individualizada del interés superior del niño hasta la garantía de que será entregado a su familia, a un tutor designado o a un centro de acogida adecuado en el país de retorno.
Lo que exige realmente la directiva
La disposición de 2008, base legal que Bruselas invoca para avalar las devoluciones, establece que antes de dictar cualquier decisión de retorno respecto de un menor se deberá conceder asistencia de los servicios pertinentes atendiendo a su interés superior. Además, el Estado que expulse a un niño tendrá que garantizar que este será entregado a un familiar, a un tutor designado o a un centro de acogida adecuado en el Estado de destino. La directiva también limita el internamiento de niños no acompañados y exige que sus condiciones sean «adecuadas», según el propio texto de la norma.
Este marco legal vigente en la Unión Europea (UE) será a corto plazo reemplazado por el nuevo reglamento de retornos aprobado en junio por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. El texto, más duro, busca mayor efectividad en las órdenes de repatriación e incluye la posibilidad de crear centros de detención en terceros países —similares a los que Italia ha construido en Albania— y de prolongar la retención de personas con órdenes de expulsión hasta casi un año. Los menores no acompañados quedan excluidos de esos centros exteriores, pero el reglamento todavía no está en vigor: pende de trámites burocráticos y de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
ONU y CEAR responden
La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Paula Barrachina, respondió a las declaraciones del portavoz comunitario con una advertencia inequívoca. Cualquier decisión sobre el futuro de un menor no acompañado debe partir de su interés superior como consideración primordial y de una evaluación individual de sus circunstancias, subrayó. Barrachina insistió en que «ninguna persona sea retornada a un lugar donde pueda estar expuesta a la persecución» y exigió que se garantice a todos estos niños el acceso efectivo a información y a los procedimientos de protección internacional.
En la misma línea, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, calificó las declaraciones de Lammert de «un lamentable error». Valiente recordó que en España los menores extranjeros no acompañados cuentan con un régimen de protección jurídica reforzado basado en el interés superior del menor, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Hablar de devoluciones automáticas, advirtió, solo alimenta «posiciones xenófobas más irracionales», justo lo contrario de lo que debería promover la Unión Europea.
El nuevo reglamento y los votos de la ultraderecha
La sustitución inminente de la directiva de 2008 por el nuevo reglamento no elimina los riesgos para los menores, sino que complejiza el panorama. El texto recién aprobado fue posible gracias al voto favorable del centroderecha y la ultraderecha en el Parlamento Europeo: sin esas alianzas parlamentarias, el endurecimiento del régimen de retornos no habría prosperado. El reglamento introduce, entre otras novedades, la figura de las detenciones en terceros países y amplía los supuestos de retención para personas sin resolución firme de asilo, aunque los niños no acompañados quedan al margen de los centros exteriores y las detenciones solo son aplicables «con carácter de último recurso».
Lo que esta crisis evidencia, sobre todo, es la brecha entre el discurso político de la Comisión Europea y el marco jurídico que sus propias normas establecen. Bruselas puede declarar que espera que todos los migrantes irregulares sean retornados, y esa declaración es compatible con la legalidad vigente únicamente si cada caso es evaluado de forma individual, cada menor es entregado a alguien que pueda garantizar su bienestar y nadie es enviado a un lugar donde su seguridad corra peligro. Reducirlo a un aval sin matices a las deportaciones masivas es, como ha señalado el CEAR, un error que la ultraderecha ya ha empezado a utilizar como coartada.
